El pasado 25 de agosto la Corte Constitucional falló a favor de la ley 2381 del 2024 correspondiente a la reforma pensional del pasado gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Esta decisión es un logro del gobierno anterior, del pueblo, la clase trabajadora y sus luchas.
La corte aprueba las partes más consolidadas de dicha reforma y se trasladan a la plenaria de la cámara nueve artículos para que sean subsanados los vicios de procedimiento pertinentes, en el entendido de que se deben debatir las proposiciones modificatorias de esos artículos.
Los aspectos aprobados, que son la esencia de la ley pensional, que tienen un altísimo contenido social y progresivo, son los relacionados con el régimen de pilares, con lo cual definitivamente se incorpora el ingreso solidario para más de 3 millones de adultos mayores por COP 230 mil, una renta vitalicia para todos aquellos que han cotizado entre 300 y 999 semanas y la pensión anticipada para los que hayan cotizado entre 1000 y 1300 semanas.
Adicionalmente y este es otro aspecto progresivo de la ley pensional es que todos los cotizantes hasta 2,3 salarios mínimos deben hacer su aporte obligatoriamente a Colpensiones, en una fiducia administrada por el Banco de la República.
Con esta decisión prácticamente el 80% de los cotizantes realizarán todo su aporte y estarán en Colpensiones y por tal motivo se les aplicará el régimen de prima media, con lo cual se obtiene una mesada pensional entre el 65 y el 80% de las cotizaciones de los últimos 10 años y no como en los fondo privados que solo lo haría en un 35%.
Los que ganen más de 2,3 salarios minimos cotizarán por el valor adicional en las ACCAI (Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual). Colpensiones tendrá una de ellas y por ello la recomendación sería aportar allí. Las centrales obreras han dicho siempre que dicho umbral debe ser superior a 4 salarios mínimos.
Al existir sólo un régimen de pensiones como lo establece la ley 2381, se fortalece el fondo público de pensiones Colpensiones y empieza el marchitamiento de los fondos privados. Hoy el 70% de las cotizaciones están en los fondos privados y el 30% en Colpensiones. Con la aplicación de la nueva ley pensional el 80% de las cotizaciones irían al fondo de Colpensiones y sólo el 20% quedará en manos de los fondos privados.
Una vez conocido el fallo de la corte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó el 26 de agosto en la red social X que "Una reforma pensional que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales y en el mediano plazo crea un déficit insostenible.
Se necesita una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos. Conviene un solo régimen..."
Una vez conocida la posición en contra de la ley pensional por parte del expresidente, la bancada en el congreso del Centro Democrático se ha puesto al servicio de esa propuesta de contrarreforma pensional y viene adelantando por consiguiente un proyecto de ley, que tendría tres aspectos centrales:
1. Libre elección del cotizante, es decir al fondo privados o a colpensiones.
2. Eliminación o disminución del umbral obligatorio de cotización de 2,3 salarios mínimos a Colpensiones. La propuesta es la eliminación o reducirlo a un salario mínimo
3. En el régimen semicontributivo, es decir de la renta vitalicia, es eliminarla o dar la opción de que le devuelvan los aportes.
Si bien la propuesta mantiene el ingreso solidario para los 3 millones de adultos mayores, las demás propuestas, es volver a la ley 100 de 1993, es decir, a que los fondos privados puedan mantener el 70% o más de los cotizantes y con ellos seguirán acumulando el ahorro de los trabajadores, con lo cual se han enriquecido, especialmente el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del grupo Sura de Grupo Empresarial Antioqueño, quienes seguirán acumulando, a más de los COP 550 billones que hoy tienen y por tal, acumulando grandes riquezas, con más del 30% estos recursos en el exterior, sin que le presten un servicio a la inversión y a la reactivación económica en Colombia.
Toca decir, que el hecho de que Colpensiones no tenga la inmensa mayoría de los cotizantes en pensiones, le ha venido representando al tesoro público, más de COP 35 billones anuales, para poder pagarle a los pensionados, que al final pagamos todos. De esta manera uno de los factores del déficit fiscal en Colombia, es este régimen privado de pensiones, que le sirve a las grandes corporaciones privadas en desmérito del estado. Es decir, el estado subsidiando a los fondos privados y a los megarricos propietarios de esos fondos.
Tal como lo ha señalado el presidente Petro, si pretenden desmontar la reformas sociales con alto contenido social, como esta ley pensional, la respuesta del pueblo y la clase trabajadora debe ser el paro y la huelga general, que logre desmontar esa contrarreforma.
Postdata: 11 y 12 de septiembre gran encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas en Bogotá para diseñar un plan de acción de resistencia civil al gobierno de Abelardo.
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