El intrincado camino de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

El intrincado camino de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Una perspectiva sobre este importante tema que no solo afecta a la capital sino a los municipios aledaños

Por: Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central
julio 28, 2020
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El intrincado camino de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

La reciente aprobación de la nueva figura territorial denominada Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RM) abre un nuevo capítulo en la historia reciente del ordenamiento territorial y revive temas tan cruciales como la relación entre distrito y los municipios aledaños, las autonomías territoriales locales versus los niveles de gobierno más amplios, y el modelo de desarrollo más conveniente para una mega región que hoy reúne a más de diez millones de habitantes.

Tratándose de un tema con tanto peso desde el punto de vista económico, ambiental, de movilidad, de planeación y de nuevas disposiciones administrativas para esta zona del país, llama la atención la poca promoción en la deliberación pública y de información por parte del comité impulsor en el Congreso. Mientras el proyecto de Bogotá-Región se debatía en las comisiones del Senado y Cámara de Representantes, en la opinión pública se generaba polémica desde las organizaciones sociales, la academia y las municipalidades de Cundinamarca; los puntos que planteaba estaban relacionados con la falta de participación y amplia discusión de la propuesta. El proceso solo contó con dos audiencias públicas: la primera, en septiembre de 2019 y la segunda, en marzo de 2020 a través de plataforma virtual.

En el trasfondo de la discusión se hallan temas que no fueron abordados con detenimiento en esta fase deliberativa, lo que advierte riesgos de forma y de contenido que de no tratar a tiempo terminaría por reglamentar una ley orgánica más difusa. Ante un posible escenario de demanda por inconstitucionalidad, por parte de la bancada de oposición a dicha figura, lo más probable es que la región termine por reglamentarse y tenga que saldar por lo menos tres deudas pendientes.

La primera tiene que ver con la no definición de una agenda para el ejercicio de formulación, deliberación y votación de la ley orgánica. Ello puede generar, en el corto plazo, una dilatación con su consecuente pérdida de ejecución, tal como sucedió con la ley lrgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que luego de su aprobación en 2011 prácticamente quedó en el limbo, pues no se crearon los mecanismos para su implementación. Segundo, la falta de una hoja de ruta para la articulación de la RM con otras figuras regionales (Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca, LOOT y RAPE) y autoridades territoriales (CAR), que puede conducir a un traslape de funciones y poderes que terminen sepultando lo abonado por dichas figuras. De entrada, es necesario definir hasta dónde y en qué casos se emplearían agendas de competitividad y desarrollo económico (tales como la RAPE) y en qué casos entraría la RM, cuya escala giraría en el mismo radio de acción de los municipios asociados que hoy hacen parte de las otras figuras.

Adicional a estos dos puntos, hay quienes se preguntan sobre el por qué reformar una Constitución Política cuyo ejercicio conceptual giró en torno a una apuesta territorial que precisamente invitaba a la integración regional entre distrito y departamento y que, posteriormente, se contó con la aprobación de figuras que permitirían materializar dicha integración. ¿Realmente era necesaria la creación de una nueva figura de ordenamiento territorial para la región central? Amanecerá y veremos si esta ley orgánica verdaderamente atendió a estos retos o si se trató de una jugada meramente política.

Tercero, la débil proyección de participación ciudadana en los escenarios de información, consulta, deliberación y decisión deja ver otro reto de fondo. Para nadie es un secreto que este acto legislativo se hizo el de la vista gorda con mecanismos tan importantes, necesarios y constitucionales como el de la consulta popular. Lo preocupante es que de acuerdo a como van las cosas, la ley orgánica privilegiará un enfoque de democracia representativa, bajo el supuesto de que distrito y gobernación de Cundinamarca serán quienes tomen las decisiones. Los promotores de la RM se defienden diciendo que la RM contará con un consejo regional en el que se cuente con la voz y el voto de los alcaldes y alcaldesas municipales. Se trata de un panorama que no proyecta la participación de los habitantes del distrito y de Cundinamarca, ni los mecanismos e instancias bajo los cuales se podría pensar en un escenario más democrático; lo que se escucha por parte de los mandatarios a favor es que se parte del supuesto del voto programático como garantía legítima de las decisiones por parte de las administraciones.  Pero allí debe clarificarse qué pasa con la intervención de la ciudadanía.

Una ley orgánica formulada con estos antecedentes conduciría a una región metropolitana de puerta cerrada, en el que las administraciones, en compañía de constructoras y empresas de infraestructura decidirán sobre el futuro de la Bogotá Región, cuyo resultado a futuro no sería más que una mega región al mejor estilo de Ciudad de México: segregada, desigual y excluyente. Para no caer en ese juego en el que la ciudadanía pone su voto y los privados ganan, se requiere la construcción paulatina de confianzas entre todos los actores que hacen parte de los territorios y de escenarios de encuentro entre los tomadores de decisión, la ciudadanía, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, generando propuestas, compromisos y visiones conjuntas de región.

Los enfoques de gobernanza, toma colectiva de decisiones, transparencia, sustentabilidad, conservación y corresponsabilidad ambiental, centralidades en clave de red de nodos, lucha contra el cambio climático y participación ciudadana son las bases para pensar una región más aterrizada en los nuevos desafíos del siglo XXI. De entrada, un proceso amplio, deliberativo y participativo en la elaboración de la ley orgánica permitiría consensuar sobre ese modelo de región deseado y de sus escalas, basado en el Estado social de derecho, en la visión supramunicipal y en la autonomía territorial. Un modelo que posicione a la ruralidad y al campesinado, al cuidado de la estructura ecológica principal, a la articulación con los POT municipales, así como el compromiso por garantizar una región metropolitana que realmente brinde solidez, proyección, confianza y credibilidad a una figura hoy por hoy está tan cuestionada.

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