Texto escrito por: Guillermo Alfonso Forero Medina
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El 8 de septiembre, durante el debate de control político de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, le atribuyó al gobierno anterior una deuda de 41.130 millones de pesos con agentes del sector ganadores de estímulos o vinculados a la ejecución misional de la entidad durante las vigencias 2024 y 2025, además de contratos sin liquidar y sobrecostos que, según dijo, heredó sin haber podido hacer empalme.
Horas después, la exministra Yannai Kadamani respondió en un hilo de X que MinCulturas había comprometido y ejecutado el 99 % de sus recursos cada año de su gestión y acusó al nuevo gobierno de priorizar la adecuación de espacios religiosos sobre el pago a los artistas. Las dos defendieron cifras distintas, pero la serie histórica de ejecución presupuestal a precios corrientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público permite mirar el problema más allá del cruce de responsabilidades.
Los datos publicados en el Portal de Transparencia Económica, con corte al 31 de agosto de 2026, muestran que desde 2021 Cultura amplió la distancia entre lo que compromete y lo que finalmente obliga y, al mismo tiempo, empezó a quedar por debajo de la ejecución agregada del Presupuesto General de la Nación (PGN) sin servicio de la deuda. Esa distancia no apareció con el cambio de gobierno del 7 de agosto, sino que viene de antes y atraviesa dos administraciones.
Conviene empezar por el 99 % que defiende Kadamani. Comprometer un recurso quiere decir que el Estado ya lo destinó mediante un contrato o un acto administrativo, pero no que el bien o el servicio se haya recibido ni que el gasto se haya convertido todavía en una obligación. Según la misma fuente, Cultura comprometió entre el 96,9 % y el 99,7 % de su presupuesto en cada año cerrado desde 2019, durante los gobiernos de Duque y Petro, de manera que ese nivel no distingue una gestión particular ni puede presentarse por sí solo como prueba de buena ejecución, pues el sector ya registraba cifras semejantes antes de que Kadamani llegara al ministerio.
El problema aparece en el paso siguiente, cuando el compromiso debe convertirse en una obligación porque el bien o el servicio ya fue recibido y el Estado debe pagarlo. La brecha fue de 4,4 puntos porcentuales en 2019 y 4,5 en 2020, mientras que en 2024 llegó a 33,9 puntos y en 2025 se mantuvo en 33,2. El deterioro tampoco se distribuyó igual en todo el presupuesto, pues en funcionamiento la diferencia pasó de 2,2 a 8,6 puntos entre 2019 y 2025, mientras que en inversión saltó de 8,1 a 44,6 puntos, componente en el que se concentra el grueso de la brecha.
La distancia entre obligación y pago también obliga a matizar la explicación atribuida a Hacienda por la exministra, porque en seis de los siete años cerrados ambos indicadores quedaron separados por 1,2 puntos porcentuales o menos, y 2021 fue la única excepción. La mayor diferencia de la serie aparece antes del pago, entre compromiso y obligación, lo que no permite repartir responsabilidades entre Cultura y Hacienda, pero tampoco respalda que el Tesoro explique por sí solo el rezago.
La comparación con el PGN sin servicio de la deuda permite dimensionar mejor el cambio, pues en 2019 Cultura obligó 4,2 puntos porcentuales más que ese conjunto y en 2020 estuvo 11,4 puntos por encima, mientras que desde 2021 quedó por debajo todos los años. La diferencia fue de 7,3 puntos en 2021, 7,8 en 2022, 10,4 en 2023, 17,4 en 2024 y 20,1 en 2025, precisamente los dos últimos años que Holguín y Kadamani se disputan en público.
El corte de 2026 exige una lectura distinta porque no es un año cerrado y compararlo directamente con los cierres de 2024 o 2025 no sería válido. Para este año solo tiene sentido contrastar el mismo momento de ejecución y, a agosto, Cultura había obligado el 38,7 % de su presupuesto frente al 53,7 % del PGN sin servicio de la deuda, una diferencia de casi quince puntos.
El rezago de 2025 permite otra lectura porque corresponde a una vigencia ya cerrada, aunque sus pagos continúen en 2026. El informe “Ejecución Acumulada Ingresos y Gastos a junio de 2026”, publicado por el Ministerio de Hacienda en su Portal de Transparencia Económica, reportó un rezago presupuestal de Cultura de 358.000 millones de pesos correspondiente a 2025, de los cuales se habían pagado 285.000 millones y quedaban 73.000 millones pendientes. Esa cifra no equivale a los 41.130 millones que Holguín atribuyó a deudas con agentes del sector por las vigencias 2024 y 2025, y los documentos disponibles tampoco permiten establecer cuánto de esos 73.000 millones corresponde a estímulos, convocatorias o contratos con artistas y cuánto pertenece a otras líneas del ministerio.
Después del debate de la Comisión Sexta y del hilo de Kadamani siguen abiertas dos preguntas concretas: cuánta gente espera pagos y cuándo los recibirá. Mientras una habla de la herencia que recibió y la otra de la que dejó, los datos piden ampliar la mirada porque la brecha entre lo que Cultura compromete y lo que obliga empezó antes del último cambio de gobierno y sigue abierta.
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