El mega contratista Juan Carlos Cáceres en la lupa de Contraloría y Fiscalía

Con complicidad de al menos 3 gobernadores se ha detectado un desfalco de por lo menos $ 55.195 millones de recursos de regalías a través de la empresa Funtics

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febrero 23, 2020
El mega contratista Juan Carlos Cáceres en la lupa de Contraloría y Fiscalía

El santandereano Juan Carlos Cáceres Bayona, a través de su empresa, Funtics, encontró una fórmula para cobrar por servicios de conexión a internet no prestados a los colegios públicos o facturar con sobrecostos. En solo cinco contratos de prestación de servicios de internet en los colegios de La Guajira (2015 y 2017), Magdalena (2015) y Norte de Santander (2013 y 2016), las gobernaciones le pagaron $ 22,873 millones de más, un 24 % del dinero de los contratos pagados a Funtics, no se utilizó en internet para mejorar la educación.

Cáceres Bayona es un poderoso contratista de redes de telecomunicaciones en el Caribe y Norte de Santander, en más de siete años ha ejecutado más de $ 188 mil millones, de los cuales $ 111 mil millones le han sido asignados en procesos de selección que han cerrado con un solo oferente.

Oriundo de Bucaramanga, Cáceres Bayona empezó a trabajar en el sector de telecomunicaciones desde 2008, y tres años después, en noviembre de 2011 creó la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics, la cual, con solo un solo año de creada, consiguió dos contratos por $ 6.500 millones en Atlántico, durante la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa, que le permitieron despegar en el negocio y ya para 2013 ya era una mega-contratista pública.

Conocedor del sector de educación, Cáceres Bayona estuvo vinculado el año pasado al escándalo por el contrato del bilingüismo en la Guajira en el que termino enredada Oneida Pinto, la destituida gobernadora que se fugó de las autoridades durante la audiencia en la que se imputaban cargos de corrupción el pasado 18 de junio de 2019.

El Contralor Delegado Sectorial para Regalías, Iván Sánchez Arango, quién llegó a la Contraloría a investigar un área nunca auditada, contratos de tecnología con dineros del Sistema General de Regalías, viajó a la Guajira donde visitando una pequeña escuela, visualmente identificó una contradicción, una antena para internet cuando la gobernación le proveía los servicios a través de fibra óptica. Este pequeño detalle le permitió al Contralor constatar que la escuela tenía dos canales diferentes de acceso a internet. Intrigado revisó varias contrataciones de conexión a internet para distintas escuelas públicas y encontró $ 55.195 millones en hallazgos fiscales; dineros destinados a mejorar la educación de los niños que habían tomado otros rumbos.

Encontró algo crucial: las gobernaciones le pagaron a Funtics, $ 10.949 millones por megabyte (medida de caudal de datos) que nunca contrató con sus proveedores de internet. Esta cifra corresponde a 50.233 megabits, o lo que equivale a que 5.000 escuelas públicas podrían haber puesto a disposición de los estudiantes diez computadores con conexión de 10 megabits, suficiente para consumir videos educativos de alta definición.

Lamentablemente este no fue el único hallazgo, Funtics recibió $ 6.981 por servicios facturados a 599 instituciones educativas en períodos de vacaciones, cuando tanto alumnos como profesores se encontraban fuera de las instituciones. A demás, se le pagaron $ 1.664 millones por sobrecostos en el servicio, lo que significa que cobró a las gobernaciones un 65 % más de lo que le pagó a sus proveedores por cada megabyte, lo compró en promedio a $ 113,77 (a Azteca, Columbus y Ufinet) y cobró en promedio $ 321,6 por megabyte a las gobernaciones.

El 'Mello' Cotes no pudo repetir en la Gobernación del Magdalena en las pasadas elecciones.

En 2015, el gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes firmó el contrato No 1929 con Funtics, donde le pagó $ 2.321 millones por 17.576 megabytes que nunca fueron entregados en los 18 meses de vigencia, el 51% de lo contratado. En noviembre pasado, la Fiscalía abrió investigación a el “Mello” Cotes y a su sucesora, su tía Rosa Cotes por presuntas irregularidades en la firma de contratos públicos entre 2012 y 2019.

Los mecanismos utilizados por los gobernadores para pagar sobrecostos en los servicios de conectividad de las instituciones educativas son diversos.  Se encontró que 822 instituciones educativas tenían al mismo tiempo, un proyecto de conectividad con Ministerio de Educación y/o MinTIC, y otro pagado con dinero de regalías por parte de las gobernaciones. Un total de $ 9.294 millones de doble conectividad, como la antena en Riohacha, de los cuales solo a Funtics se le pagaron $ 1.550 millones.

El exgobernador de La Guajira, Wilmer González se encuentra prófugo de la justicia después de haber sido condenando a 10 años de prisión por corrupción.

Al confrontar los contratos firmados por los gobernadores con los del contratista, y compararlos con el contrato suscrito con el proveedor del servicio del internet, la Contraloría encontró varios contratos espejos, donde el camino derecho habría sido la contratación sin intermediarios con el proveedor del servicio, con lo que se habría conseguido un ahorro significativo. Específicamente, el primer contrato en 2017 en la Gobernación de la Guajira, el Nro 001 es con Funtics, representa $ 1.728 millones de intermediación innecesaria; fue firmado durante el primer paso de Wilmer González Brito por dicha gobernación y quién fuera detenido en febrero de ese año por una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas del departamento

El exgobernador Didier Tavera actualmente está siendo investigado por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su administración.

En el departamento de Santander, durante la gobernación de Didier Tavera, el contrato 1335 de 2017, que proveyó internet a 320 instituciones educativas, incluyó 114 instituciones que ya tenían servicio de internet, lo que generó un pago redundante de $ 2.232 millones. El gobernador Tavera se encuentra envuelto en otro escándalo de corrupción de ese mismo año y también en colegios oficiales, las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por el cual paga detención domiciliaria por presuntos delitos de celebración de contratos y peculado por apropiación de terceros (sesgo en la licitación direccionándose los pliegos para favorecer a unos empresarios), por un monto superior a los $ 10 mil millones.

En total, de los 25 contratos auditados, el 80 % corresponden a Funtics, lo que configura un caso claro de malla empresarial según determinó la plataforma Océano de la Contraloría, y que será objeto de investigación este año en los 16 departamentos donde opera dicha Fundación.

La Contraloría Sectorial para Regalías ampliará este año su investigación, no solo a la contratación de conectividad en otros departamentos, sino a otra modalidad de contratación tecnológica, el software. Solo en Nariño, Sánchez Arango detectó en el convenio GN1737-2013 tres hallazgos: nunca se implantó la plataforma tecnológica en los colegios beneficiarios de los proyectos, ninguna de las 750 instituciones educativas contó con conexión de internet para acceder a la plataforma, y la plataforma fue hackeada perdiéndose toda la información contenida allí. Por tal razón, los $ 8.433 que se pagaron a este contrato con dineros de las regalías durante la gobernación de Raúl Delgado, quién obtuviera el Premio Regalías Bien Invertidas, otorgado por la Universidad del Rosario, se encuentran también en investigación.

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