El pecado original de las altas tarifas en servicios públicos

Culmina 2021 con avances en la organización y defensa de los usuarios de servicios públicos domiciliarios en la Costa Atlántica, augurando mayores conquistas

Por: Norman Alarcón Rodas
diciembre 30, 2021
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El pecado original de las altas tarifas en servicios públicos
Foto: Pixabay

Se podría decir que la Ley 142 de 1994 partió en dos la naturaleza y prestación de los servicios públicos domiciliarios, atendiendo al artículo 365 de la Constitución, porque la norma le da inicio a la privatización.

Antes de ella, los servicios públicos domiciliarios eran de naturaleza pública, y ya hoy, en la tercera década del siglo XXI, se cuentan con los dedos las empresas de carácter público en el sector y las pocas que quedan están siendo sometidas al proceso de enajenación.

Es el caso de EMDUPAR, de Valledupar, único acueducto de naturaleza pública de la Región Caribe, que sufre el embate privatizador, pero con una resistencia civil en ascenso de la Liga de Usuarios y otras organizaciones.

El pecado original de las alzas en los servicios públicos se origina en los principios rectores del régimen tarifario, estampados en el artículo 87, llamado “Criterios para definir el régimen tarifario”, en el que sobresalen los criterios de eficiencia económica, según la cual “las tarifas deben reflejar siempre el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por este” y suficiencia financiera, definida como “la recuperación de los costos y gastos propios de la operación (…) que permitan remunerar el patrimonio de los accionistas”.

El principio rector es el del ánimo de lucro, la ganancia, la tasa de retorno del capital invertido. Y más claro aún, en el numeral 7 del mismo artículo establece que “si llegare a existir contradicción entre el criterio de la eficiencia económica y el de su suficiencia financiera “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera”.

Más claro para dónde. El criterio definitivo es el de la rentabilidad, el de la máxima ganancia, así sea con menoscabo de la buena calidad del servicio público.

En la vida real, lo anterior suele agravarse hasta límites insospechados, como se hace evidente con las empresas AIR-E y AFINIA-EPM, que prestan el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Atlántica.

El 20 de marzo de 2020 la Superservicio vendió los activos de Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira al Consorcio de Energía de la Costa, hoy llamada AIR-E, por un valor de $285.000 millones de pesos, como lo reportó el portal www.valoraanalitk.com y luego lo admitió Henry Valdés, alto directivo de esa empresa, reunido con gremios económicos en Barranquilla.

Pero luego la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en la Resolución 078 de 2021, estipuló que esos mismos activos valen $2,44 billones de pesos. Solo pagaron el 11% de su valor, y los últimos aumentos tarifarios, del orden del 70% en un año, tienen como base los valores de la CREG. Con razón hay protestas en la Región Caribe contra estas tarifas que les quitan el pan de la boca a millones de usuarios.

Igual sucede con la empresa AFINIA-EPM en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar que, según el Colegio de Abogados de Cartagena, compró los activos de Electricaribe en los cuatro departamentos por $320.000 millones de pesos, pero la CREG, en su Resolución 079, los avaluó en 3,4 billones de pesos.

Plena razón le asiste a la Coordinadora Departamental para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos del Atlántico al realizar una masiva protesta contra los atropellos de AIR-E el martes 14 de diciembre en Barranquilla.

La Coordinadora presentó un pliego de peticiones exigiéndole a AIR-E revertir los exorbitantes aumentos de la tarifa eléctrica, el no cobro de las deudas viejas de Electricaribe, la no implementación de los muy costosos medidores AMI llamados inteligentes por no estar vigente la norma respectiva y la socialización con la comunidad de las obras que se adelantan.

Al final se acordó que el 23 de diciembre se instalaba la mesa de negociación, con la presencia de los firmantes del pliego petitorio, y que el 11 de enero de 2022 se iniciarán las negociaciones entre las partes.

Culmina el año 2021 con avances en la organización y la lucha en defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en la Costa Atlántica, augurando mayores movilizaciones y conquistas en el nuevo año 2022.

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