El conocimiento de la ley, una obligación imposible

Cuántos no han tenido que pagar multas por infringir de manera inintencionada una regla desconocida o, por qué no decirlo, verdaderamente absurda

Por: MARCO AURELIO ALVAREZ QUIROZ
enero 13, 2020
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El conocimiento de la ley, una obligación imposible
Foto: Pixabay

Se conocen con el nombre de “principios fundamentales del derecho” a un serie de afirmaciones que pretenden dar un sustento lógico a la ciencia jurídica y que a su vez permitan que esta sea entendida por cualquier persona, entre dichos principios existe uno que reza lo siguiente: “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. Dicho principio fue incorporado, o más bien vertido, en nuestro código civil —que no es tan nuestro por cierto—. Y aun cuando la finalidad de tal afirmación es de corte estrictamente ético, así los iuspositivistas a ultranza digan lo contrario, se ve aplicada en ocasiones en perjuicio del ciudadano, y esos mismos que afirman que entre ética y derecho no debe existir ninguna relación apelan a ella cuando la ocasión así lo requiere.

Otro aspecto interesante del asunto es que el principio en mención, que se remonta a los tiempos de la Roma republicana o quizá mucho antes, era válido en una época donde las leyes eran “pocas y claras” tal como decía Moro en su utopía; sin embargo hoy por hoy tal cosa es un imposible; y lo es, tanto para un ciudadano de a pie como para un estudioso de la materia. Prueba de ello es que en cualquier facultad de Derecho se encontrará con la siguiente declaración, expresada algún profesor de primer semestre: “estimados, no se preocupen ahora por leer los códigos, que cuando terminen la carrera ya se habrán modificado o simplemente dejado de existir”, y aunque la misma pueda parecer hilarante es una verdad de a puño, y genera una situación de inestabilidad es sufrida por todos; pues no hay persona en el país que no haya sido víctima de lo piensa es un abuso, al que debe someterse por el simple hecho de que una ley, o norma así lo estipula.

Cuántos no han tenido que pagar multas por infringir de manera inintencionada una regla desconocida o, por qué no decirlo, verdaderamente absurda, como la importación de chinos (ley 62 de 1887) que al momento de escribir estas líneas creo ha sido derogada, algo que sin lugar dudas es muy favorable para los chinos. Quién no se ha visto afectado por la multa obtenida al no cancelar un servicio que no fue prestado pero sí cobrado religiosamente, como son por ejemplo los de televisión por cable o telefonía celular; y ni qué decir de las multas impuestas al desobedecer lo establecido en los POT (Planes de Ordenamiento Territoriales) que parecen cambiar de la noche a la mañana. Seguramente mientras usted lee estas líneas está recordando algún otro ejemplo desagradable que pudiera sumarse a esta lista, o peor aun viéndose inmerso en uno.

¿Pero a qué se debe esto? La respuesta es sencilla, el asunto es consecuencia directa de la extrema politización del país, de la ausencia de una verdadera y efectiva separación del poder público y de un irrespeto a las instituciones, que deriva en la hiperinflación normativa que beneficia a unos y perjudica a otros, violándose de esta manera otro de los principios generales arriba mencionados que quizá sea el más adecuado para lo que tratamos de señalar y que reza lo siguiente: “nadie puede ser obligado a lo imposible”, y por perogrullesco que pueda parecer, es precisamente a lo que intentan obligarnos aquellos que pretenden que los ciudadanos nademos en el tormentoso océano de leyes, normas, sentencias, ordenanzas, decretos, directrices y demás.

Para lograrlo se refugian o escudan de manera descarada en una retórica incomprensible pero bien adornada, como en el caso de la sentencia C-651/97 que declaró exequible el artículo en mención, afirmando que la simple promulgación es suficiente para que automática o mejor mágicamente la ley sea conocida y obedecida, como puede verse en una de las intervenciones contenidas en ella: “La promulgación de las leyes ha sido diseñada por el legislador como un mecanismo idóneo para permitir un oportuno, adecuado y seguro conocimiento de ellas por todos los habitantes del territorio colombiano. Por lo tanto, entrada en vigencia la ley, y cumplidos los requisitos de promulgación, su acatamiento debe ser obligatorio, sin que se pueda alegar como excusa que se ignoraba”. Cualquier lego al leer esto, bien puede interpretarlo de la siguiente manera: “se debe conocer y obedecer la ley y punto”. En conclusión, estamos obligados a lo imposible.

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