A los integrantes del equipo técnico del Ministerio de Hacienda les llovieron rayos y centellas al anochecer del martes 20 de octubre de 2026, cuando el país supo que, por causa de un error insalvable, se caía la Ley del Presupuesto General de la Nación y que sería necesario adoptarlo mediante decreto.
A ellos se les achacaba la culpa de que el artículo 65, la norma que regula las coberturas fiscales para combustibles, petróleo y tipo de cambio, hubiera sido votado en términos distintos por la Cámara y el Senado y de que su texto no hubiese sido conciliado antes de que se agotara el término reglamentario para la aprobación del proyecto.
Sin fórmula de juicio, los dedos acusadores señalaban a los “abogados de Hacienda” de haber incluido en la votación final ese artículo en la Cámara de Representantes con una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, sin tener en cuenta que ya había sido retirada.
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La falla no estuvo en el monto, que será de $634,9 billones, sino en la forma en que las dos cámaras votaron el mismo artículo.
Con base en una revisión de las grabaciones oficiales de la sesión decisiva, Las2Orillas encontró que el error estuvo en la mecánica parlamentaria y no en un descuido del Ministerio de Hacienda.
De hecho, el origen de la divergencia está en la sesión plenaria del Senado del 19 de octubre y en una proposición aditiva que tenía aval del Gobierno. A las 6:14 de la tarde, el senador Carlos Meisel anunció que el artículo 65 formaba parte del bloque con aval del Ejecutivo junto a los artículos 2, 90, 91 y 92.
Minutos después, el propio Meisel y el senador David Barguil depuraron ese bloque y decidieron excluir los artículos que tenían proposiciones que los modificaban. En ese filtro sacaron el 90 y el 91 y dejaron para votación inmediata un paquete que incluía el 65 junto a los artículos 8, 10, 21, 27, 28, 60, 71 y otros que se mantenían igual que en la ponencia.
Ahí estaba la nuez del asunto. Aunque el 65 había sido anunciado como un artículo con aval, terminó siendo votado entre las 7:16 y las 7:31 de la noche como venía en la ponencia, sin ninguna modificación. La oposición dejó constancia de ello en ese mismo momento y la Secretaría del Senado lo certificó después que en el enlace oficial del Senado no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65.
El intento por corregir vino después. Pasadas las 8:21 de la noche, Barguil recordó que quedaban pendientes los artículos 2, 65 con proposición aditiva y el 85. Propuso votar esa aditiva del 65, con un parágrafo adicional que permitía fortalecer las estructuras de la cobertura de mitigación de riesgos asociados a combustibles.
La propuesta desató una discusión reglamentaria. El senador David Racero advirtió que el artículo ya había sido votado y preguntó cuál era la diferencia entre una aditiva y una modificatoria si el texto estaba cerrado. El senador Cristian Gómez calificó la maniobra como un error técnico y el senador Ariel Ávila dijo que no se podía votar una aditiva sobre un artículo ya cerrado porque sería, en sus palabras, hacer una curva o esguince.
Ante la falta de consenso, la presidencia del Senado ordenó excluir el 65 y evaluar si se reabría el debate más adelante.
A las 8:55 de la noche, el senador Juan Fernando Caicedo, autor de la proposición aditiva avalada por el Gobierno, anunció que retiraba la proposición y dejaba la constancia respectiva.
A las 8:57 Barguil dijo que se votaría el artículo segundo y luego se miraría si se reabría o no el 65. Finalmente, no se reabrió. A las 9:47 se votaron los artículos 2, 90, 91 y 92 con las modificaciones avaladas y leídas, pero el 65 no volvió a votarse. Con ello quedó en firme que el único momento en que el Senado votó el artículo 65 fue en el bloque de las 7:16 a las 7:31, sin adición alguna.
En la Cámara de Representantes la historia fue distinta. En la madrugada del 20 de octubre, la plenaria votó el artículo 65 incluyendo la proposición aditiva que en el Senado había sido retirada. Esa inclusión, según versiones periodísticas, habría obedecido a un error de seguimiento de abogados del Ministerio de Hacienda que incorporaron la proposición dentro del paquete de propuestas supuestamente aprobadas por el Senado. Luego quedaría en claro que no fue así.
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Al quedar dos textos diferentes, uno sin modificación y otro modificado, el trámite exigía una comisión de conciliación para unificar la redacción antes del vencimiento del plazo. Esa comisión no se convocó ni votó.
Ante el vacío, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella deberá expedir el presupuesto por decreto con base en el artículo 348 de la Constitución, es decir, tomando el texto aprobado en primer debate en las comisiones económicas y sin las adiciones negociadas en plenarias. Entre las partidas que quedarían por fuera del decreto están tres billones de pesos para salud y recursos adicionales para educación, infraestructura vial y justicia, cuya suerte ahora depende de una interpretación jurídica sobre si el vicio afecta solo al artículo o a toda la ley.
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