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El diálogo social es una conquista de la lucha de los trabajadores del mundo. Quedó contemplada en la Constitución de la OIT en 1919 como parte del acuerdo de Versalles, del acuerdo de paz de finalización de la Primera Guerra Mundial.
Desde ese momento el tripartismo es parte integral de las democracias liberales y así quedó contemplado en nuestra constitución del año de 1991 y reglamentado mediante la ley 278 de 1996 qué reglamenta el tripartismo y el espacio de diálogo social y concertación para el tema de las relaciones laborales y sindicales.
Dicho mandato de la OIT y y de nuestras normas nacionales, establecen que todos los asuntos de carácter laboral, sindical y salarial que el gobierno esté proponiendo, deben, antes de expedir cualquier acto administrativo o tramitar cualquier proyecto de ley, debe pasar primero por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y ser discutida entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, en un espíritu de diálogo social y de concertación.
Así lo hizo el Gobierno de Gustavo Petro en todas las medidas que al respecto expidió y las más determinantes la reforma laboral la reforma pensional, el salario mínimo vital, los decretos sobre negociación colectiva multinivel, intermediación y tercerización laboral ilegal, contratos sindicales, etcétera.
Siempre que hubo alguna propuesta del gobierno en estos menesteres se reunió la Comisión Nacional de Concertación y la subcomisiones técnicas respectivas, para discutir cada una de esas propuestas y se hizo en el en el propósito del diálogo social y de la concertación. En muchas oportunidades no hubo acuerdos con los empresarios, quienes se opusieron radicalmente a todas ellas con la determinación política que tenían de hacerle oposición abierta al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, se consolidó un trámite de diálogo social y concertación por parte del gobierno.
En el gobierno de Abelardo las cosas han venido desarrollándose de forma autoritaria, unilateral, sin diálogo social.
La actual ministra de trabajo, derogó 11 circulares expedidas por el gobierno anterior mediante un plumazo con la resolución 2708 del 20 de agosto de este año, sin tener la mínima consideración en ponerlas en consulta, no permitiendo expresar opiniones al respecto. Modificó el decreto sobre los contratos sindicales sin que se haya reunido la Comisión Nacional de concertación para oír las diversas opiniones. Y por si fuera poco, la mintrabajo anunció que radicaron un nuevo estatuto del trabajo que según ellos están consultando con la Corte Suprema de Justicia, pero sin cumplir el procedimiento que establece la Constitución y la ley al respecto, como es pasar dicha propuesta debió en diálogo social y concertación ser conocida en la comisión de concertación(hoy no se conoce dónde lo radicaron). Les gusta más la imposición o el acuerdo con algunos empresarios, que es lo que se ha venido reflejando en la propuestas que le hizo el grupo empresarial Aliadas, dado las fricciones que hoy mantienen con la Andi y con su presidente Bruce Mac Master, es decir les huelo a feo el diálogo social y por tal motivo mucho más, la concertación.
Adicional a esto que hace el gobierno nacional, desde el congreso de la república se vienen acompañando con una serie de propuestas del Centro Democrático.
Ha presentado un proyecto de ley como contrarreforma a la ley pensional del gobierno Petro, en la cual se desmontan los aspectos más relevantes, como eliminar el umbral mínimo de cotización obligatorio a Colpensionen, dejar a libre elección a cual sistema afiliarse y darle la opción a los personas que no alcanzan a tener la pensión de la devolución de saldos. Temas que cambiarían sustancialmente el aspecto profundamente social que tiene la ley pensional del gobierno Gustavo Petro la ley 2381 del año 2024. Rechazamos, además, que el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y de Colpensiones le están pidiendo a la Corte Constitucional un nuevo aplazamiento por un año más de la entrada en vigencia de la ley pensional.
El proyecto que se tramita en el congreso por parte del Centro Democrático y que sería fatal para la estabilidad laboral y el cumplimiento de las funciones propias del estado es una ley de facultades extraordinarias que le darían al presidente de la república por seis meses para modificar la estructura del Estado, lo cual siempre ha servido para privatizar instituciones del estado, liquidar y fusionar otras y al final despedir masivamente en una masacre laboral a miles de trabajadores del Estado.
Se ve entonces, que estarían utilizando las medidas unilaterales no cumpliendo el diálogo social y la concertación y adicionalmente buscando como desde el congreso de la República con las mayorías que vienen haciendo con los sectores de las élites, los megarricos y los empresarios de Colombia, para quitarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras de Colombia.
De esta manera, acumulan descontentos que más temprano que tarde se verán reflejados en las calles, incluso en un nuevo estallido social.
Postdata: las diversas organizaciones sociales y políticas entre ellas el Comando Nacional Unitario integrado por las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, con el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida están convocando a una amplia movilización social pacífica, el próximo 14 de octubre, para decirle el gobierno de Abelardo que Colombia es libre y soberana.
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