Es bien difícil vivir en Colombia. Las alarmantes cifras de falsos positivos, líderes sociales asesinados, feminicidios y homicidios, deberían ser suficientes para aterrar y movilizar masivamente a todos los ciudadanos. Lamentablemente no es así. Hay que decir que se escuchan algunas voces vehementes de protesta, aunque aisladas, y casi siempre las mismas.
El gobierno, por su parte, parece indolente ante semejantes circunstancias. La seguridad va mal; la economía y la propuesta de reactivación tampoco despegan; cada día son más los colombianos que se gradúan en la pobreza extrema, y la implementación del acuerdo de paz no le interesa al equipo que hoy ocupa el palacio de Nariño. Para rematar, nos anuncian otra reforma tributaria.
En ese contexto tan desolador aparece la flamante e increíble propuesta de los vallecaucanos María Fernanda Cabal, y Christian Garcés Aljure, senadora y representante a la cámara respectivamente por el centro democrático: pretenden con un proyecto de ley modificar el porte especial de armas, ¡es de no creer!
Ante nuestros ojos tenemos la realidad de lo que acontece en Estados Unidos. Un muchacho de 18 años en muchos estados norteamericanos tiene prohibido consumir una cerveza hasta tanto no adquiera la mayoría de edad a los 21, pero en cambio, puede ir a los supermercados de armas y con su identificación desde los 18, abastecerse del arma que más le guste. ¿Quién entiende esto? Cada vez con más frecuencia asistimos aterrados a ver por los medios de comunicación, -como si se tratara de una película de terror-, las matanzas colectivas en espacios públicos en el país del norte.
El señor Garcés justifica su proyecto aseverando que “hay ciudadanos honestos con temor a ser dañados por el crimen y la violencia, porque el estado carece de la capacidad para proteger la vida, la libertad y los bienes de algunos de sus ciudadanos” y su solución, entonces, es que todos se armen y se defiendan por mano propia; esta solución no solamente debilita al estado, sino que revive las mismas prácticas del paramilitarismo o las convivir.
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No resulta creíble que Cabal y Garcés hayan actuado a “espaldas del gobierno” siendo integrantes del partido de quien ostenta el poder
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Parece que la táctica del gobierno es siempre la misma: lanzar la piedra, medir la aceptación o el rechazo en la opinión pública y después fijar posturas. No resulta creíble que Cabal y Garcés hayan actuado a “espaldas del gobierno” siendo integrantes del partido de quien ostenta el poder; apenas midieron la reacción adversa frente a la propuesta, sale Rafael Guarín, consejero de seguridad nacional, a decir que no acompañarán el proyecto. ¿Entonces por qué no piden formalmente que lo retiren? Ya hemos sido testigos de que una cosa es la que dicen y otra la que hacen. No hay que descuidarse con lo que pueda ocurrir en el Congreso. La propuesta deberá surtir cuatro debates, nos descuidamos y la aprueban.
Con la presentación de este proyecto, estos dos congresistas parecen no entender que la responsabilidad de proteger la integridad de los colombianos recae exclusivamente en la fuerza pública. Está demostrado que el porte de armas no es la solución para enfrentar el crimen. En estudios internacionales como el que cita Santiago Tobón de Eafit y publicado por el Journal of Human Resources se comprueba que armar a los ciudadanos no tuvo un poder disuasivo y que por el contrario aumentó el homicidio en un 8%.
A lo que hay que apostarle es al desarme, a restringir el acceso a las armas, y entender que entre más armas se encuentren circulando -legales o ilegales- estas son sinónimo de más muertes. Si alguien está dispuesto a portar un arma es porque en algún momento está dispuesto a usarla.
Es necesario valorar la vida, solo así Colombia será un país viable.
