La voz del procurador delegado Antonio Padilla Oyaga se oyó como un clamor en el desierto que nadie escuchó: “El señor Emilio Tapia no puede quedar en libertad porque reincidió en delitos asociados a actos de corrupción y la justicia lo condenó por ellos”.
Ese día, 15 de abril de 2025, se decidía una solicitud hecha por la defensa de Tapia para que el contratista, implicado en casos tan graves como el del carrusel de la corrupción de en Bogotá y el caso de Centros Poblados, pudiera terminar de cumplir en libertad lo que le restaba de su condena a 76 meses de prisión.
Claribel Onisa Fernández Castellón, jueza Primera de Ejecución de penas de Barranquilla se apartó por completo de los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público quien insistía, como un catedrático en derecho penal: “En caso de condenados que se encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión, no podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto”.
La jueza hizo cuentas separadas y concluyó que el tiempo efectivo de privación de libertad, que llegaba ese día a 48 meses y diez días de corrupción, adicionado al tiempo de redención del castigo por estudio y trabajo en la cárcel le daba derecho a Tapia a la libertad y se la otorgó.
En su providencia remarcó que el confeso delincuente había superado entonces el umbral de los 45 meses y seis días exigidos por la ley para el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional. Ordenó entonces que le abrieran a Tapia las puertas de la cárcel de El Bosque, en Barranquilla para que se moviera bajo un régimen extramural.
Solo le puso una condición sencilla: quedaría sometido a un periodo de prueba de 27 meses y 20 días de prisión, equivalente al tiempo que le restaba para purgar completa su condena como autor de los delitos de falsedad documental, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. Era el gran cerebro de la trama de corrupción tejida alrededor del proyecto de Centros Poblados a cargo del Ministerio de las TIC.
Tapia había admitido su participación y se comprometió a devolver $5.000 millones, algo que hizo sin dilaciones demostrando su gran poder económico.
Además de la indignación causada, el caso parecía ya olvidado. Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del departamento del Atlántico se acaba de encargar de que no se pierda la memoria. El organismo -reemplazo del antiguo Consejo Seccional de la Judicatura- abrió investigación contra la jueza Fernández Castellón para establecer si su controversial decisión estuvo mediada o no por alguna circunstancia ajena al derecho y a la ética.
El Consejo examinará también las razones que tuvo la jueza para demorar, más allá de los tiempos procesales, el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación
Se trata de una apertura formal de investigación, iniciada tras el fin de la indagación preliminar iniciada a comienzos de mayo. Una decisión de esa naturaleza es tomada habitualmente cuando existen fuertes indicios de la responsabilidad del funcionario sometido al proceso disciplinario.
Por lo pronto, Emilio Tapia sigue en libertad y aparentemente vuelve a merodear por los linderos del ministerio de las TIC convertido en cuota de su novia, la congresista Saray Robayo.
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