La llegada al gobierno nacional de Colombia de una propuesta político-administrativa con unas formas de pensar, decir y hacer totalmente distintas a las que ha tenido la clase política tradicional que ha gobernado al país durante más de doscientos años necesariamente tenía que despertar todo tipo de reacciones de esa clase política y, ¿cómo no?, de los gremios y medios de comunicación que los habían patrocinado y sostenido en el poder hasta el 6 de agosto del 2022.
El uribismo, durante los últimos 20 o más años, impuso la idea de que los cargos de alcalde, gobernador y presidente venían incluidos con una especie de licencia para hacer de todo, no hacer nada o dejar de hacer con tal de favorecer el desarrollo de la famosa seguridad democrática. Soportado en una absoluta desconfianza por lo público y con unos niveles de violencia insoportables para toda la ciudadanía, el uribismo impuso un estilo de gobierno en el que el lema era acabar con los bandidos como fuera, con tal de mantener la cacareada confianza inversionista.
Este estilo de pensar, hablar y hacer las cosas del uribismo naturalmente fue promocionado, aplaudido y amplificado por la llamada gran prensa nacional, la que siguiendo las ordenes de sus propietarios impuso la idea según la cual todo estaba bien y que para mantener esa aparente prosperidad era necesario hacer “algunos sacrificios”, dentro de los cuales, sin decirlo abiertamente, estaban la verdad, la libertad y la vida: más de 6402 muchachos así lo atestiguaron.
Ahora que Gustavo Petro y Francia Márquez, elegidos democráticamente como presidente y vicepresidenta de Colombia, han asumido las riendas del gobierno nacional del país y han empezado a cumplir su promesa electoral de cambio, las voces de incomodidad, pero sobre todo, de miedo frente a ese cambio no se han hecho esperar. Y ni más faltaba, han sido amplificadas a niveles de ruido por la gran prensa nacional, haciendo sentir, de paso, su viudez de poder a través de un supuesto y mal llamado cuarto poder.
La actitud “disruptiva” del gobierno nacional del Pacto Histórico ha sido contestada con las acostumbradas herramientas de la derecha colombiana, esto es: el uso de la mentira y la falacia (que no son lo mismo) para manipular, a través de sus medios de comunicación, a una opinión pública, que si bien es cierto se expresó electoralmente en favor del cambio, aún es víctima de la contracultura traqueta que impuso el uribismo y, sobre todo, de una profunda ignorancia del funcionamiento del Estado colombiano y de su marco jurídico.
Frente a esta falta de conocimiento del Estado y de cómo funciona, vale la pena señalar que resulta paradójica esa ignorancia política en una sociedad en la que se presenta simultáneamente una sobreoferta de profesionales del Derecho. En todo caso, la clase política tradicional, lo mismo que los voceros de los grandes gremios de la producción colombiana, aprovechando esta ignorancia política de las mayorías y haciendo uso de los medios de comunicación de su propiedad, han lanzado una campaña de desprestigio en contra del gobierno nacional para hacerlo ver como incompetente, incapaz y dictatorial.
Afortunadamente, existe un importante número de profesionales y estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, lo mismo que intelectuales de distintas ramas, que han asumido la tarea de hacer pedagogía sobre el funcionamiento del Estado y de las normas que lo regulan. Gracias a los esfuerzos de estas personas nos hemos podido dar cuenta de la mala intención de la mal llamada oposición inteligente y de los mercenarios de la información al tratar de hacernos creer que las recientes decisiones del gobierno nacional del Pacto Histórico eran una especia de primeros pasos hacia la dictadura. Nada más alejado de la verdad.
Contrario a las burradas que se atreven a espetar públicamente los voceros de la oposición inteligente (Polo-Polo, Fernanda Cabal, L.C. Vélez, Diego Santos, Enrique Gómez, el Tino Asprilla, J. E. Robledo, Marbelle y demás), la decisión del gobierno nacional de reasumir algunas funciones presidenciales, hasta ahora delegadas por conveniencia, pereza o mala leche, lo mismo que la idea de reenrutar políticas públicas ya caducas o fracasadas (energético-ambiental y lucha antidrogas, respectivamente), está ajustada a lo que prescribe la Constitución Política de Colombia y el marco jurídico (leyes) que la desarrollan.
Según art. 211 Const., el presidente de la República puede delegar sus funciones y "podrá siempre" reformar o revocar la delegación, "reasumiendo la responsabilidad consiguiente".
Ver arts. 370 C.P. y 68 Ley 142/94. Pte. reasumió la función delegada en comisiones de regulación— José Gregorio Hdez G (@josegreghg) January 31, 2023
El buen ejemplo del presidente Gustavo Petro de cumplir las funciones para las cuales se hizo elegir y fue elegido dentro del marco constitucional era la ruta que desde hace mucho tiempo debieron haber asumido alcaldesas, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. Es probable que si lo hubieran hecho nuestro presente fuera distinto, incluso hasta mejor.
La ñapa. Si bien es cierto que la lectura y comprensión del lenguaje jurídico es hasta cierto punto un tanto complicado y por lo tanto aburrido, desde este espacio invitamos a los líderes comunitarios y políticos a reforzar esta campaña de pedagogía jurídica y política del funcionamiento del Estado con familiares, amigos, vecinos y conocidos.
Veritas liberabit vos (versículo 8:32 del Evangelio de Juan).
