Hoy la situación solo puede describirse como sombría. El comité de paro y sus aliados siguen imponiendo un castigo colectivo a la población civil de Colombia demandando cierres y restricciones sobre el desplazamiento de personas y bienes dentro del territorio, demostrando un desprecio deliberado por los compromisos asumidos en el proceso de paz. Con semejantes formas despreciables de intimidación y engaño se ha sometido al pueblo y se han generado tensiones y conflictos en el país, no conducirán a la paz.
El bloqueo al que somete comité de paro a la población ha obligado a millones de civiles a sumirse en la pobreza y el aislamiento. De hecho, ha debilitado la seguridad alimentaria de los pobres, ha cerrado decenas de miles de fábricas, lo que ha dejado sin empleo a decenas de miles de personas y las ha sumido aún más en la pobreza, sin la prestación de primeros auxilios de emergencia y una atención médica adecuada, lo que agravó aún más la ya desesperada situación humanitaria. Se trata de una de las prácticas bélicas más odiosas e infames.
Esa política inmoral obstruye el acceso a escuelas, hospitales, granjas, centros de trabajo y lugares sagrados e impide la llegada de alimentos y asistencia humanitaria revela la irresponsabilidad de las personas que ponen en peligro la salud e incluso la vida de los que deberían estar ayudando al aprobar el menosprecio de la dignidad humana. Esta destrucción masiva de hogares, propiedades e infraestructura en detrimento de las condiciones de vida de los colombianos viola claramente el derecho internacional. El hecho de que después de todos estos días se siga sin encontrar una solución al bloqueo ilegal e injusto constituye una carga considerable para la Colombia. El costo humano de la violencia terrorista lo soporta el pueblo colombiano. Su sufrimiento continuará hasta que el presidente —que es el auténtico garante de la paz, la libertad, la seguridad y la dignidad humana— hará respetar la constitución.
Los señores del Comité de Paro deben escuchar el llamamiento de la comunidad internacional y liberar del asedio a la vida civil en algunas regiones de Colombia y levantar el bloqueo ilícito (véase, entre otras, las declaraciones de Vivanco, Human Rights Watch, y de la Unión Europea). Todos esos actos inadmisibles emprendidos con pretextos arbitrarios y vacíos son ilícitos de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, entre ellas crímenes de guerra en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y su Protocolo Adicional I e incluso crímenes de lesa humanidad contra el pueblo, lo que supone una violación de todas las normas y los principios del derecho internacional humanitario. Es bueno poner coto a estas prácticas inmorales. No hay lugar para ídolos usurpadores, no importa cómo se llamen.
La continuación del injusto e inhumano bloqueo económico para castigar colectivamente a toda la población, el control y, de hecho, la asfixia y el castigo colectivo no permite a los colombianos ejercer sus derechos nacionales inalienables y realizar actividades, particularmente los derechos a la salud y la educación, cometiendo graves violaciones de los derechos más básicos y casos de trauma psicológico entre la población civil además de la destrucción de propiedades, viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura. Por otro lado, los violentos extremistas armados continúan cometiendo actos de violencia, acoso, provocación, incitación y terrorismo contra civiles. Además, las prácticas represivas diarias de los golpistas ocupantes prosiguen con toda su intensidad: los puestos de avanzada y el establecimiento de puestos de control y barreras, la imposición de restricciones sobre la circulación de personas y bienes, la violencia de algunas comunidades indígenas y tantas otras medidas coercitivas, también son muy preocupantes.
Esa política cobra sus peores formas a través del bloqueo completo y el establecimiento de decenas de controles y barricadas en las carreteras, el régimen de permisos y, en particular, las restricciones impuestas a los habitantes. La lista de estos actos y medidas ilegales golpistas es larga. Sin lugar a duda, el hecho de que la comunidad internacional no pida cuentas a comité de paro y sus aliados golpistas por sus violaciones y crímenes de guerra ha reforzado su impunidad y su conducta al margen de la ley y le ha permitido continuar utilizando la violencia y el castigo colectivo contra el pueblo indefenso que está bajo su ocupación. Esto no solo ha agudizado gravemente la injusticia y el sufrimiento del pueblo, sino que también ha menoscabado la credibilidad del derecho internacional y del orden internacional en su conjunto.
Por consiguiente, todas las solicitudes de comité de paro son nulas y no tienen validez y son ilícitas de conformidad con lo dispuesto por el derecho internacional, es contraria al espíritu y la carta de la constitución y plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones de los dirigentes golpistas y refleja la absoluta arrogancia y el desdén por la voluntad y el consenso internacionales en ese sentido. Ese bloqueo ha agravado la pandemia, al provocar pobreza, hambre, enfermedades y desempleo masivos. Los extremistas deben rendir cuentas de sus hechos. El Estado de derecho debe prevalecer. El bloqueo de Colombia debe levantarse. Las actividades económicas deben reactivarse mediante el levantamiento de las restricciones al movimiento de las personas y los bienes. De ese modo se generaría un clima de confianza y se propiciaría el apoyo creciente de la opinión pública colombiana, que permitirían a las partes tomar decisiones que hoy tal vez parezcan muy difíciles y lejanas.
El Comité internacional de voluntarios Italia-Unión Europea y el Comité Mil Abogados por la Constitución y la Defensa de la Democracia en Colombia destinado a concienciar a la comunidad internacional sobre esa cuestión, considera que la continuación de la ocupación ilegal de territorio colombiano es una auténtica vergüenza y pide que todas las partes se esfuercen más por conciliar las posturas a partir del consenso prevaleciente sobre la necesidad de llegar a la solución. Mientras perdure la situación, no dejaremos de recordar a comité de paro y sus aliados golpistas, los ocupantes, que el derecho internacional le impone obligaciones precisas. La impunidad por las violaciones graves debe cesar. Hay que establecer los principios de responsabilidad y rendición de cuentas y hacer todo lo posible para impedir que se repitan las atrocidades cometidas por los violentos y la tragedia que golpea a su población civil, que impiden la reconciliación nacional.
La mejor solución sería restablecer el Estado de derecho en el marco de la legalidad y la legitimidad internacionales. El comité también espera que, como órgano constitucional que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad nacional, el presidente Duque cumpla con las obligaciones que le impone la carta, ayudar al pueblo a hacer realidad sus derechos inalienables y aliviar las penurias que sufre la población. Nuestro comité también encomia a las organizaciones de la sociedad civil por su apoyo al pueblo colombiano y alaba las valientes acciones de las fuerzas armadas y de las fuerzas de policía por su sabio liderazgo en defensa de numerosos ciudadanos, algunos de ellos vulnerables, que mantuvieron informados a su población sobre las crudas realidades de la vida bajo ocupación.
El comité también se compromete a seguir desarrollando su cooperación con los parlamentarios italianos y europeos y las organizaciones internacionales de abogados, ha efectuado, y sigue efectuando, una contribución importante para informar a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre las cuestiones de interés. La Unión Europea, en particular el Parlamento Europeo y la Comisión, debe asumir su responsabilidad transmitiendo un mensaje claro y rotundo a los ocupantes en el sentido de que ya no tolerará más sus prácticas ilegales, violaciones y crímenes, porque el deber de acatar los principios del derecho internacional debería estar por encima de toda otra consideración que pueda ridiculizar nuestro sistema internacional. Ese compromiso de principios con el derecho nos ayudará a romper el círculo vicioso de impunidad y poner fin a los delitos que tanto sufrimiento han causado y que han prolongado ese conflicto trágico, así como a garantizar la protección de la población civil colombiana. Amén.
Nota:
Esas medidas constituyen crímenes de guerra con arreglo al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vulneran el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra y contravienen gravemente al derecho internacional humanitario con arreglo al artículo 147 del Convenio. También suponen una violación de numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas las resoluciones 476 (1980) y 478 (1980) del Consejo de Seguridad.
