El complicado pasado de los 12 Senadores que no quisieron votar la JEP

Familiares investigados o condenados por paramilitarismo fue el argumento que más pesó, aunque otros confesaron su rechazo visceral a la JEP

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noviembre 09, 2017
El complicado pasado de los 12 Senadores que no quisieron votar la JEP

De los 44 congresistas que le solicitaron a la plenaria del Senado abstenerse de participar en el debate y la votación de la Jurisdicción Especial para la Paz, solo a 12 se les aceptaron sus impedimentos. Además, varios de los que se declararon impedidos ahora son los herederos del capital de muchos políticos condenados por parapolítica.

Andrés Felipe García Zuccardi, quien logró más de 50.000 votos para llegar al congreso con el Partido de la U, aseguró que no puede participar porque es hijo de Piedad del Socorro Zuccardi, quien está siendo investigada desde 2013 por sus presuntos vínculos con paramilitares en el departamento de Sucre. Piedad Zuccardi fue capturada en 2013 y quedó libre en 2016 por vencimiento de términos. Sin embargo, la investigación contra ella todavía continúa.

Teresita García, elegida con el partido Opción Ciudadana (antiguo PIN), es la tía de Andrés García Zuccardi y hermana de Álvaro el ‘Gordo’ García, condenado a 40 años de prisión por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo en la que fueron asesinados 15 campesinos a piedra y garrote. El 14 de octubre del 2000, 80 paramilitares al mando de Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, entraron al pueblo y asesinaron a los campesinos. Además, desplazaron a 200 familias, hecho por el cual también está siendo investigado García quien, según la Corte Suprema de Justicia, es considerado como uno de los principales colaboradores de los grupos paramilitares en Sucre, Bolívar y en la Región de los Montes de María. Según el alto tribunal, García fue una ficha clave para la incursión y la expansión de las autodefensas en la región. Teresita García heredó los votos de su hermano y por esta razón también presentó su impedimento para participar en las plenarias sobre la JEP.

Otro de los congresistas que se declaró impedido fue Julio Miguel Guerra, también de Opción Ciudadana. Guerra es primo del ganadero cordobés Víctor Guerra de la Espriella, quien en 2007 fue condenando a 6 años de prisión por haber sido uno de los que firmó el conocido Pacto de Ralito, un acuerdo entre paramilitares y varios dirigentes políticos el 23 de julio de 2001. Otro de la misma familia es el senador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, investigado por el caso Odebrecht. El senador también tuvo un proceso por parapolítica del que salió bien librado, pero su primo Miguel de la Espriella terminó condenando a tres años y siete porque también haber firmó el Pacto cuando era representante a la Cámara. Finalmente, del Clan Guerra, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María del Rosario Guerra, hermana de Antonio Guerra, dijo que “era mejor ser previsiva” debido a las mismas investigaciones de las que es señalado su hermano en la Corte Suprema de Justicia y por la condena de su primo Miguel de la Espriella.

Del Centro Democrático también se declaró impedido Honorio Henríquez Pinedo, sobrino de Miguel Pinedo Vidal, condenado en 2012 a nueve años de prisión por aliarse con el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, líder del Frente Resistencia Tayrona de las AUC. Giraldo Serna declaró en versión libre que apoyó a Pinedo para que llegara al congreso en los años 1998 y 2002.

Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador, es hija del ex congresista Vicente Blel, también condenando por parapolítica. Vicente Blel se alió con el Bloque Bolívar para recibir apoyo político en el departamento y sostuvo varias reuniones con los jefes paramilitares Ernesto Báez y Salvatore Mancuso. Este último aseguró que Blel “aceptó con su presencia la injerencia de las autodefensas en el proceso electoral de 2003 y convino trabajar con ellas en esas actividades, aceptando implícitamente el poder y el liderazgo de la agrupación ilícita”.

Mauricio Aguilar, el congresista del partido Opción Ciudadana, es hijo del coronel Hugo Aguilar, quien fue gobernador de Santander en 2004 y luego condenando a nueve años de prisión. Según dictó la condena, “Hugo Aguilar Naranjo promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia y puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal”. Salvatore Mancuso también declaró que Aguilar recibió el apoyo de los paramilitares para su campaña a la gobernación y era custodiado por ellos cuando iba a las zonas de control de las AUC a hacer campaña.

La otra congresista del Partido Conservador que tiene una investigación por parapolítica es Olga Suárez Mira, quien además es hermana del prófugo Óscar Suárez, condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus alianzas con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas para la campaña al Congreso en 2006. Olga Suárez es señalada de haberse reunido en 2005 cuando era alcaldesa de Bello, Antioquia, con Pablo Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC. La acusación se dio en medio de una declaración que dio Alberto Guerrero en la investigación contra el senador Luis Alfredo Ramos, también por parapolítica.

Finalmente, Paola Holguín, Jaime Amín y Daniel Cabrales, todos del Centro Democrático, se declararon impedidos por haberse expresado abierta y públicamente en contra de la JEP. Holguín aseguró que esta no respeta los derechos fundamentales; Amín dijo ser víctima del accionar de las FARC y Daniel Cabrales se declaró impedido porque “podría ser víctima de una justicia parcializada”.

Estos impedimentos podrían terminar facilitando el trámite en cuanto sólo se requerirán de 45 votos para aprobar la JEP.

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