El "mico" que podría favorecer a Odebrecht y al consorcio Ruta del Sol II

El "mico" que podría favorecer a Odebrecht y al consorcio Ruta del Sol II

En el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 estaría la clave para que las firmas reclamen 3.6 billones de pesos adicionales a los 3.8 que piden en la demanda internacional

Por: Óscar Saúl Argüelles Díaz
agosto 29, 2018
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Foto: Thcerbedo - CC BY-SA 4.0

Un “mico” en la Ley 1882 de 2018, llamada a perfeccionar la contratación de infraestructura en el país, permitiría a Odebrecht y al consorcio Ruta del Sol II reclamar al Estado 3.6 billones de pesos adicionales a los 3.8 billones de la demanda internacional que instauraron con anterioridad.

Odebrecht y el Grupo Aval pretenden utilizar un mico con nombre propio, el artículo 20 de la Ley 1882, que convierte al Estado en garante de los préstamos de los bancos a los constructores, incluso si estos son condenados por corrupción. Hace varios días fue consultado el contralor Edgardo Maya para saber si formuló o no la demanda que anunció en contra de la Ley 1882 de 2018 y que hasta ahora no ha presentado.

Por su parte, el exministro de Transporte, Germán Cardona, se comprometió a radicar un proyecto de ley para eliminar los “orangutanes” consagrados en favor del consorcio, lo cual hizo, pero el Congreso —movido quizás por la misma mano invisible que alteró la norma— no ha dado curso al trámite respectivo.

El Tribunal de Arbitramento ante la Cámara de Comercio decidirá si los colombianos nos salvaremos o no de pagar los 3.6 billones que —“pájaros disparando a las escopetas”— reclaman Odebrecht y su socio colombiano.

Cabe decir que este ha tenido una marcha accidentada desde 2015 cuando se constituyó para atender reclamaciones de la Ruta del Sol II y de la concesión Ocaña Gamarra. Los árbitros renunciaron en 2017 cuando se hicieron públicas las denuncias por corrupción contra Odebrecht, y se constituyó uno nuevo grupo integrado por los juristas Catalina Hoyos, Mauricio González y Jorge Arango. Este último falleció el pasado mes de julio, por lo cual hay que esperar a que sea nombrado su reemplazo para conocer la decisión final, posiblemente a finales del año, que clarificará el triunfo o fracaso en Colombia de hacer leyes con nombre propio para favorecer a empresas corruptas.

Llegar a saber quién o quiénes fueron los autores del “mico” y sancionarlos sería pedir demasiado y a la luz de las actuaciones del Congreso en el caso se puede rayar en la utopía.

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