El desafiante gobernador de Antioquia

El desafiante gobernador de Antioquia

"Luis Pérez, por su aureola de gamonal político, no admite que Antioquia perdió la batalla con el Chocó"

Por: José E. Mosquera B.
abril 17, 2018
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El desafiante gobernador de Antioquia
Foto: El Mundo

Antioquia y Chocó desde el siglo XIX han afrontado varios conflictos de límites en la región del Darién, los cuales han tenido diferentes etapas, la última por el territorio de Belén de Bajirá. Un conflicto complejo, pero cuando se estudian con detenimiento, profundidad y sin sesgos regionalismos, los alegatos de las partes, las actas de las reuniones y de las visitas de campo en los tres procesos de deslindes del 2003, 2007 y 2015. Se examinan los actos administrativos del Igac y de las Comisiones Demarcadoras del Senado de la República. Así como las actas de los debates en las Comisiones Demarcadoras, las Comisiones de Ordenamiento Territoriales de Senado y Cámara de Representantes y las plenarias de Cámara y Senado sobre este asunto. Se concluye que el conflicto de límites entre Antioquia y Chocó, en el sector de Belén de Bajirá, se resolvió el 14 de diciembre del 2016, y así lo ratificó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante un fallo del 20 de febrero del 2018.

El fin de la disputa fue cuando las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron una proposición que devolvió al Igac el expediente del deslinde por no cumplir con los elementos esenciales de límites dudosos, establecidos en la Ley 1447 del 2011

Este ha sido el punto central del debate desde en 2016, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por su aureola de gamonal político, no admite que Antioquia perdió la batalla con el Chocó y recurre a trucos populistas, entre otros, para tergiversar los hechos y desconocer las decisiones de las entidades competentes. En su torpeza política y su comportamiento no quiere entender que el procedimiento del deslinde de límites entre Antioquia y Chocó tenía una connotación diferente a las otras disputas que dirime el Igac. Porque en el caso del Chocó, la Ley 13 de 1947, que creó el departamento, describe de manera clara los límites entre los dos departamentos. Una ley que no ha sido modificada, ni derogada. Por lo tanto, el Igac estaba obligado hacer el proceso de deslinde, basado en el trazado fronterizo definido en dicha norma. Si lo fuera realizado de otra manera había entrado a violar una ley vigente.

El trazado demuestra que el territorio donde se fundaron después de la segunda mitad del siglo XX, las poblaciones de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente está dentro del Chocó. En los procesos de deslinde del 2007 y el 2015 se identificaron técnicamente los puntos geográficos descritos en la Ley 13 de 1947. El Igac los halló y verificó que no han sufrido alteraciones y concluyó que no existen límites dudosos entre los dos departamentos en la región. Por consiguiente, no se pueden aplicar los conceptos de límites dudosos, ni de límites tradicionales que se consagran en la Ley 1447 del 2011, como lo alegaban los antioqueños.

Al no existir límites dudosos, tampoco se puede aplicar los procedimientos para el trámite de límites dudosos que habla el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1447, porque se comprobó técnicamente que no existen dudas, ni alteraciones en los referentes geográficos definidos en 1947.

Frente a esa realidad, el Igac había podido ampararse en el artículo quinto de la Ley 1447 de 2011, que dice: "cuando el límite examinado en terreno corresponda fielmente al contenido de la normatividad o sea objeto de aclaraciones o precisiones que no generen modificación territorial se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de la diligencia de deslinde, que se tendrá como una certificación del límite y no requerirá ratificación posterior".

El Igac había podido aplicar este artículo y con una certificación de límites había dado por terminado el conflicto, sin tener que enviar el expediente al Senado de la República. El gobernador Pérez, frente al peso de la realidad ha recurrido con sus funcionarios, algunos diputados y congresistas paisas a una serie de amenazas, intimidaciones, saboteos y tergiversaciones, francamente peligrosas que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría deben investigar. Por sus salidas torpes, desafiantes y ridículas, Antioquia ha perdido todas las demandas en los tribunales.

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