Si los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogen una solicitud que les acaba de hacer la Procuraduría, la Casa de La Moneda de Portugal no recibirá, al menos por ahora, ni un céntimo de los $1,8 billones que le cuesta a Colombia la impresión de nuevos pasaportes.
La petición consiste en que la corporación decrete una medida cautelar (preventiva) y orden la suspensión de los pagos mientras se determina si el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y los portugueses cumple con los requisitos legales.
Marcio Melgosa Torrado, el procurador delegado que le ha venido haciendo un seguimiento milimétrico al negocio, adujo en un oficio de ocho páginas que los vicios de ilegalidad del contrato sobre los cuales ha advertido su despacho pueden afectar seriamente el patrimonio público.
Su opinión es la misma en que se fundamenta la demanda de nulidad del contrato. Consiste en que el convenio fue firmado en contravía de la Ley 1140 de 2007 que hace obligatoria en estos casos una licitación pública que no se produjo.
El negocio fue cerrado de acuerdo con las ordenes perentorias impartidas por el presidente Gustavo Petro, empeñado en quitarle el contrato que durante 17 años estuvo en manos de la compañía Thomas Greg and Sons.
No es el primer tropiezo que se produce en la nueva ruta de los pasaportes. Las condiciones que rodearon la negociación ya le costaron el puesto a un Canciller, Álvaro Leyva Durán, y la suspensión que antecedió a su salida de la Casa de Nariño al llamado pastor Alfredo Saade.
Para Melgosa es claro que los funcionarios que intervinieron en la operación actuaron en el contexto de una evidente desviación del poder y no tuvieron en cuenta aspectos sustanciales como la falta de capacidad de la Imprenta Nacional para producir los pasaportes, razón por la cual fue necesario subcontratar a la Casa de la Moneda de Portugal.
El Ministerio Público considera entonces seriamente vulnerados los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva.
El procurador Melgosa ha advertido que sería mucho más perjudicial para el país no decretar la medida cautelar que hacerlo, ya que los contribuyentes terminarían costeando la producción de un documento producto de una clara violación a la ley. Lo preocupante para él es que ese pago se produzca antes de que la autoridad competente declare si el proceso fue nulo o no.
Por lo demás, los pagos se darían sin el soporte de estudios previos necesarios y por ende sin el soporte económico necesario. “El transcurrir del tiempo -planteó el delgado- puede terminar convalidando las antijuricidades discutidas, teniendo en cuenta que los pagos se efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos y/o económicos que las soporten”.
Concluye así que es preferible que el litigio sobre el convenio se desarrolle sin el giro de recursos, en vez de permitir pagos parciales mientras se resuelve la controversia.
En Un lacónico pronunciamiento la Cancillería informó que el proceso y los incidentes que surjan en su desarrollo no ponen en riesgo la provisión de los pasaportes.
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