Texto escrito por: Nerio Luis Mejía
En gran parte del Caribe colombiano se siente con fuerza un verano implacable. Las altas temperaturas y la prolongada ausencia de lluvias tienen a sus habitantes al límite de la desesperación. El sector agropecuario es el que más sufre las consecuencias de un fenómeno de El Niño —o un "Súper Niño"— que castiga sin piedad a la región.
Las fuentes hídricas se están secando ante la indiferencia de los gobiernos locales, regionales y nacionales, en lo que muchos ya presagian como una tragedia anunciada. De acuerdo con las predicciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los pronósticos no son nada alentadores: los expertos afirman que esto es apenas el abrebocas de un fenómeno que nos azotará con fuerza. Desde ya se sienten las consecuencias: cosechas perdidas y economías rurales amenazadas ante una crisis climática que tiene al Caribe sudando frío. Mientras tanto, los funcionarios de las entidades del Estado parecen más preocupados por la permanencia en sus puestos de trabajo bajo el gobierno de De la Espriella, que por articular planes de contingencia reales.
Esta crisis climática plantea un dilema desgarrador para el campesinado: continuar trabajando la tierra esperanzados en un clima impredecible —lo que casi siempre los condena a la pérdida absoluta— o marcharse a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria. Históricamente, ha faltado voluntad y compromiso político para asegurar y garantizar el recurso más básico: el agua. Sin ella, es imposible que los campesinos y empresarios del agro puedan producir alimentos. Si bien el gobierno anterior intentó impulsar el desarrollo rural, sus esfuerzos fueron insuficientes para hacer florecer a la Colombia profunda.
El campesino exige, sin importar el color político del gobierno de turno —sea de izquierda, derecha o centro—, que no se politicen las necesidades de un sector agropecuario que hoy se encuentra en cuidados intensivos. No es razonable justificar gastos multimillonarios en el sector defensa para adquirir aviones de combate, preparándonos para una hipotética invasión a nuestra soberanía, mientras el verano avanza sin contención alguna destruyendo el campo. Esta desconexión de prioridades nos enfrentará inevitablemente a una crisis alimentaria; el hambre cobrará muchas más vidas de las que cobraría una guerra extranjera.
Se necesita un compromiso real con el sector rural. La inversión debe partir desde un ordenamiento territorial estratégico que permita adelantar estudios de suelos, construir pozos profundos y diseñar sistemas de represas que preparen a los agricultores contra las sequías crónicas. Es una vergüenza que, en pleno siglo XXI, nuestros productores rurales sigan dependiendo exclusivamente de los ciclos de lluvias para poder cosechar, mientras que otros países tecnificados garantizan el sustento de sus sociedades sin importar el tiempo atmosférico.
Ante este panorama, surge un interrogante ineludible: ¿se puede hablar legítimamente de la defensa de la soberanía nacional para justificar el gasto militar, cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de sus propios ciudadanos? Los campesinos exigimos tanto al gobierno saliente como al entrante que enfrenten con fiereza los desafíos del cambio climático y acompañen activamente a la sociedad productora. Las sequías no pueden seguir sentenciando al hambre nuestro futuro.
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