La inclusión del mandatario colombiano en la lista de la OFAC no fue una decisión repentina. Según especialistas, el proceso de investigación tomó varios meses y responde a criterios técnicos, no políticos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro Armando Benedetti en la lista de sancionados por narcotráfico. La medida, publicada el 24 de octubre, implica el bloqueo de bienes, la congelación de cuentas y la restricción de acceso a sistemas financieros vinculados con EE. UU.
De acuerdo con el analista Javier Oliver Cuéllar, “la inclusión en la OFAC no ocurre de un día para otro; puede tardar entre seis meses y tres años de investigación”. En esta fase se revisan movimientos financieros, vínculos con personas sancionadas y transferencias internacionales.
Expertos confirman que el proceso descrito por Oliver Cuéllar coincide con los protocolos de la OFAC, los cuales exigen pruebas verificables antes de emitir una sanción. La decisión, subrayan, no responde a posturas políticas ni a opiniones sobre conflictos internacionales, sino a indicios de participación en actividades ilícitas.
Mientras tanto, Asobancaria anunció que los bancos colombianos aplicarán las restricciones conforme a los acuerdos internacionales de prevención del lavado y financiamiento ilegal, recalcando que se trata de un procedimiento técnico y regulatorio.
La situación abre un nuevo capítulo en la relación entre Bogotá y Washington, y deja abiertas varias preguntas sobre el futuro político y judicial del presidente colombiano.
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