El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) implementó el pasado 20 de abril el Sinigan V6, una nueva versión del Sistema Nacional de Identificación e Información de ganado Bovino y Bufalino. Esta plataforma fue diseñada con el objetivo de garantizar una trazabilidad completa del ganado de consumo y exportación mediante la identificación georreferenciada, la movilización y el control sanitario en el país.
Sin embargo, el proceso ha evidenciado una profunda brecha operativa: mientras el ICA afirma que la implementación avanza en un 90 %, los ganaderos calculan que no llega ni al 60 %. Desde el inicio de la migración, el sector ha reportado inconsistencias graves que paralizan sus actividades, tales como animales sin registro, predios bloqueados, errores en los inventarios y dificultades para validar usuarios o vehículos.
El cuello de botella más crítico se encuentra en las fallas para expedir las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), un documento indispensable para cualquier traslado legal de animales. Ante esta situación, los productores se quejan de que las oficinas regionales se declaran colapsadas y la sede central en Bogotá no responde, a pesar de que la entidad dispuso un centro de atención telefónica de 24 horas.
Esta parálisis logística ha golpeado fuertemente la comercialización. Durante las últimas semanas, el ingreso de reses a las subastas disminuyó entre un 30 % y un 40 %, lo que impidió su realización efectiva. También se registran incumplimientos en los compromisos de exportación de ganado en pie debido a la imposibilidad de transportar los animales a los muelles, así como la cancelación de traslados entre fincas para procesos de levante o ceba, afectando el funcionamiento de ferias ganaderas y frigoríficos.
En el departamento de Antioquia, el 60 % del ganado continúa sin poder movilizarse, una situación que los analistas estiman provocará un incremento en los precios de la carne para el consumidor final en los próximos días.
La nueva plataforma ha convertido a los transportadores en piezas clave de la trazabilidad, ya que están obligados a abrir la guía que certifica el origen y el destino legal del ganado. Actualmente, cerca de 10.000 de los 22.000 conductores registrados en el sistema anterior utilizan la aplicación. No obstante, el proceso exige portar un teléfono inteligente, contar con acceso a internet en zonas rurales y poseer conocimientos técnicos para el manejo del Sinigan V6, tres condiciones que rara vez se cumplen en su totalidad. Como medida de contingencia, el ICA habilitó un perímetro de activación ampliado que permite operar a los conductores sin necesidad de una conexión permanente o de señal GPS.
Representantes gremiales como Hernando Montes, miembro de la Mesa Ganadera de Antioquia y vocero de Asogans (Asociación Gremial de Ganaderos), señalan que la transición hacia esta versión se ejecutó sin las suficientes pruebas técnicas. Montes advierte que el 80 % de los ganaderos son pequeños productores campesinos que no dominan este tipo de tecnologías.
Adicionalmente, el diseño del sistema omitió realidades geográficas del sector, como el hecho de que muchas fincas no cuentan con un embarcadero propio y dependen históricamente de estructuras vecinas cercanas a las carreteras o ríos. Al exigir una georreferenciación estricta, el Sinigan bloquea los despachos que no se realizan desde el predio validado por la plataforma.
Por su parte, la directora del ICA, Paula Andrea Cepeda Rodríguez, defendió la medida argumentando que la fase actual corresponde a una normalización y saneamiento de datos tras décadas de irregularidades permitidas por el sistema anterior. Según la funcionaria, las fricciones actuales —como registros incompletos, errores en documentos de identidad, correos erróneos o predios sin información— no constituyen fallas de la plataforma, sino que representan "las cicatrices del desorden heredado" en el esfuerzo por construir un modelo de trazabilidad total.
Aunque la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y los productores coinciden en el valor estratégico de la trazabilidad, sostienen que la operación actual exige una revisión urgente del proceso de transición. Las trabas operativas que hoy golpean a ganaderos, transportadores y comercializadores no pueden prolongarse sin profundizar el daño al sector agropecuario y encarecer la canasta básica.
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