El papel de la izquierda en el gobierno Petro

Teniendo en cuenta la falta de recursos que dejó el gobierno Duque, las relaciones de poder en el Congreso y las promesas de campaña de Petro, vale la pena responder

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
agosto 03, 2022
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El papel de la izquierda en el gobierno Petro
Foto: Archivo

Las grandes expectativas de cambio despertadas por el nuevo gobierno han hecho del próximo 7 de agosto una fecha llena de simbolismos y de anhelos de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales para dar comienzo a una salida progresista de la profunda crisis nacional; una tarea inmensa que requiere el concurso activo y masivo de las mayorías populares, no solo con la fracción parlamentaria en el congreso de la república sino también con la unidad y la movilización de las masas en las calles y en las plazas de Colombia y en los demás escenarios desde donde se puede aportar para el cambio de la realidad colombiana actual.

Teniendo en cuenta la falta de recursos económicos que dejó el anterior gobierno de Uribe-Duque, las relaciones de poder en el Congreso como resultado de las elecciones del 13 de marzo, y las promesas de campaña con el programa democrático del Pacto Histórico, es pertinente la pregunta de cuál va a ser el papel de la izquierda en el nuevo gobierno.

¿Apoyar lo bueno y criticar lo malo, como dicen en el Centro Democrático con su consigna de una “oposición responsable”? ¿O denunciar las vacilaciones en el cumplimiento de las promesas de cambios  democráticos desplegadas durante la campaña electoral?

Debemos estar a la expectativa de los proyectos de reformas que se presentarán al congreso el 8 de agosto, para empezar a darle trámite al contenido de las nuevas leyes que implementarán los cambios esperados por las mayorías democráticas y populares de la nación.

Especialmente la que tiene que ver con la madre de todas las reformas, la ley tributaria que junto con el Plan Nacional de Desarrollo y el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2023 serán las llaves maestras para darle cause a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales anunciados en la campaña presidencial.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha estado conciliando a favor de los grandes capitales de ASOBANCARIA, la ANDI, FENALCO, SAC, FEDEGAN, GEA, de tal manera amarrado a los privilegios de los grandes capitalistas y terratenientes que parece que el destino incierto de las demás reformas democráticas van a quedar sin la financiación necesaria para llevar adelante un reforma agraria integral profunda, unos cambios en el sistema de salud que eliminen la intermediación financiera de las EPS, ya postergada para el año entrante con algunos ajustes para cubrir las deudas millonaria de las EPS a muchos hospitales y clínicas del país.

Ni qué decir de las promesas de la Renta Básica universal, de los bonos de 500 mil pesos mensuales para cada uno de los 3 millones de personas mayores de 65 años que no tienen pensión, de los 500 mil pesos para las mujeres cabeza de familia con hijos menores de 12 años, de los planes de ayudas para el adulto mayor y de los jóvenes en acción, del empleo para 2 millones de mujeres y hombres jóvenes que ni estudian ni trabajan, de la matricula cero para todos los estudiantes de todos los niveles de la educación pública, ni de la sustentación de los pensionados con un salario mínimo acoplado al mínimo legal mensual y a la exclusión del pago de la cuota moderadora y del pago de la cuota de salud.

De manera que el futuro de los cambios es incierto y en la realidad de los hechos el gobierno del Pacto Histórico pareciera que no va a pasar de los límites de un “neoliberalismo progresista” con algunos retoques en la fachada democrática, lo que seguramente podría llevar a la frustración de amplios sectores populares que creyeron y votaron por el Pacto Histórico, situación que podría presentar la posibilidad real de que regresen los sectores fascistas y militaristas del uribismo y del Centro Democrático al timón del Estado dentro de cuatro años, otros veinte años mientras el pueblo vuelve a despertar de nuevo a la realidad con otra nueva ilusión.

Es esta posibilidad real la que podría encarnar el fracaso del gobierno Petro y en general de la izquierda y de los sectores democráticos y progresistas, a tal punto que tienen que pellizcarse en construir la unidad y la movilización de masas con el fin de sustentar el proyecto político democrático del Pacto Histórico.

Bien lo recalcó Petro en la campaña electoral de que había que elegir un congreso de mayorías progresistas con lista del Pacto, y el senador Gustavo Bolívar propuso la necesidad de elegir a 55 senadores para poder tramitar las leyes del Proyecto Político, pero la gente que votó por la lista del Pacto solo obtuvo 20 senadores, con lo cual hubo que hacer el Frente Amplio parlamentario y pactar el Acuerdo Nacional con los gremios económicos  a través del Ministro de Hacienda, para poder tener gobernabilidad y darle viabilidad a los proyectos de ley.

De modo que estamos ubicados en la realidad de la correlación de fuerzas y no tenemos otra salida que apelar a la conciencia democrática de los sectores populares abstencionistas y de los 11 millones de votos que eligieron a Petro, para poder darle el mayor contenido popular a las reformas planteadas en el Programa de Gobierno.

Otros proponen un paro nacional  si las condiciones de la crisis se profundizan, si el hambre, el desempleo, la violencia y la corrupción siguen campantes y si no queda otra salida parlamentaria de consenso y con los gremios económicos para darle cumplimento a las promesas de campaña, aduciendo que es mejor el “volcán controlado” que la explosión social, pero son tantos los intereses y los privilegios de la clase dominante que es iluso pensar en un cambio profundo desde  las instituciones gubernamentales y legislativas de la burguesía colombiana.

Se podría proponer la renegociación de la deuda pública externa (69% del PIB); los traslados presupuestales que van para la financiación de la guerra; la emisión de billetes con el control de la inflación; acentuar los impuestos a las personas naturales más ricas del país; controlar la evasión y la elución de impuestos, el contrabando, los paraísos fiscales y la corrupción, y dada la profundización de la crisis y de la correlación de fuerzas plantear si es necesario una Asamblea Nacional Constituyente de carácter democrático y popular, parecida a la realizada en Chile pero con la particularidad colombiana de tener un presidente progresista  aherrojado a la institucionalidad de la clase dominante.

A no ser que la “explosión controlada” se salga de las manos del poder dominante y las mayorías populares y democráticas, en el agotamiento de su paciencia, deriven hacia una situación insurreccional con la unidad y las banderas del Programa Mínimo Democrático del Pacto Histórico, el Acuerdo de Paz de la Habana y las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Esta posibilidad no se debe descartar, habida cuenta del agotamiento de las posibilidades legales e institucionales para los cambios democráticos; es más, los sectores democráticos y revolucionarios tienen que prepararse teórica y políticamente para asumir la dirección política de un posible proceso revolucionario en Colombia, de fracasar el proyecto político del Pacto Histórico.

El “retiro espiritual” de la bancada del Pacto Histórico en Santa Marta el 29 de Julio arrojó las siguientes tareas: el congreso para el cambio tiene como prioridad la reforma tributaria, la ley contra el hambre, el estatuto campesino, la ley de baldíos, el trámite del código electoral, las reformas al congreso y la ley de orden público; además el Presupuesto de 2023, prohibición del fracking, reforma al Sistema General de Regalías, creación del Ministerio de la igualdad y el de Paz, Seguridad y convivencia; la jurisdicción agraria, reforma a la ley 418 sobre seguridad nacional, Policía a Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia; se estudian además la reforma a la salud, la regulación de drogas, y la reforma a la Procuraduría. (El Espectador 30-7-2022)

Con este menú tan carnudo, en este espacio y en medio de esta correlación de fuerzas, es donde hace falta cuanto antes el 23 congreso del PCC, para definir la línea política frente al nuevo gobierno del Pacto Histórico, del Frente Amplio, del Acuerdo Nacional, y para puntualizar las prioridades programáticas de la lucha popular en esta etapa de la lucha democrática.

Hace falta, además, la convocatoria a una Asamblea Nacional del Pacto Histórico integrada por los parlamentarios, ministros, y las direcciones regionales del movimiento unitario, para definir la situación de la coyuntura, resolver y precisar el carácter del movimiento, su papel dentro del Frente Amplio, su bandera programática, el manejo de las alianzas, y su proyección política hacia las elecciones locales y regionales de 2022.

Para la transformación y la apertura democrática hace falta construir el sujeto político de los cambios avanzados, que ya tuvo su primera expresión en la votación de 11 millones de personas el 19 de junio de 2022, que hay que organizar y movilizar si queremos que asuma su protagonismo político para poder llegar a la implementación de las reformas democráticas.

Sin la participación popular activa y de masas, es imposible la realización de las reformas  que necesita el país, y es hacia este objetivo a donde debe apuntar la acción de los sectores progresistas y revolucionarios.

Algunos comentaristas de prensa, hablando de la nueva situación política creada con el triunfo del nuevo gobierno, no mencionan para nada la madre de todas las reformas, la ley tributaria, que es la que  va a definir la viabilidad y posibilidad de implementación de las demás reformas del Programa de Gobierno, y pareciera que con el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, según sus últimas entrevistas y reportajes, podría estar dejado entrever que el “neoliberalismo progresista” va a continuar campante, con retoques de fuerte contenido simbólico como son los nombramientos de los indígenas en la ONU, en la Unidad de Victimas, en la Unidad de Restitución de Tierras, y con la designación del afrocolombiano como el nuevo embajador  de Colombia en los Estados Unidos; además del nombramiento del ministro de Defensa que tiene un fuerte mensaje contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz completa desde las Fuerzas Armadas, incluida la reforma a la policía con el traslado de esta institución al nuevo ministerio de paz, seguridad y convivencia, y el nombramiento del nuevo Ministro de Exteriores para cuadrar las relaciones con Venezuela y procurar la integración latinoamericana en la lucha contra el cambio climático.

Vamos a ver cómo van a ser las designaciones que faltan para cubrir puestos ministeriales tan importantes como Mintic, Mininterior, Dane, Planeación Nacional, Minvivienda, Departamento Administrativo de la Presidencia, Mindeportes, y el secretario privado de la Presidencia; y cuanta “mermelada” hay que darle a los partidos tradicionales para poder asegurar la gobernabilidad.

Todos los nombramientos muestran cambios progresistas, pero, al mejor estilo “gatopardista”, sin la reforma tributaria estructural y progresiva sería imposible sostener un programa de gobierno donde todo parece cambiar para que todo siga igual; vamos a ver, cuándo el Ministro de Hacienda presente su proyecto de reforma tributaria, cuál va a ser la conducta del partido liberal y del partido conservador que se han declarado partidos de gobierno; que no vaya a pasar lo mismo que con el gobierno de Pedro Castillo en el Perú, una vez cumplido su primer año de gobierno en medio de la crisis, de la expectativa y de la incertidumbre de los sectores populares.

Por eso es fundamental definir cuál va a ser el papel de la izquierda en el gobierno de Petro y Francia Márquez, que no es otro que la lucha de masas de los sectores democráticos y progresistas en defensa de los objetivos programáticos del Pacto Histórico, como en efecto comienza  a suceder con la movilización multitudinaria el 7 de agosto en Bogotá.

 

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