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Para Abelardo de la Espriella, la cuestión ambiental es, ante todo, un problema de orden público. En su propuesta de gobierno, ABC del milagro ambiental (45 páginas), la palabra “ilegal”, junto con sus distintas variantes (“ilegales” e “ilegalidad”), aparece en 46 ocasiones; es decir, más de una vez por página.
Según el documento, la “base del milagro ambiental” consiste en recuperar el control territorial, arrebatándoselo a las economías ilegales (p. 9). De la Espriella sostiene que las principales amenazas para el agua, la biodiversidad y las comunidades son, respectivamente, la minería ilegal, los grupos armados y las economías ilícitas. En consecuencia, la política ambiental del eventual gobierno se configura, en buena medida, como una política de seguridad nacional (p. 24).
Es claro que los gobiernos están obligados a combatir grupos al margen de la ley, fomentar procesos de formalización y velar por el cumplimiento de las normas. Sin embargo, la política ambiental no debería limitarse al cumplimiento de estos compromisos, que el recién electo presenta como sustitutos de una política ambiental integral. Supeditar la política ambiental a los desarrollos militares implica, en la práctica, aplazar indefinidamente el abordaje de los problemas estructurales de las comunidades, en especial de aquellas que viven en zonas de conflicto.
Por otro lado, la existencia de importantes problemas ambientales en territorios donde el conflicto armado tiene una incidencia limitada demuestra que la degradación ecológica no puede explicarse exclusivamente por la acción de grupos ilegales. La contaminación atmosférica en Bogotá, los riesgos de desabastecimiento de agua en Cundinamarca y los procesos erosivos que afectan al Eje Cafetero son algunos ejemplos de ello.
No es casualidad que la cuestión ambiental se plantee en términos de seguridad. Durante las últimas décadas, la influencia estadounidense ha contribuido a consolidar una cultura política en la que los principales problemas nacionales, desde las drogas hasta la conservación de los bosques, se conciben como amenazas que deben ser controladas militarmente, antes que como fenómenos complejos de naturaleza económica, social y ecológica.
Ni siquiera el gobierno de Gustavo Petro, que durante todo su mandato se presentó como progresista, se apartó de esta lógica. En agosto de 2023, durante la Cumbre Amazónica celebrada en Brasil, Petro propuso la creación de un tratado militar y judicial para cuidar la Amazonía, en concreto, una OTAN amazónica (El Espectador, agosto de 2023).
Todos los aspectos de la política de seguridad colombiana (doctrina, finanzas y estrategia) han dependido de lo que se defina desde Washington. En estas condiciones, convertir los problemas ambientales en asuntos principalmente militares se traducirá en más intervencionismo y subordinación geopolítica, que tanto Abelardo de la Espriella como Gustavo Petro aceptan, el primero, de manera entusiasta; el segundo, de forma soterrada.
Es menester construir una política ambiental soberana en la que primen los intereses nacionales y no las agendas extranjeras.
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