El fiasco del Centro Cultural de Buenaventura Margarita Hurtado: $ 6.000 millones que no se ven

El fiasco del Centro Cultural de Buenaventura Margarita Hurtado: $ 6.000 millones que no se ven

La ex mincultura Carmen Vásquez no aseguró la conclusión de la construcción —en marcha cuando llegó— y le inyectó $3.000 millones más. La obra sigue en veremos

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febrero 06, 2022
El fiasco del Centro Cultural de Buenaventura Margarita Hurtado: $ 6.000 millones que no se ven

No es fácil para la gente de Buenaventura entender que la construcción de la esperada Casa de la Cultura Margarita Hurtado siga a medio terminar por la mala contratación que realizó la exministra Carmen Vásquez, hoy embajadora en Uruguay. Raizal de Buenaventura, tenía entre sus prioridades cumplir con las obras del emblemático centro cultural, tan importante para los porteños que formó parte del pliego de peticiones con el que se levantó el paro cívico del 2017.

Fue uno de los puntos de la agenda de empalme con su antecesora Mariana Garcés, quien en octubre de aquel año comprometió recursos del Ministerio de Cultura por $1.700 millones a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura del departamento del valle del Cauca que pusó otros $500 millones.

El convenio tenía como objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la adecuación del ‘Centro Cultural’ conformado por: la Casa de la Cultura Margarita Hirtado y la Biblioteca Pública Distrital Fidel Ordóñez Santos, ubicada en el Distrito de Buenaventura”. Al mismo tiempo, en enero de 2018, el Ministerio de Cultura, junto al entonces alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda, socializaron el proyecto para la adecuación de la Casa de la Cultura después de haber firmado el 21 de diciembre de 2017 un contrato con la empresa Axioma Ingeniería S.A.S., encabezada por Diego Morales Núñez. Este contrato, numerado 3258, tuvo un valor de $2.000 millones –200 millones menos que el convenio interadministrativo– y el contratista se comprometió a entregar la obra en seis meses.

La tarea de la Ministerio, la Secretaría de Cultura del departamento y de la propia alcaldía de Buenaventura era vigilar la ejecución de una obra frente a la cual había expectativa en el puerto. Pero esto no ocurrió. Carmen Vasquez, recién posesionado por Duque el 7 de Agosto y presentada por Duque como mujer, afro y natural del Pacifico, se comprometió a inaugurarla obra al final del año. Al contrario, empezaron las demoras, las prórrogas. El 14 de febrero de 2020 fue el primero, por $ 1 mil millones, para alargar el plazo a dos años más. Es decir, el contrató ya iba costando $3.000 millones.

Según el acta de liquidación firmada por el Ministerio, la empresa Axioma S.A.S. terminó a paz y salvo con las entidades, pero al mismo tiempo y extrañamente se adelantó un proceso de investigación por un posible incumplimiento al contrato. Esta situación, que surgió casi al mismo tiempo que la llegada de la pandemia, se prolongó hasta el 22 de diciembre de 2020.

Aunque en el papel todo aparece en orden en el contrato, lo cierto es que la realidad es distinta: la casa cultural Margarita Hurtado seguía en plena obra. De hecho, la propia ministra Vásquez destinó $954 millones para la terminación de la Fase I (biblioteca y casa cultural) y el 3 de diciembre de 2020 se firmó un Convenio interadministrativo con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca para dicha tarea. No se entiende porque no le dio la oportunidad a firmas regionales y opto por esta OLT focalizada en contratar servicios en Cundinamarca.

Apenas 13 días después, el 16 de diciembre de 2020, en vísperas de ser reemplazada por Felipe Buitrago, la hoy exministra Carmen Vásquez, sin abrir licitación pública, giro nuevos recursos para la recuperación de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado por valor de $1.925.068.078 para Fase II del proyecto.

Vásquez tomó una ruta extraña: escogió, nuevamente, a la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, una de las tantas estructuras organizativas mixtas o privadas que utilizan los funcionarios públicos para tercerizar la contratación y hacerle el quite a la Ley 80 con su controles y de vigilancia de oficio por parte de la Contraloría.

En este caso se trata de una empresa industrial y comercial del sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca, que amplió su objeto social mediante Decreto Ordenanza 433 de 2020 para abarcar muchos más sectores.

A pesar de haber tenido el tiempo para convocar a un concurso para el diseño de la obra, invitando firmas de arquitectos y constructoras competentes, incluidas las de la región, prefirió a la empresa cundinamarquesa.

En tres días firmó tres contratos: el del 3 de diciembre para completar la Fase I; uno el 4 de diciembre para comenzar a apoyar al Ministerio con varias obras en el país; y el del 16 de diciembre para la Fase II. Este último contrato se firmó como parte del convenio interadministrativo 3222 por $ 3.265.956 con la Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca cuya vocación, bajo la gerencia de Olga Lucía Acosta Cantor, una abogada de la Universidad Libre, con cargos en el sector público como secretaria general de la Alcaldía de Soacha, registradora seccional de la Superintendencia de Notariado y Registro y asesora del Concejo Municipal de Girardot, se ha concentrado en administrar recursos públicos de distintas entidades a través de convenios interadministrativos de todo tipo de entidades del Estado.

Esta entidad mixta, adscrita a la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de Nicolás García, quien llegó respaldado por una coalición de partidos liderados por la U y su partido  Cambio Radical, se queda aproximadamente hasta con un 7% por el manejo de los recursos, según se ha denunciado por parte de otros contratistas que están en el sector y han explicado cómo funciona esta tercerización a través de convenios interadministrativos.

La empresa cundinamarquesa no es la que realmente ejecuta el contrato, y como está registrado en el SECOP, hace aproximadamente nueve meses contrató a la empresa LAM Construcciones para la ejecución de la Fase II en Buenaventura por $1.750 millones.

La realidad de esta biblioteca a la que le han invertido ya cerca de $6 mil millones en cuatro años es calamitosa. El gobierno Duque ha tenido en sus manos la oportunidad de entregársela a la comunidad pero hasta ahora sigue siendo una frustración. El entonces ministro Felipe Buitrago, quien igual que Carmen Vásquez es hoy un flamante embajador en Alemania, tuvo la oportunidad de terminar la obra contratada pero le dejó el chicharrón a la también nacida en Buenaventura, Angélica Mayolo, quien fue nombrada en el cargo en reemplazo suyo, en el furor de las protesta social en mayo de 2021.

La ministra encontró un presupuesto despilfarrado en una obra, lejos de estar terminada. De allí su rabia que no disimuló en la reunión que tuvo con los responsables el 27 de octubre de 2021,  cuando les pidió cuentas y evidenció, desesperada, el incumplimiento en el último plazo de entrega que era octubre del 2021.

Tate quieto de la Mincultura al contratista de la Casa de la cultura de Buenaventura

En el afán por lograr entregar la obra y no dejarla como una frustración más de Buenaventura, después de su visita de octubre del año pasado, la ministra Angélica Mayolo decidió autorizar una adición de $ 1.041.083 millones al convenio interadministrativo 3222 del 2020 modificando con misma empresa buscando acelerar la construcción y poder entregarla a finales del año pasado. Sin embargo, la obra no camina al ritmo esperado.

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