El embajador Daniel García-Peña y su mano derecha en Washington, el dirigente vallecaucano Óscar Gamboa, se enfrentan a la difícil situación de tener que explicar en Estados Unidos la política de sustitución voluntaria de cultivos con erradicación de la mata de raíz a cambio de una compensación económica, cuya meta para el año son 30 mil hectáreas, frente a las abrumadoras 280 mil hectáreas sembradas en distintos puntos del territorio colombiano.
El escenario con el gobierno Trump no podía ser más adverso
Esta semana viajó una delegación de funcionarios con el director de la Policía, el general Carlos Triana, a la cabeza y con funcionarios como la directora de Sustitución de Cultivos ilícitos, Gloria Miranda, a reforzar al embajador en Washington García-Peña en esta cruzada.
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Han visitado oficinas de congresistas intentando explicar las bondades de una política que defienden con el argumento de que tiene mayor permanencia en el tiempo, mientras simultáneamente la Armada tiene soporte para mostrar los buenos resultados de las incautaciones de cocaína en el mar.
El crecimiento exponencial del área de coca sembrada puede conducir a la desertificación de Colombia, una situación que ya se vivió en el gobierno de Ernesto Samper cuando incluso le fue cancelada la visa al expresidente. En ese momento la canciller era María Emma Mejía, a quien le tocó afrontar el aislamiento diplomático de Estados Unidos que podría repetirse si se suman las posturas desafiantes como la que tuvo frente a las deportaciones hace un mes el presidente Petro frente al gobierno Trump, donde Colombia tiene pocos amigos.
Las resistencias del Secretario de Estado, Marco Rubio y del Partido Republicano frente a Petro son evidentes y no harán nada por ayudar a Colombia.
