Detened al terror y a las mordazas,
para que renazca, joven, en España
la vida verdadera, la sangre jubilosa,
la ternura feroz de un mundo libre.
¡Detened a la muerte, camaradas!
No pasaran
Octavio Paz
El más reciente escandalo protagonizado por la Policía de Tuluá tuvo un alcance mundial y provocó una inmensa reacción y condena del cuerpo diplomático de varios países. En una conmemoración histórica -que la directora nacional de la Policía declaró un evento pedagógico- los uniformados exaltaron a las tropas nazis y un miembro de la policía, disfrazado de Adolfo Hitler, encabezaba un grupo de policías que lucían uniformes y las insignias nazis.
El evento señalado como un hecho indignante, provocó la reacción del embajador de los EE. UU., quién se declaró “consternado” y “profundamente decepcionado”. En igual sentido se pronunciaron las embajadas de Alemania e Israel, para quienes “ninguna explicación es suficiente”
Este bochornoso incidente nos hizo recordar la denuncia del periodista Daniel Coronell sobre la exaltación que hiciera un tradicional y prestigioso club social de la capital de la república a la doctrina nazi, mediante la exhibición de un desfile militar nazi con la figura de Adolfo Hitler, el criminal que ordenó el genocidio de seis millones de personas, entre judíos, gitanos, homosexuales y comunistas.
En estos episodios, aparentemente aislados nos sirve de hilo conductor para deshilvanar el ovillo de la soterrada admiración que las élites colombianas les profesan a las dictaduras. Como lo dijera el filosofo de Neiva, la burguesía colombiana es democrática, de dientes hacia afuera, pero su afición es la dictadura.
La historia reciente del país así lo demuestra. Pasamos de un régimen dictatorial, que hizo del “estado de sitio” la forma más frecuente de gobernabilidad en el siglo XX, a la figura actual del “estado de excepción” para ejercer la dictadura civil, donde el presidente concentra todos los poderes, legislativo, judicial, electoral e, incluso, las agencias de control.
En ambos casos, las élites en el poder han hecho uso de la doctrina de la seguridad para colocar a las FFMM contra la ciudadanía, y desatar largos períodos de violencia, persecución y exterminio de las fuerzas opositoras. En los años 50 del siglo pasado, el ejemplo de la España franquista y la narrativa del “enemigo interno”, les sirvió para entronizar dentro de los cuerpos de seguridad del estado, los discursos de odio y estigmatización del adversario, dejando como saldo más de medio millón de víctimas.
Durante los últimos 20 años, esa misma narrativa se hizo hegemónica en Colombia, bajo el mandato de la “seguridad democrática”, que el expresidente Uribe le vendió al país como la guerra del estado contra el terrorismo de las Farc. Doctrina que justificó el uso de todas las formas de lucha, legales e ilegales, incluida su alianza con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Esta guerra que le costó al país la cifra de más de 200 mil muertos, 8 millones de campesinos y campesinas desplazados, 6.450 ejecuciones extrajudiciales, el copamiento de extensos territorios de la Colombia profunda y la captura del estado por parte del narcotráfico y la inmensa corrupción de la clase política tradicional.
De este inmenso pantano, en que se sumió el país durante los dos mandatos de Uribe, comenzamos a salir cuando, el presidente Santos decidió apartarse del legado de su mentor, y encaminarse hacia la búsqueda de una salida política al conflicto armando; camino que finalmente nos condujo a la firma del Acuerdo de Paz en la Habana, que ahora llega a su 5º año de vida.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las FARC, no ha estado exento de escollos y avatares. El primero de ellos estuvo en el nacimiento mismo del Acuerdo, cuando el presidente Santos decidió someterlo a la aprobación de un plebiscito, en lugar de una oportunidad para lograr un gran acuerdo nacional de reformas.
Este camino nos condujo a la primera gran frustración al perder el plebiscito frente a las fuerzas del NO. Un verdadero triunfo pírrico que, aún hoy sigue sido el caballito de batalla del desvanecido Centro Democrático, le ha servido para oponerse rabiosamente a los acuerdos y reclamar su ilegitimidad.
El segundo escollo, lo representó la falta de voluntad política para reformar las FFMM y sacar de sus filas la doctrina del “enemigo interno”; razón por la cual, la cúpula militar ha continuado haciendo uso de sus prácticas antiinsurgentes, que se han traducido en permanentes abusos de los DDHH, ejecuciones extrajudiciales, y reiterados escándalos de corrupción e impunidad, que dejan entrever las “orejas de burro” de una oscura postura autoritaria.
El tercer escollo, lo constituye el incumplimiento de los acuerdos legislativos relacionados con las garantías y seguridad para la reincorporación de los excombatientes, la representación política de las víctimas y, particularmente, la reforma política que le ofrezca un nuevo marco para la participación democrática y la expresión de las nuevas ciudadanías.
Particularmente, el derecho a la participación y la protesta ciudadana han sido brutalmente reprimido por parte del actual gobierno, en los más recientes estallidos de protesta juvenil. El balance de estos abusos quedó ampliamente documentado en los informes de la CIDH y en los registros, on line, de las redes sociales y los medios alternativos de información.
Hechos que aún hoy, siete meses después, no han logrado ser esclarecidos y permanecen en la impunidad, pese a los reclamos de los organismos internacionales de los DDHH.
El cuarto escollo ha estado centrado en la incompetencia y el descaro de Duque para hacerle “jugaditas” a la paz. En su primera acción legislativa, se negó a sancionar la entrada en vigor de la JEP, tal como se lo había ordenado el expresidente Uribe. Luego, intentó frenar la acción de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, asfixiándola económicamente y obstaculizando la prolongación de la Ley de Víctimas. Y más recientemente ha saboteado el otorgamiento de las curules a las víctimas.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz trajo consigo una refrescante oxigenación al país, al remover las estancadas aguas del conflicto armado y abrir las exclusas para que las nuevas ciudadanías y los movimientos políticos alternativos comenzaran a forjar caminos independientes de expresión y de protesta.
Aún, en medio del intento del gobierno actual de hacer “trizas” el Acuerdo de Paz y del alto numero de víctimas y asesinatos que ha costado su avance, la marea de la resistencia y la inconformidad popular ha seguido creciendo, tal como lo demostró el estallido social del paro nacional en los meses de marzo, abril y mayo del presente año.
En este nuevo escenario de la postpandemia, la burguesía criolla ha buscado remozar su discurso antidemocrático, bajo la narrativa de que lo que se esconde, detrás de las protestas sociales en Colombia, es la expresión de lo que Alexis López, un entomólogo chileno de extrema derecha, denominó la revolución molecular disipada.
Según está flamante “teoría”, las nuevas formas de la protesta social en América Latina son la expresión de movimientos de guerrillas urbanas desarticuladas que combaten “molecularmente al sistema para sembrar el caos e imponer su propia dominación”.
Esta concepción encaja perfectamente en la ideología uribista que ha tildado de guerrilleros a sus opositores políticos, a los lideres sociales, a los ambientalistas y a los defensores de las víctimas, con los cuáles mantiene una encarnizada disputa en los tribunales de justicia, buscando enjuiciarlos con testigos y testimonios falsos. Al mismo tiempo que justifican el uso de la violencia policial contra los manifestantes y hasta el bombardeo de jóvenes y niños, a quienes el Min defensa llama “maquinas de guerra”.
No es casual que este oscuro personaje haya sido citado por el expresidente Uribe en un tuit, en medio de la protesta social de este año, donde invoca a las FFMM a “resistir la revolución molecular disipada que impide normalidad, escala y copa” y al mismo tiempo sea un invitado especial del gobierno de Duque, para dar cátedra en la Escuela Superior de Guerra, a un grupo de oficiales que hacen el curso de ascenso a generales del Ejercito colombiano.
Esta pseudoteoría de la revolución molecular disipada constituye una vulgar tergiversación de los planteamientos de filosóficos franceses como Foucault (1966), Deleuze (2005) y del psicoanalista Félix Guattari (1977), para quienes, la revolución molecular, es una forma de liberación de la subjetividad, que se encuentra oprimida por los súper poderes que reprimen nuestros deseos y hacen del miedo, un instrumento para mantener la subordinación al tirano.
El embrujo autoritario es el hijo legitimo de miedo en que se apoya el discurso autoritario. Es el mismo discurso que el año 2016, logró despertar el temor religioso a la “ideología de género” para colocar en contra del plebiscito por la paz, a muchos movimientos cristianos. Y, luego en las elecciones del 2018, género zozobra en el electorado con el temor al “castro chavismo”, para favorecer al candidato uribista que finalmente, con la ayuda de la corrupción electoral y la compra de votos, llevó a la presidencia a Iván Duque.
Pero está dinámica cambió radicalmente con la protesta estudiantil de finales del 2019 y, sobretodo, con el estallido de la protesta juvenil y popular de los meses de marzo-abril y mayo de 2021, que produjo un profundo malestar cultural en la sociedad colombiana.
Naturalmente, a este remezón, contribuyó generosamente la pésima gestión económica, social, internacional y política del presidente Duque, quién terminó por cocinarse en su propia salsa de vanidades, lisonjas y estupideces.
Este presidente pasará a la historia, no solo por su total desconexión y desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional, sino por el mérito de ser logrado hacer trizas a su propio partido. Un logro que difícilmente le reconocerá la burguesía nazional que discretamente lo ayudo a elegir y tampoco se lo agradecerán sus correligionarios, a quiénes deja tirados en el fondo del barril de los puercos.
Postre 1:
Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, falla al derecho de autor y viola los derechos patrimoniales, con un abultado plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Así lo confirmó la Universidad Externado de Colombia en un comunicado donde ratifica la investigación iniciada por el portal Plagios y declara la existencia de una violación a los derechos de autor. ¿Será que ahora el gobierno la premiará con un encargo diplomático? Largo, ya.
Postre 2:
A la presidenta (encartada) de la Comisión Quinta constitucional, la senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido conservador), la vimos atragantarse con la intervención de senador Gustavo Petro, reclamando el pronunciamiento de la Comisión Primera del Senado contra las calumnias de María Elvira Salazar, congresista república por el Estado de la Florida, cercana a Álvaro Uribe y quién fuera elegida con el apoyo del CD.
