El coronavirus aplazó la delimitación del páramo de Santurbán

"Por fortuna el COVID-19 ha parado el proceso, ya que este requiere de cuidadosos estudios hidrológicos e hidrogeológicos que toman tiempo"

Por: Horacio Duque
julio 31, 2020
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El coronavirus aplazó la delimitación del páramo de Santurbán
Foto: Rafael Ayala Castillo - CC BY-SA 4.0

El 2020 será crucial para la vida del páramo de Santurbán y la de millones de santandereanos, pues este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) deberá expedir una nueva delimitación del páramo.

El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico localizado en el nororiente de Colombia, con una extensión de casi 145.000 hectáreas y con más de 30 municipios en su territorio (tanto de Norte de Santander como de Santander).

Se trata de un “estrella hídrica regional” que suma varios parques naturales como: el Parque Natural Regional Sisavita; el Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas; el Parque Natural Regional Santurbán–Arboledas; el Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona; el parque natural Regional Páramo de Santurbán; el Páramo de Berlín; y el Complejo Lagunario del Norte, con 42 lagunas.

Además, fuera de que desde sus entrañas produce el agua para la región, el páramo captura el gas carbónico y genera oxígeno, gracias a la vegetación (musgos, frailejones, líquenes etc.) que se encuentra sobre grandes colchones de humedad, vitales para la regulación hídrica y la producción de oxígeno. Todos estos son elementos fundamentales para la vida humana y animal, así como para la sostenibilidad ambiental.

Así mismo, dentro de su superficie viven 457 especies de plantas y 293 especies de fauna, sin contar con que este ecosistema mantiene y regula la oferta de agua para casi 3 millones de habitantes de manera directa. Por tales características su cuidado y protección es esencial para los santandereanos.

Según el artículo 1º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 del Decreto 2372 del 2010, entre otras normas, los páramos son ecosistemas estratégicos que, por su importancia ecológica, deben tener especial protección, por lo que es deber de las autoridades ambientales adelantar las acciones correspondientes, como es su declaratoria bajo alguna categoría de área protegida.

Adicionalmente, desde la perspectiva del derecho ambiental, los páramos equivalen a fuentes de agua, reservas de biodiversidad, sumideros de carbono y humedales de importancia, y por consiguiente son protegidos a través de instrumentos como la Convención de Nueva York sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos a la navegación, el Convenio de Helsinki sobre cursos de agua fronterizos y lagos internacionales, el convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar.

No obstante tales referentes, el páramo de Santurbán corre un grave peligro, debido a los planes para organizar una mina de explotación de oro por parte de la empresa Minesa, perteneciente al Mubadala Development Company, grupo empresarial del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Abu Dabi, que ha anunciado una inversión de mil millones de dólares con donaciones previas de 38 millones de dólares para el postconflicto colombiano, con un tufillo demagógico y perturbador en las comunidades afectadas por la pobreza por las dádivas que se están otorgando en Bucaramanga, Vetas y California.

Dicho proyecto pretende perforar el macizo con cuatro kilómetros de túneles para arrancar el oro y construir otros túneles de 5,8 kilómetros para transportarlo hasta la planta de procesamiento, y después retrollenar los túneles con una mezcla de cemento y roca, lo que implica afectar la dinámica de las aguas del páramo, tanto superficiales como subterráneas.

La mina propuesta se ejecutará en dos sectores —correspondientes a dos cuencas y dos municipios diferentes— que estarían articulados por dos túneles de 5.800 metros de longitud y cinco metros cuadrados de sección transversal.

Al terminar el proyecto, el valle de la quebrada Caneyes quedaría para siempre rellenado por 19,13 millones de toneladas de relaves (solo el 55 por ciento del total generado, según la empresa). Lo que se pretende es extraer oro, plata y otros metales de interés de las rocas mineralizadas bajo el valle de la quebrada La Baja.

Según el cronograma de la empresa, la construcción y montaje del proyecto deberían comenzar en 2018, la extracción en 2021 y esta continuaría hasta 2044 (en este lapso se perforaría la mayoría de los túneles). Posteriormente, vendrían las labores de cierre que se extenderían por cuatro años, con una etapa final de "restauración" que concluiría en el año 2048.

Desde hace casi diez años otras empresas han intentado desarrollar actividades mineras a gran escala en la zona (Greystar, EcoOro, AUX y Leyhat), pero han fracasado debido a la incertidumbre y a los impactos nocivos potenciales sobre la región. Minesa pretendería sacar partido de la ausencia de una adecuada y estricta delimitación del páramo y de una definición precisa de su protección.

Desde el 2014 el gobierno del expresidente Santos expidió la Resolución 2090, que hizo una delimitación aparentemente maliciosa y chueca del páramo, lo que llevó a las comunidades (representadas en el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán) a interponer una acción de tutela ante la Corte Constitucional por el desconocimiento del derecho a la participación en una decisión de tal trascendencia.

La corte respondió con la Sentencia 361 del 2017, anulando la anterior resolución, porque el Ministerio del Medio Ambiente “desatendió aspectos esenciales del derecho a la participación ambiental de los tutelantes y de la comunidad en general de la zona de influencia del páramo de Santurbán, en el trámite de delimitación del ese bioma". Esto ya que "no convocó a todas las personas que podrían salir afectadas con esa decisión ni efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo", "no generó espacios de participación en donde se buscara el consentimiento libre y razonado de la comunidad, por lo que la mesas de concertación jamás se identificaron con escenarios deliberativos en que los agentes incidieran efectivamente en la determinación final" y "la entidad demandada acudió al diálogo con la comunidad con una decisión tomada, al punto que esas reuniones se convirtieron en espacios de socialización de la misma”.

Por eso la corte reprochó que el ministerio acudiera a un mecanismo inidóneo para convocar a las comunidades afectadas, yerro que imposibilitó una participación real de la población. En síntesis se desconoció, dice la sentencia, la participación pública y deliberativa de la comunidad, al omitir realizar una convocatoria amplia y abierta que incluyera a todos los afectados con la delimitación de ese bioma, y al no construir espacios de diálogo y deliberación que permitieran a la colectividad intervenir de manera efectiva y significativa en la delimitación y regulación de ese nicho ecológico. La administración renunció a buscar el consentimiento libre de la ciudadanía, a través de un consenso razonado, y acudió las mesas de concertación con una decisión de delimitación ya tomada. Así la colectividad de la zona jamás tuvo una intervención previa en la regulación del recurso natural referido contenido en la Resolución 2090.

La reglamentación hecha por la administración Santos se trató, en mi opinión, de un proceso de regulación político-minero fraudulento, en vez de una acción técnico-científica. La Resolución 2090 de Santos no se basó en estudios científicos y se expidió de forma exprés, aparentemente para favorecer a las grandes empresas mineras funcionales a la locomotora minera santista neoliberal; no se hicieron estudios suficientes y pertinentes, y no se dio prioridad al agua para el consumo humano y a la protección del ecosistema.

Lo mismo parece estar ocurriendo en el gobierno del señor Duque, quien pretende aprovechar el hueco que dejó la Corte Constitucional al no indicar restricciones a la expedición de nuevas licencias ambientales, de lo que podría aprovecharse Minesa para formular nuevos estudios de impacto ambiental que permitan los trabajos de instalación de la mina en Soto Norte.

Digamos que por fortuna el coronavirus ha parado la nueva delimitación del páramo de Santurbán porque una decisión de tales dimensiones requiere de cuidadosos estudios hidrológicos e hidrogeológicos, que pueden tardar al menos 70 meses en llevarse a cabo. Lo ideal es que en una nueva delimitación quede establecido que Santurbán es un ecosistema integral hasta las bocatomas del Acueducto de Bucaramanga; que no se permitirá la gran minería en ninguna altura; y que también se establezca la erradicación de todo tipo de actividad agrícola y ganadera porque de lo que se trata es de proteger el agua de millones de ciudadanos.

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