En los procesos de paz, las crisis no son la anomalía sino el terreno. Irlanda del Norte conoció rupturas y atentados en pleno diálogo; Sudáfrica negoció en los picos de la violencia política; La Habana sobrevivió a crisis que parecían terminales. Lo que separa los procesos que culminan de los que se malogran no es la ausencia de crisis, sino una sola variable: la permanencia de las partes en la mesa.
Escribo no como vocero de nadie, sino desde el criterio técnico de quien, como abogado, ha documentado íntegramente el expediente del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia. Ese expediente muestra un capital acumulado entre 2023 y 2026: el reconocimiento institucional del actor; una mediación y verificación internacionales a cargo de Qatar, España, Noruega y Suiza, con el acompañamiento de la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias; catorce compromisos con cumplimiento verificable, y una interlocución probada. Nada de eso pertenece al gobierno que termina, ni al que llega, ni al EGC: pertenece al proceso mismo y a las comunidades cuyos territorios se juegan el resultado. Y los capitales sin dueño no tienen quien los defienda por reflejo de propiedad; hay que defenderlos por convicción.
La teoría de la negociación explica por qué abandonar una mesa casi nunca conduce adonde quien se levanta cree dirigirse: William Zartman mostró que retirarse no devuelve al actor a una posición de fuerza, sino al estancamiento que lo lastimaba, agravado por el fracaso; Barbara Walter, que cada ruptura ensancha la desconfianza que la siguiente ronda pagará con intereses; Stephen Stedman, que todo proceso engendra saboteadores, y que levantarse de la mesa es hacerles el trabajo. Colombia tiene además la prueba en casa: el proceso inconcluso de 2005, cuyo ciclo perverso documenta la sentencia STP15949-2025 de la Corte Suprema de Justicia. No se vuelve a como estábamos: se llega a un lugar peor.
Por eso esta representación ha sostenido, ante sus mandantes, ante el Gobierno y ante la mediación, una misma tesis profesional: las diferencias —incluso las más graves, como la reversión del pasado primero de julio— se tramitan en la mesa y no fuera de ella. Y el calendario acaba de volverla urgente: el 13 de julio, el presidente electo anunció la supresión del Comisionado para la Paz y advirtió que, desde el 7 de agosto, no habrá más procesos de «falsa paz». Está en su derecho: cada gobierno diseña su institucionalidad y escoge su vocabulario. Pero una cosa es la oficina que administra los diálogos, contingente y reformable; otra, el capital del proceso, que no es del gobierno saliente ni del entrante. Suprimir la primera es una decisión administrativa; dejar caer el segundo sería repetir 2005 con los ojos abiertos.
La única refutación seria de la etiqueta de «falsa paz» no es retórica sino documental: catorce compromisos verificables, cuatro Estados mediadores, tres acompañantes institucionales, cientos de comunidades y líderes sociales, regiones enteras y una interlocución probada no son un simulacro, y cualquier gobierno que examine el expediente sin prejuicio distinguirá los hechos de los gestos. Pero ese expediente solo podrá hablar si la mesa llega viva al 7 de agosto. El deber de la hora, para ambas partes y para quienes las acompañan, es blindar el espacio de conversación contra las adversidades del tránsito entre gobiernos, no someterlo a ellas. Y para los mandantes de esta representación, en particular: abandonar sería concederle a la etiqueta la razón que los hechos le niegan.
Ningún acogimiento colectivo a la justicia, ningún desmantelamiento verificable, ninguna transformación territorial será posible sin la condición que hace posible todo lo demás: que las partes sigan sentadas. Los procesos de paz no se pierden en las crisis. Se pierden en las sillas vacías.
Las opiniones aquí expresadas corresponden al criterio técnico-profesional del autor en su condición de apoderado y no constituyen vocería del Ejército Gaitanista de Colombia ni comprometen la posición de las partes del Espacio de Conversación Sociojurídico.
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