El asesinato de comuneros del pueblo Nasa

23 años de impunidad y el Ministro Pinzón condecora a vinculados en el crimen

Por: Don Palabras
agosto 11, 2014
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El asesinato de comuneros del pueblo Nasa
diarioadn.co

El crimen

En la noche del 16 de diciembre de 1991, en un ejercicio ya conocido de combinación de distintas formas de lucha, el establecimiento asesinó a Darío, Ofelia, Carolina, Adán, Edgar, Eleuterio, Mario, Tiberio, María Jesusa, Floresmiro, Mariana, Nicolás, Otoniel, Feliciano, Calixto, Julio, José Jairo, Jesús, Daniel y Domingo, comuneros del pueblo Nasa del norte del Cauca, sujetos de especial protección constitucional quienes se encontraban en una ocupación pacífica de la hacienda El Nilo en inmediaciones del corregimiento El Palo, municipio de Caloto, norte del Cauca.

La orden fue impartida por empresarios de la región que recientemente habían comprado la hacienda, y ejecutada por un comando armado compuesto por civiles y agentes de la policía nacional, adscritos al distrito de policía de Santander de Quilichao y a la compañía antinarcóticos con sede en el mismo municipio.

A pesar de que la cacareada justicia penal militar, a través del juzgado de primera instancia de la policía y del tribunal superior militar, y avalada por la procuraduría general de la nación absolvió la responsabilidad de los uniformados, entonces capitán Fabio Alejandro Castañeda y el mayor Jorge Durán Argüelles; en recientes días el Consejo de Estado encontró que el extenso material probatorio presentado por la defensa de los agentes del Estado presenta tales imprecisiones, contradicciones e inexactitudes, que no permite eximir la responsabilidad civil ni penal de los mencionados agentes.

El alto tribunal de la justicia ordinaria resuelve entonces condenar civilmente a los implicados a cubrir con su pecunia el 40% del valor monetario de la sentencia proferida contra el Estado por la CIDH, es de esperarse que con base en esta sentencia las autoridades judiciales reversen la decisión tendenciosa de los tribunales militares y trasladen los procesos penales a la justicia ordinaria, donde se espera se sancione ejemplarmente a quienes bajo órdenes de privados y empuñando las armas de la república planearon y ejecutaron el asesinato de colombianos a quienes juraron servir y proteger.

La recompensa

Poco tiempo después de ocurridos los hechos de El Nilo el mayor Durán Argüelles fue llamado a calificar servicios por el presidente Samper, gozando de buen retiro se ha dedicado a negocios particulares, principalmente de importaciones y es un activo miembro de la organización de oficiales retirados de la institución. Por su parte Fabio Castañeda valiéndose de la absolución de los tribunales castrenses continuó su carrera hasta ser Brigadier General, retirándose el año anterior -siendo comandante de la policía metropolitana de Cali- con todos los elogios proferidos por el ministro Pinzón y las autoridades civiles de la capital del Valle por su “ejemplar actuación y excelentes resultados”. Ya DonPalabras había manifestado su rechazo a tan deshonrosa vulneración de la memoria de las víctimas ante el verde oliva que portaba el héroe del Nilo.

Es así como las víctimas vieron que los victimarios eran ungidos con todos los favores que la institucionalidad profiere, recompensando la actuación dolosa y criminal con ascensos o retiros tranquilos bajo el manto de impunidad total que puede otorgar la justicia que es juez y parte, la justicia penal militar.

La impunidad

Es ese aparato judicial-criminal el que ha sido defendido a ultranza por el gobierno de Santos –sí, el de la paz-, recuérdese que en octubre de 2013, la Corte Constitucional hundió el proyecto de ampliación del fuero penal militar que había sido aprobado por la Unidad Nacional en el congreso y avalado por la procuraduría; tal decisión del alto tribunal causó la indignación del ministro de guerra Pinzón quien entonces aseguró que el mensaje de la Corte era un “duro golpe a la moral de las fuerzas armadas”; pero no se quedó en el lamento el ministro Pinzón, rápidamente se radicó un proyecto de fortalecimiento de los fondos y del sistema de defensa técnica de militares y policías involucrados en investigaciones por actos de servicio.

Actualmente cursa en el congreso un nuevo proyecto de fuero penal militar que ya activó la alertas de organismos internacionales de promoción de Derechos Humanos, como Human Rights Watch cuyo director en misiva dirigida al ministro Pinzón manifiesta preocupación por lo que considera “flagrante contravención a las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia de conformidad con el derecho internacional” refiriéndose específicamente a los casos de crímenes de Estado conocidos como falsos positivos.

Pero no llegan hasta ahí los exabruptos de este proyecto. Trasladar de la justicia ordinaria a la penal militar los procesos ya abiertos y los que están en espera de abrirse y que involucran casos de violaciones a los Derechos Humanos y contravenciones al Derecho Internacional Humanitario; conocer con exclusividad los delitos contra la protección de información, contra la seguridad pública y contra la población civil; y excluir taxativamente a futuro la competencia de la justicia ordinaria y de la fiscalía en relación con los asesinatos cometidos por agentes estatales, hacen parte del paquete de facultades que otorga este proyecto a la justicia penal militar, de la cual se reconoce un “record histórico –que- demuestra que cuando la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas por personal de las Fuerzas Armadas queda en manos de la jurisdicción militar, el resultado ha sido casi sin excepción la impunidad” en palabras de Vivanco, director de HRW.

Mientras el presidente asegura en medios de comunicación que es “el tiempo de las víctimas”, en el congreso pretende, con la ampliación del fuero militar, revestir de impunidad y condenar al olvido ignominioso la memoria de quienes fueron asesinados, heridos, desaparecidos, violados sexualmente, torturados por aquellos que reciben sueldos de nuestros impuestos, y que alguna vez juraron que nos protegerían a nosotros y a la Constitución.

Ñapa: Debe estar revolcándose en su tumba Luis Carlos Galán, al ver que su hijo Juan Manuel es uno de los principales defensores del proyecto que blinda de impunidad a sus victimarios.

Ñapa 2: Como si nada hubiera cambiado –en realidad nada ha cambiado- militares y paramilitares acosan, asedian y amenazan a la comunidad de paz de San José de Apartadó. Tal es el caso del comandante de la Brigada XVII del Ejercito, Germán Rojas Díaz, quien afirmó: "vamos a hacer un trabajo especial en las veredas de San José de Apartado, para recuperar algunos espacios que se habían perdido". Ya sabemos, recordamos con dolor lo que eso significa, justo en el gobierno de la paz…

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