El nombre de Jonathan Vásquez Gómez, alcalde de Barrancabermeja, le resulta cada vez más familiar a quienes investigan la creación por decreto de entidades. Organizaciones facultadas para poder adjudicar sin licitaciones ni concursos de oferentes, es decir a dedo, contratos públicos.
A él se le adjudica en concreto la paternidad del Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social en Colombia (Foncolombia), un “contratadero” que se ha convertido en eje de los negocios de Jorge Humberto Argüello Beltrán, convertido en un poderoso empresario después de haber pasado por los cedazos de la Unidad de Justicia y Paz y de la JEP como presunto promotor de grupos de autodefensa.
Quienes conocen bien sus relaciones, saben que Argüello ayudó a financiar la campaña de Vásquez y promueve hoy la causa proselitista de la esposa de este, Laura Cristina Ahumada, candidata al Senado.
El alcalde tiene puesta literalmente la camiseta de campaña de su señora. En sus intervenciones públicas se presenta con distintivos de propagandísticos de la campaña diseñador por una empresa publicitaria y hasta la distinguió con un premio por su trabajo como gestora social del municipio, designación que se les da ahora a las antiguas “primeras damas”.
Su exposición en la escena pública ha sido “tan abierta y descarada”, como la denominó una veeduría del puerto, que la Procuraduría tomó nota de inmediato y decidió suspender al alcalde por tres meses, mientras avanza un proceso abierto en su contra por participación indebida en política.
El impedimento de la Procuraduría
La Procuraduría dijo en el auto de suspensión: “(…) el disciplinable habría hecho varias publicaciones en redes sociales y utilizando indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en varias actividades públicas”.
La primera reacción del alcalde consistió en buscar la manera de eludir la aplicación de la medida disciplinaria preventiva. Firmó el Decreto 592 de 2025 mediante el cual salió a vacaciones y designó como alcaldesa encargada a Ingrid Julieth Armesto Salgado, su secretaria privada. También salió de inmediato de su oficina para eludir la notificación personal de la medida que acababa de tomar el Ministerio Público.
Sus movidas fueron tan evidentes que el mismo jueves 23 de octubre, cuando fue dispuesta la suspensión, el propio procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se vio obligado a expedir una declaración para explicar que, de acuerdo con el Código Disciplinario, la aplicación de una medida de esa naturaleza es de aplicación inmediata y no requiere notificación personal. También, que tiene efectos inmediatos así el afectado se encuentre en vacaciones o en licencia.
Cuando eso ocurrió, el alcalde tenía listo su “plan B”. Adujo que la decisión no podría ser aplicada por el Procurador, sino que dependía de una decisión potestativa del presidente de la República, Gustavo Petro, que en otros casos similares ha frenado la suspensión de otros servidores públicos. Así las cosas, el reclamaba “el derecho a la igualdad”.
Este tipo de maniobras para eludir las suspensiones se han dado, en efecto, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que solo los jueces y no los funcionarios administrativos podían disponer mediante sanciones de cargos ocupados por personas que llegaron a ellos mediante elección popular.
Esa posición fue definida cuando Petro, como alcalde de Bogotá, logró tumbar ante esa instancia internacional una destitución con inhabilidad que le había sido impuesta por el procurador de la época Alejandro Ordoñez.
Hoy la situación es distinta porque el Congreso aprobó una ley que le confiere facultades judiciales a la Procuraduría y creó la doble instancia en el juzgamiento disciplinario, garantía exigida por el sistema interamericano. Sin embargo, la interpretación de la Casa de Nariño sigue siendo que la Procuraduría no puede sancionar a los funcionarios de elección popular. Pero lo extraño es que solo han sido frenadas las suspensiones de alcaldes afectos al Pacto Histórico, partido del gobierno, y no a los provenientes de partidos de gobierno u oposición.
Eso parece estar claro para el alcalde de Barrancabermeja que también se ha convertido en promotor de la consulta del Pacto Histórico programada para el domingo 26 de octubre.
La Corte Interamericana ha sido entendida por varios funcionarios como un “paraguas” para guarecerse de sus tormentas con la Procuraduría. A ella acaba de acudir también el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para declararse perseguido por el Procurador quien también le abrió a él un proceso por participación indebida en política, conducta castigada en la legislación colombiana.
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