En medio de su incontrovertible y reconocida ineptitud para manejar el país, Duque ha hecho malabares. Cumple con las prescripciones del Centro Democrático y a la vez trata de amainar los conflictos permanentes que su gobierno ha provocado.
En desarrollo de esa tarea lo sorprendió el quinto aniversario del Acuerdo de paz. El contraste fue notorio. Hace cinco años, su firma estuvo rodeada de entusiasmo popular y de apoyo internacional. Luego de la incertidumbre con el plebiscito, se produjo un fuerte respaldo a la paz que continua imbatible a pesar de todo.
La conmemoración de la semana pasada, por el contrario, fue una ceremonia gris. Ante el Secretario General de la ONU, el Presidente intentó demostrar su compromiso y desmentir acusaciones, frente a algunas insinuaciones del alto funcionario. Mientras tanto se divulgaba la carta de su jefe desde el Ubérrimo, desconociendo la existencia misma del Acuerdo.
Sacar adelante un acuerdo de paz es un asunto muy complicado, como lo muestra la experiencia internacional. Máxime en la situación de Colombia, marcada por un conflicto armado de décadas, el abandono histórico del Estado, la estrategia antinarcóticos y los estragos del neoliberalismo.
Sin embargo, el principal responsable de su rezago, cuando no franco retroceso, es el actual gobierno. Todos los informes muestran que su cumplimiento ha sido muy reducido. Tres factores decisivos explican tan pobre resultado.
El primero, el triunfo electoral de la extrema derecha en 2018, ante la indiferencia de diversos sectores, incluidos algunos cuyo trabajo fue crucial para la materialización del Acuerdo. La decisión de hacerlo trizas, su desconocimiento, deslegitimación y franco saboteo se convirtieron en objetivo central del nuevo gobierno.
Se trataba de revertir todo lo alcanzado. Recordemos que desde su primer mandato Uribe negó la existencia misma del conflicto armado y lo asimiló al terrorismo.
Hay múltiples expresiones de la estrategia de Duque: insistencia en las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y saboteo a su funcionamiento, incumplimiento a las cien mil familias que pactaron la sustitución de cultivos con el gobierno anterior; Mínimo avance en cuanto a la Reforma Rural Integral y a lo pactado con las mujeres del campo.
Ha habido un recorte presupuestal sustantivo para la implementación, reconocido incluso por su Contralor de bolsillo. A ello se suma la designación en puestos clave de sus amigos y copartidarios, enemigos del Acuerdo, como el mismo Defensor del pueblo.
El aprendiz de presidente consolidó un dominio absoluto del Estado y todas sus instituciones, en especial las de control. Por ello, las investigaciones de estas entidades se han orientado a eximir a quienes perpetran delitos y a perseguir a quienes los denuncian. Es además un primer magistrado que irrespeta los fallos de la Justicia.
El segundo factor es la trayectoria de las Fuerzas Militares cuya cúpula es aliada incondicional de la extrema derecha. Durante la Guerra Fría se comprometió a fondo con la teoría del enemigo interno y más adelante con la estrategia antinarcóticos de EE. UU. Sus altísimos índices de corrupción y sus vínculos con el narcotráfico son bastante conocidos.
Esto explica que algunas de las múltiples masacres, asesinatos impunes de más de 1,200 líderes y lideresas sociales y de 300 excombatientes hayan ocurrido en zonas con amplia presencia de las Fuerzas Militares, ante su indiferencia o complicidad.
Por eso, el reciente escándalo de la Policía en Tuluá y la quema de su alcaldía durante el estallido social, donde estaban buena parte de los expedientes por despojo de tierras de la región, no son incidentes aislados. Recordemos que el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, implicado en falsos positivos y con oscuros vínculos con grupos ilegales, lamentó la muerte del tenebroso Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar.
Pero el gobierno, como en tantas otras ocasiones, no dijo nada. Como tampoco lo hizo frente a sus propios escándalos con el Ñeñe Hernández o los de su Vicepresidenta con Memo Fantasma.
Esta trayectoria oscura de las Fuerzas Militares explica también el carácter criminal de la Policía Nacional y del Esmad puesto en evidencia en las movilizaciones sociales de los dos últimos años. Utilización de armas y procedimientos prohibidos, como lo dejaron en claro los informes de la CIDH y de Human Rights Watch. Detenciones arbitrarias, muertes, desapariciones, torturas, mutilaciones, decapitaciones, agresiones y violaciones sexuales.
El tercer factor es la permanente estigmatización de las luchas sociales y de sus dirigentes, un rasgo típico del fascismo. Son parte de esa trama el contrato de 900 millones del ministro de Defensa para simular un auto ataque cibernético; la sindicación a los rusos y cubanos del estallido social; el bombardeo a los niños y niñas. a quienes designó como máquinas de guerra. La justificación sigue siendo la lucha contra el vandalismo y el terrorismo.
Su disfraz recurrente ante la comunidad internacional es el de pacifista y demócrata. Pero aquí lo hemos visto más de una vez disfrazado de policía, respaldando sus excesos.
Sin duda, el Acuerdo de paz seguirá su curso. Ya se convirtió en patrimonio de la población colombiana, dispuesta a defenderlo a como dé lugar.
