“La garantía de la verdad bajo un contexto de conflicto armado es el primer paso hacia la paz”
A través de la evolución de las nuevas formas de Estado, a partir de la Revolución Francesa, ha producido un sinfín de conflictos sociales a lo largo y ancho del mundo. Colombia no se queda atrás, después de más de 200 años de historia política, jurídica y económica se deben identificar los bruscos cambios sociales que han existido para desembocar en lo que hoy se tiene, una Colombia constitucionalmente conformada por un Estado social de derecho privatizado.
La guerra fue el silogismo perfecto durante varias décadas, como mecanismo efectivo de solución de las distintas disputas sociales, la causa común y general de los conflictos armados del siglo XX y XXI han sido por enfoques netamente políticos, en donde ambos bandos creen tener el único discurso de poder efectivo en la salvaguarda de los intereses de los colombianos. Las nuevas perspectivas implantadas por el gobierno anterior estatizó el dialogo y la esperanza para dirimir sus disputas, en consecuencia de lo anterior, se creó una nueva jurisdicción en el orden jurídico colombiano (JEP), su implementación y su campo de acción en estos últimos años ha sido una inevitable batalla contra quienes piensan que la confrontación armada aún es el camino, pareciera que un amplio sector del país no honrara la enseñanza de Sócrates, al establecer que el error que comete el ser humano es el mejor método de enseñanza para construir sociedad.
No hubo tiempo para la tristeza, la realidad del conflicto en las zonas poblacionales más vulnerables del país solo se pueden identificar a profundidad si nos quitamos los anteojos de la indiferencia. Se debe destacar que las víctimas desempeñan el papel protagónico en el nuevo tipo de justicia transicional enaltecida por el Estado Colombia; sin embargo, la falta de aquiescencia de los actores del conflicto ha establecido una verdadera incertidumbre de conocer realmente hechos específicos que marcaron la época más sangrienta del país.
Sin duda alguna, el valor más representativo para una víctima, según la sentencia T-083 de 2017, por parte de la Corte Constitucional Colombiana, es la garantía de un acceso a la verdad, justicia y reparación, elementos vitales e imprescindibles que hoy no se están garantizando. La realidad actual de los casos que están siendo sometidos a la JEP no ha impulsado el esclarecimiento de la verdad de los múltiples episodios de muerte, ya que aquellos perpetradores de dolor y guerra siguen revestidos de indolencia y cinismo. Una de las falacias más retóricas de la sociedad Colombiana, es la de creer que creando tipos penales nuevos o endureciendo las penas de los delitos, se genera una conciencia y cultura de legalidad, la sanción social es sin duda la experiencia más próxima de reparación.
La desigualdad para desiguales solo ha conllevado destrucción, muerte, ilegalidad y pobreza, se debe salvaguardar la protección de los derechos de nuestras víctimas, la expresión autónoma de una víctima no puede ser limitada por orden del juez de tutela, al contrario, el juez de tutela debería entender que el poder inherente que lo reviste se fundamenta en la carta política bajo su entendido de especial protección constitucional a las personas víctimas del conflicto Colombiano. El colectivo debe empezar a soñar con que los citadinos cotidianos entiendan la importancia de la expresión de una víctima a la que se le ha desprendido y quebrantado su proyecto de vida, que el juez de tutela entienda que el artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos (garantías judiciales) no es más que la garantía de la verdad en sus distintos procesos. Que Colombia sepa que si no se sabe la verdad del conflicto armado se utilizará la forma más genérica de re-victimización en la sociedad, el olvido.
