La consulta anticorrupción será un fracaso electoral similar a la reciente consulta abierta del Partido Liberal (97,88% de abstención) o el fallido referendo uribista de 2003 (75% de abstención). En su eventual fracaso confluyen múltiples factores institucionales, sociales, políticos y culturales. No se debe a la falta de empatía de sus promotoras, la reacción de la clase política tradicional que decidió dejar sus maquinarias regionales inactivas o la patética renuencia del uribismo a apoyarla dado el reciente “paquete anticorrupción” presentado por Duque al Congreso. Entre los principales escollos de la consulta se encuentran: el poco entusiasmo que los mecanismos de participación ciudadana despiertan entre los colombianos, un agotamiento en el comportamiento electoral tras cinco intensos ciclos (plebiscito, consulta liberal, elecciones legislativas, primera y segunda vuelta presidencial), y la poca efectividad de una campaña sin recursos y sustentada mayoritariamente en redes sociales y en un activo voluntariado urbano. A la consulta le calculo un piso de 3,5 millones de votos y un techo de 5,5 o 6 millones. Muy lejos de los 12,5 o 15 millones de votos de los que hablan sus promotores.
La consulta es ingenua frente a las causas estructurales de la corrupción. Sus siete mandatos en poco o nada contribuyen a erradicar o reducir la corrupción. Siempre he sostenido que la corrupción no se debe al alto salario de los congresistas o al síndrome del eterno Gerlein; la corrupción tiene una causa matriz y se encuentra en la financiación de las campañas. En el país no existe mayor control a la financiación porque lo que se mueve en las campañas es “plata de bolsillo”, cientos de millones que no se registran en ningún lado y que son determinantes para que los corruptos “sin opinión” ocupen cargos de elección popular. Corruptos que gastan más de lo que se podrían ganar como congresistas en cuatro años (poco más de mil millones) y que llegan al Congreso a recuperar inversiones de 5 o 7 mil millones de pesos. ¿Resuelve la consulta esa problemática? Tal vez los mandatos sobre pliegos tipo y presupuestos participativos sirvan de algo, pero no acaban con la auténtica causa estructural de la corrupción en Colombia (más allá de que sea un asunto cultural) que es la plata que entra a las campañas. Angélica y Claudia, ¿acaso creen que muchas de las campañas al Senado del pasado 11 de marzo costaron solo 880 millones de pesos?
Otro de los escollos de la consulta tiene que ver con su poca efectividad para llegarle al colombiano de a pie. El colombiano que poco entiende de pliegos tipo, presupuestos participativos y reformas legales. El típico ciudadano que representa a la mayoría de electores colombianos: desinformado, fácilmente manipulable y poco interesado por lo público. Tal vez por eso la consulta se ha enfocado en el mandato más mediático (y comprensible para la gran masa de electores) y a la postre el más frágil en clave de “acabar” con la corrupción, eso de reducir el salario de los congresistas. Votar sietes veces SÍ o apoyar la consulta para bajarle el salario a los congresistas se convirtió en la “vieja confiable” de algunos promotores que no se desgastan explicando los otros puntos ya que buscan que un ciudadano “verraco” vote de entrada por los siete puntos para acabar con tamaña injusticia. Algo que evidencia la complejidad para diseñar estrategias efectivas de pedagogía a un mecanismo de participación ciudadana (en el plebiscito nos dieron un mes para hacerle pedagogía a 310 páginas). La altura del umbral (¿qué estaba pensando el constituyente cuando estableció esos umbrales tan enormes?) y la falta de financiación pública también hacen casi imposible que esos mecanismos puedan prosperar.
A pesar de considerar que la consulta es un canto a la bandera la voy a respaldar. También seguiré con lupa el “paquete anticorrupción” presentado por Duque, para descartar que en su tránsito por el Congreso le aterricen algunos micos u orangutanes. Y estaré a la espera de que surjan iniciativas profundas para erradicar la corrupción, en la reciente propuesta de reforma política radicada por el gobierno en el Congreso se da un paso en ese sentido al plantear la ruptura del sistema electoral con el perverso voto preferente y obligar a los partidos a presentar listas cerradas (fortaleciendo mecanismos internos de selección), algo que acompañado de una autoridad electoral más fuerte, con mayor capacidad de vigilancia y sanción, si podría empezar a quebrarle el espinazo a la corrupción. Eso ya es harina de otro costal.
