En los últimos días he observado cómo se está satanizando a los motociclistas y cómo los ciudadanos están cayendo en el juego que durante décadas algunos funcionarios del Estado colombiano han creado para obtener beneficios a favor de particulares, mientras los colombianos se acusan o matan unos a otros. El primer paso de estos oportunistas es legislar a favor de terceros que serán los beneficiarios de los réditos que sus sanciones y leyes generen. No legislan para el ciudadano, ni para solucionar las problemáticas que atribuyen solucionar como por ejemplo la “movilidad” o la “seguridad”. Por tanto las sanciones como las del Código de Policía o las que quieren incrementar los gastos de los propietarios de una moto no son soluciones de fondo sino más bien de forma.
Varios ciudadanos han caído en el juego de legitimar este tipo de sanciones contra los otros ciudadanos “de a pie”, mientras los que representan el Estado salen impunes de sus actos. Por otra parte, sus propuestas no solucionan a fondo las problemáticas que afectan a los conductores, más bien han transformado al motociclista en el único culpable de todos los accidentes viales en los que se encuentran involucrados. Con eso en mente, tengo dos propuestas y una aclaración que creo deben ser analizadas por los ciudadanos y puestas en la escena pública.
La agenda que se plantea para generar en la opinión pública un enemigo al que sancionar no solo se da en los pasillos de las instituciones públicas. Esa paralelamente se vende a través de los “medios de comunicación” y consiste en atribuir a un gremio o grupo la culpa casi exclusiva de un hecho (ejemplo, los motociclistas y su relación con la accidentalidad o la delincuencia) con el fin de imponer nuevas reglas que vayan cercando la cotidianidad de un grupo específico, hasta el punto de hacer casi imposible no ser infractor, debido a la delgada línea que se construye entre lo legal y lo ilegal, con el fin de lograr un número mayor de sanciones y el lucro a través de estas sanciones (ejemplo: el gran negocio de las fotomultas para privados vinculados con las alcaldías).
Es entendible que se creen sanciones punitivas y monetarias para las personas que cometen infracciones, pero ¿son la solución de fondo a los problemas de viales o de seguridad? Mi crítica y mi propuesta van al punto de que existe una herramienta que se menosprecia o en muchos casos es ausente en esta nación y que ha estado abandonada por el Estado durante décadas debido al interés de tener ciudadanos ignorantes para poderlos manipular a su acomodo. La solución es simple, ¡educación! Así de simple, es imperativo que el ciudadano exija que se implementen desde la primera infancia la educación vial de manera real y no solo como una propuesta para llenar requisitos y promulgar que el Estado “si cumple”. La formación vial debe ser profunda además de enseñar al ciudadano a ser buen peatón, ciclista, motociclista y conductor de automóvil, esa sería una herramienta para reducir en realidad la accidentalidad de todos los actores viales y por supuesto reducir la cantidad de víctimas del más afectado de los actores viales, el motociclista, en cualquier tipo de accidente que esté involucrado.
Además, parte de esa educación se debe centrar en colocar a cada actor vial en el lugar del otro. Por ejemplo, ¿no sería importante que cada actor vial conociera los puntos ciegos del otro actor vial? ¿Por qué todo se limita a que los jóvenes repitan de memoria algunas señales viales sin entender el propósito real y el uso en la práctica de estas? Es claro que muchos conductores repiten señales viales como se repiten los nombres de los elementos de la tabla periódica, de memoria, pero que carecen de sentido práctico y poco interés despiertan en las personas que las aprenden para recitarlas sin entender que una señal de transito salva vidas.
El Estado no forma actores viales consientes que entiendan y analicen cosas tan simples como que atravesarse en la mitad de una cuadra o delante de un vehículo estacionado causa accidentes, que una ciclista sin señales reflectivas en una vía rápida es prácticamente invisible en las noches para los otros conductores, que un motociclista haga “zigzag” a altas velocidades en vías no solo es una maniobra peligrosa para el piloto sino que atenta la vida de todas las personas que están cerca de la maniobra, o que el conductor de automóvil imponga a la fuerza su vehículo sobre otros es un intento de homicidio y es un desgaste innecesario que solo obstaculiza el paso de otros y reduce la velocidad de desplazamiento.
Son cosas simples, pero que muchas personas no analizan sus acciones y lo que implican. Debe haber una formación que modifique las malas prácticas viales. Por tanto, es importante que en los espacios educativos el Estado salde esa deuda que tiene con los ciudadanos del común (los que no son del común rara vez son sancionados en este país) y asuma la responsabilidad que los ciudadanos no han exigido pero que el estado tiene desde hace décadas. La formación vial debe ser un proceso que se inicie desde la infancia y termine cuando el bachillerato ya pueda entregar a la sociedad no solo una persona graduada de bachiller, sino también un peatón, ciclista, motociclista, automovilista consiente sin necesidad de colocarlos en un vehículo.
En la otra orilla, la otra gran deuda del Estado es la evaluación de conducción. Me pregunto miles de veces cómo es posible que las escuelas que “enseñan” a conducir sean las mismas evaluadoras de la aptitud del conductor. Esto se presta para varios hechos, el primero es la perdida de objetividad; una escuela que en esencia es un negocio de enseñanza no va a mostrar como resultado en la evaluación su incapacidad para enseñar correctamente cuando las evaluaciones no consideren aptos a los estudiantes. El segundo es la corrupción; el ciudadano que se considera “vivo” o más inteligente que otros por no asistir a sus clases de conducción cuenta con el aval de escuelas que a cambio de dinero entregan una evaluación positiva a estos “genios del autoengaño” que no asisten siquiera a una clase porque ¡alguien les enseñó a conducir!, desconociendo que encender un vehículo y ponerlo en marcha no es conducir y menos es saber conducir.
La obligación del Estado es tener evaluadores serios, funcionarios públicos sin teléfonos móviles en el momento de su evaluación, aleatorios, como sucede en muchos lugares del mundo. Donde el Estado no tenga un negocio para privados, en donde el mejor negocio sea evaluar correctamente conductores y no solo conductores, sino “excelentes” conductores, que eviten gastos excesivos en el precario sistema de salud colombiano, que eviten accidentes que reducen la velocidad en las precarias vías colombianas, que no se parqueen en vías principales ni aledañas a vías principales. En fin, el ahorro sería millonario para el Estado (más no para los contratistas y sus serviles políticos corruptos).
Un ahorro estatal que además seria preventivo, lo que en principio genera ahorros inmensos pues permite priorizar la inversión social a otros campos. Evaluadores que no dependan del pago de un estudiante para emitir su calificación o ¿alguna vez se ha visto que el salario del juez dependa de la persona que está siendo enjuiciada? Esto evitaría el actual conflicto de intereses y de paso reduciría la cantidad de conductores sin aptitud para conducir un vehículo. De hecho, el sistema actual se reduce simplemente a que puedes ser un torpe conductor pero si tienes el dinero con el cual pagar los gastos de seguros y otros puedes conducir, ¡por favor! ¡Qué país tan precario puede tener este tipo de raciocinios! Perdón, lo olvidaba, uno en el que la corrupción hace de la mediocridad también un negocio sin importar los costos que generan sus medidas sobre los ciudadanos.
Por último, quiero aclarar algo que me suena mucho en la cabeza y es la creencia de que los motociclistas son los culpables de todo tipo de accidentes, eso tiene que analizarse antes de emitir prejuicios y estigmatizar a los motociclistas. En este país y como lo escribí anteriormente lo que hay es ciudadanos ignorantes, lo que hace que sean malos peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, etc. Entonces los motociclistas no siempre son los malos conductores, más bien por lo general son víctimas de la imprudencia, propia y de los otros ciudadanos. Por ejemplo, cuando un peatón se atraviesa a un motociclista, puede costar la vida del motociclista, en el intento de evitar atropellar al imprudente. Y este peatón no se busca para ser sancionado, así como cuando un automóvil golpea a un motociclista es claro la peor parte la lleva el motociclista pero eso no implica que el sea el culpable.
Nota: Cuando iba a terminar esta columna me entere de la disposición en Bogotá de prohibir la circulación de “parrillero hombre” en la moto para reducir la delincuencia, ¡por favor!, ¿qué clase de personaje hace estas normas. Me acuerdo de ese precario concejal que buscaba reducir el abuso de las mujeres en el sistema de buses TrasMilenio evitando que los hombres se sentaran en el bus, es simplemente absurdo, no se cambia la formación, no se educa, no se modifican las estructuras que enseñan los malos hábitos solo se realizan restricciones estigmatizando una población como delincuente y se busca ganar dinero a costa de leyes absurdas. Eso me hace preguntar siguiendo la misma lógica absurda ¿ahora se prohibirán los pasajeros en los taxis porque se usan estos vehículos para robos, paseos millonarios y fleteos?,¿se prohibirán los hombres jóvenes en TransMilenio por que la mayoría de ladrones del sistema son hombres? Esto último no se hace porque la idea es lograr llevar pasajeros a la fuerza al sistema, a ver si en algún punto logra el equilibrio económico y por consiguiente el “urbanista” y alcalde Peñalosa puede por fin demostrar algún ejemplo de éxito del precario sistema en las grandes urbes.
