El acuerdo por la educación superior

Recomendaciones de las universidades del país para los próximos 20 años

Por:
julio 23, 2014
El acuerdo por la educación superior
Foto: Archivo ESAP

Universidad Central

Después de tres años de investigación, diálogos a nivel nacional, y un arduo trabajo de consenso, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), presentará al gobierno nacional una propuesta de política pública para orientar la educación superior en Colombia, con visión a 20 años.

Esta iniciativa comprende 10 grandes temas: accesibilidad, calidad, ciencia y tecnología, regionalización, formación para el trabajo y el desarrollo humano, bienestar universitario, innovación, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema, sostenibilidad financiera. Temas para los que se plantean 136 lineamientos, que serán la hoja de ruta en la implementación de la política pública durante las próximas dos décadas.

Bajo un marco en donde la paz y la igualdad son las premisas fundamentales, se plantea esta invitación al gobierno nacional, después de la fallida propuesta de reforma a la Ley 30 en noviembre de 2011. Lo que busca el documento es exponer los principales problemas por los que atraviesa la educación superior en Colombia, y al mismo tiempo formular las soluciones para que sean implementadas por el gobierno nacional. Es una iniciativa ambiciosa, que traza los lineamientos para mejorar la educación superior en el país.

El CESU responde 20 preguntas que debemos conocer sobre la iniciativa:

1)     ¿Es ésta una reforma a la Ley 30 de 1992?

NO. La propuesta de reforma que el Ministerio de Educación presentó en 2011, y que fue retirada por el Gobierno nacional, a petición de estudiantes y algunas comunidades académicas, atendía a algunos elementos importantes para el sistema, pero no consideraba la totalidad de aspectos que, con la Política Pública, benefician de mejor manera al sistema.

2)     ¿En qué consiste una política pública para la educación superior?

La Política Pública corresponde al curso de acción prioritaria que debe asumir Colombia para orientar su educación superior en las próximas dos décadas, a fin de trascender y alcanzar el escenario deseado para su educación superior. Para ello se partió del análisis, entre todos los actores involucrados en el proceso, de cuáles son los problemas nodales actuales de la educación superior y cuál la visión deseada para 2034.

Es decir, la política pública responde al consenso de todos los actores de la educación superior, en torno a cuál debe ser el norte que, como País, queremos para nuestra educación superior, y para ello se compone del análisis y ponderación de las propuestas del Estado y de la sociedad civil y la comunidad académica, del diálogo entre posiciones e ideologías encontradas por parte de diversos estamentos del sistema de educación superior, de la evaluación de las necesidades y expectativas de la sociedad y del ejercicio nacional de participación ciudadana que se dio en el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, que recorrió todo el país y contó con el aporte de más de 33 mil colombianos durante los últimos dos años, arrojando como resultado 136 lineamientos de política pública.

Todos en el CESU entendimos que  antes de entrar en una nueva discusión acerca de las reformas  debíamos más bien llegar a un acuerdo con todos los sectores involucrados: profesores, estudiantes, rectores y demás directivas de IES, gobiernos, Congreso,  familias, sociedad civil. Y es así como tuvimos que acordar una visión y principios básicos, y sobre esa base construir los cambios deseados y propuestos en el documento que entregamos.

Estamos confiados en que hemos construido una política pública sobre la base del diálogo social democrático, amplio y participativo, con el objetivo de identificar los retos más significativos, las principales propuestas y garantizar la inclusión de los puntos de vista del  mayor número de actores sociales.

3)     ¿Cuál es la diferencia entre una reforma de ley y una política pública?

Una reforma a la Ley que actualmente rige el esquema de educación superior, la 30 de 1992, implica legislar para complementar o cambiar aspectos puntuales contemplados en dicha ley, nada más. La Política Pública va más allá de la Ley 30 y de otras leyes que se relacionen con la educación superior, y piensa en la educación superior de calidad que el país debe ir construyendo en los próximos 20 años. La Política Pública es una brújula y resume los acuerdos y orientaciones estratégicas de todos los estamentos de la educación superior y mostrando hacia dónde debemos ir como país en educación superior; solamente así es posible llegar a los grandes acuerdos nacionales que permitan impulsar las reformas necesarias a la Ley 30 y a las otras leyes (como las de ciencia y tecnología, las de evaluación de calidad, o las de presupuesto, entre otros).

Además, la política pública asume distintos instrumentos vinculantes para su desarrollo más allá de una o varias leyes, tales como otras normas, decretos, acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, directivas, estatutos y reglamentos institucionales, programas y proyectos estratégicos, partiendo de la reconocimiento de nuestro contexto, y de la identificación de problemas nodales que debemos resolver en acceso, calidad, pertinencia, financiación, entre otros, y a los grandes desafíos que debemos enfrentar en un mundo globalizado.

4)     ¿Es esta la nueva reforma a la Ley 30 de 1992 del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos? – o - ¿La propuesta corresponde al plan de gobierno del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos?

La propuesta de Política Pública que el CESU está presentando al país es el resultado de un trabajo colectivo de este órgano que tiene un carácter asesor y no gubernamental. Inclusive la rotación de sus consejeros se hace en periodos de tiempo distintos a los periodos de gobierno y de los funcionarios del Estado. Por ello, debe insistirse que el CESU es un organismo colegiado independiente. El 68% de sus miembros representa a la comunidad académica (rectores, profesores, estudiantes) y el 11% corresponde a representantes del sector productivo. La mayoría de sus miembros no representan al Gobierno Nacional. El compromiso del CESU, cuando asumió el liderazgo del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, en enero de 2013, fue trabajar la propuesta de Política Pública que ahora se entrega al país. El Acuerdo Superior 2034 está diseñado para que tanto el nuevo gobierno como los siguientes, de aquí al 2034, identifiquen el pensamiento de todos los estamentos de la educación superior y de la sociedad en general acerca de la educación superior que quieren todos los colombianos.

5)     ¿Por qué 2034?

Los cambios en educación superior no son inmediatos, y los lineamientos de política pública demandan inversiones, modificaciones en las estructuras de la educación superior, desarrollo de nuevas infraestructuras físicas y tecnológicas, ajustes en aspectos normativos internos de las IES, programas ambiciosos de desarrollo profesoral, investigación, articulación con el entorno, y construcción de renovadas comunidades académicas, entre otras muchas acciones estratégicas que sólo se pueden desplegar en periodos de tiempo más largos. Por ello el Acuerdo por lo Superior parte de plantear un periodo de 20 años, que es una proyección viable para ir introduciendo los cambios que definen las acciones prioritarias en el corto plazo (2014-2018), en el mediano (2018-2024) y en el largo plazo (2024-2034), comprometiendo a cinco periodos de gobierno nacionales, departamentales y municipales, así como a varios periodos de gobiernos de las instituciones de educación superior.

En el CESU estamos seguros que una mirada prospectiva es la que conviene al desarrollo esperado de nuestro país, constituyéndose la educación superior como uno de los pilares de la transformación social, como está contemplado en la visión del Acuerdo por lo Superior, que dice que “Para el año 2034 el sistema de educación superior será uno de los pilares sobre los cuales los colombianos habremos construido una sociedad en paz (justa, culta, democrática, solidaria, próspera, competitiva e incluyente), en la que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres, éticos, responsables y productivos”

6)     ¿Algunos sugieren que esta Política Pública es un “saludo a la bandera”; es decir, un listado de buenas intenciones que no se aterriza con propuestas concretas?

Falso. El Acuerdo por lo Superior tiene propuestas concretas, y para ello trabajó en torno de 10 grandes aspectos recogidos como los temas de mayor preocupación durante los dos años del Gran Diálogo Nacional, tanto de expertos académicos, gremios, diversos estamentos y en general la sociedad en su conjunto. Los temas definidos son:

  1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación.
  2. Calidad y pertinencia.
  3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social).
  4. Regionalización.
  5. Articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano: hacia un sistema de educación terciaria.
  6. Comunidad universitaria y bienestar.
  7. Nuevas modalidades educativas.
  8. Internacionalización.
  9. Estructura y gobernanza del sistema.
  10. Sostenibilidad financiera del sistema.

Muchas de las recomendaciones se constituyen, desde ya, en mandatos a las instituciones de educación superior que en el marco de la autonomía universitaria tienen un amplio escenario para incorporar estas propuestas y procesos, así como a los gobiernos locales y a los organismos del Estado relacionados con la educación superior, para orientar sus gestiones del inmediato plazo.

Otra demostración de que los lineamientos son viables en el inmediato, mediano y largo plazo, es que la política pública va acompañada de un Plan Estratégico, con indicadores numéricos precisos y metas esperadas para 2018, 2024 y 2034, que constituyen los insumos técnicos para que el Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los Gobiernos Departamentales y municipales, entre otros, los incluyan en sus respectivos planes de acción desde ya.

7)     ¿Cómo garantizan que los próximos cinco gobiernos se comprometan con el Acuerdo por lo Superior?

Aunque el CESU es un órgano asesor del Gobierno Nacional en temas de política de educación superior, y no tiene la función de tomar decisiones ejecutivas o legislativas, así como tampoco de asignación de presupuestos, sí representa los intereses de la sociedad en su conjunto y se compromete con el país en que ejercerá una veeduría permanente para que se lleven a cabo los programas y proyectos que en el plan estratégico prospectivo se han incorporado.

Estamos seguros que tanto el presidente Santos como quienes lo sucedan en el Gobierno atenderán la voz del país que se unió en torno de sus expectativas en el tema. Esperamos que el presidente Santos incluya en el Plan Nacional de Desarrollo el plan estratégico del CESU y modifique las normas y leyes necesarias para que se den los cimientos que permitan consolidar el Acuerdo por lo Superior.

El CESU seguirá en su labor de mantener vivo el Diálogo Nacional por la Educación Superior, y ofrecer toda su colaboración a éste y a los siguientes gobiernos, así como en el diseño de propuestas técnicas concretas relacionadas con áreas estratégicas de impacto de la política pública tales como el Plan Nacional de Desarrollo y el nuevo rol de la educación superior en los próximos gobiernos regionales. 

8)     ¿Cómo se construyó la política pública en educación superior?

Se pueden identificar cuatro fases o momentos que se han desarrollado para la construcción de la propuesta de una política pública para la  educación superior:

Inicio del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior Análisis técnico de propuestas y tendencias El CESU como abanderado del Diálogo Nacional Deliberación y construcción del Acuerdo Superior
             2012 2013 2014 2034

 

El Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior inició luego de que se retirara del Congreso el proyecto de Ley 192, o de reforma a la Ley 30 de 1992. Desde el Ministerio de Educación se promovió un recorrido por todo el país para conocer las opiniones de la sociedad civil y de todos los colombianos que tuvieran algo que decir al respecto. Durante el año 2012 se financiaron estudios técnicos por parte de las instituciones de educación superior y se realizaron 138 encuentros de análisis, y se contó con el apoyo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad, CEIBA, conformado por investigadores de las Universidades Nacional, Andes, Javeriana y Rosario para adelantar un análisis de la información allegada durante el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, y que permitió identificar los principales aportes y expectativas del país.

En enero de 2013, el CNA, CONACES, el CESU y el Ministerio definieran que, en virtud de las funciones que, por ley, tiene el CESU, fuera éste el que continuara ese diálogo nacional. El CESU recorrió todo el país, realizó conversatorio departamentales y diálogos regionales, participó en decenas de eventos con todos los sectores sociales y académicos, consultó investigadores extranjeros y trabajó con todas las asociaciones de instituciones de educación superior, para construir, luego de revisar las memorias de 150 eventos y 450 propuestas del país, el Acuerdo por lo Superior que ahora se entrega, y que tiene diez grandes temas en torno de los cuales se aprobaron 136 lineamientos de política pública.

Para la aprobación de los lineamientos se realizó un ejercicio de análisis técnico por parte de los consejeros, quienes procedieron a votar uno por uno de los lineamientos sugeridos. Los lineamientos fueron aprobados por la mayoría, y aunque algunos fueron votados negativamente, estos fueron la minoría, y el CESU acogió las reglas de votación previamente acordadas en su reglamento interno. Todas las propuestas fueron votadas con un mínimo de 9 votos.

9)     ¿La propuesta de política pública significa un cambio inmediato en la educación superior? ¿Cuándo comienza a operar o implementarse la nueva política pública?

Sí. El Acuerdo por lo Superior significa una transformación en la educación a partir de un cambio de mentalidad que permita dar un paso hacia esa visión compartida de la educación superior para un país en un escenario de paz.

El Acuerdo por lo Superior representa el consenso del país en torno de la educación superior deseada para Colombia en un escenario de paz, y una visión que aspira a que para el año 2034 el sistema de educación superior sea uno de los pilares sobre los cuales los colombianos habremos construido una sociedad en paz (justa, culta, democrática, solidaria, próspera, competitiva e incluyente), en la que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres, éticos, responsables y productivos.

El Acuerdo por lo Superior es la expresión de la ratificación del compromiso de los miembros del CESU y de sus representados, y de todas las asociaciones de instituciones de educación superior que han apoyado públicamente el trabajo de construcción de esta propuesta de política pública.

Hay que ser conscientes que existen recomendaciones del Acuerdo por lo Superior que, para ser efectivas, demandarán resoluciones, reservas presupuestales, cambios estatutarios en las instituciones de educación superior, en acuerdos municipales, en ordenanzas departamentales y en otros instrumentos vinculantes, pasando por programas y proyectos de ley que tomarán el tiempo propio de estas acciones.

Los cambios se irán observando en la medida en que avancemos en el cumplimiento de las metas parciales, y tomando las medidas necesarias para que las cifras planteadas en el plan estratégico indicativo evolucionen positivamente.

10)  ¿En qué se beneficiará el país con esta propuesta de política pública? ¿Cuáles son los grandes anuncios? ¿Cuáles son las propuestas?

En el CESU le estamos apostando a convertir la educación superior en el pilar de la transformación social del país. Estamos convencidos que los 136 lineamientos de política pública impactarán favorablemente a todo el sistema, desde el actuar de las instituciones de educación superior, la cobertura y la calidad de la oferta educativa, hasta la investigación, la extensión, la gestión de las entidades públicas y privadas relacionadas con el tema y, lo más importante, el estudiante y su bienestar como el centro del sistema.

Algunos de los más importantes beneficios en los 10 temas definidos son:

Para lograr una educación inclusiva, con acceso, permanencia y graduación para todos los colombianos, se propone trabajar por una educación superior incluyente que tenga en cuenta a las minorías étnicas y grupos vulnerables, para todos los colores e ideologías; se fomentarán todas las modalidades de formación: técnica profesional, tecnológica y universitaria, y se trabajará para lograr la cobertura universal en el acceso. 

Para contar con una educación superior reconocida por su alta calidad, en los ámbitos nacional e internacional, se propone buscar que todas las regiones del país tengan oferta de calidad y se propone la creación de una Agencia Nacional de la Calidad, que articule los esfuerzos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Para que la investigación responda mejor a las necesidades locales, se propone  potenciar alianzas y centros de investigación que contribuyan a atender la problemática propia de las regiones de cada IES.

Para que todas las regiones del país cuenten con educación superior, se propone fomentar la presencia viva de las IES con oferta de calidad y programas de investigación y de extensión como pilares de la transformación, para impulsar el desarrollo local y de forma articulada con el sector productivo.

Para que se facilite la movilidad de estudiantes entre las instituciones educativas y sus diversos niveles, se propone impulsar la articulación de la educación superior con la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación media, garantizando una alta flexibilidad en la formación y múltiples proyecciones de formación.

Para que las comunidades académicas tengan mejores condiciones para su desarrollo, garantizaremos un bienestar que asegure condiciones idóneas de estudio, investigación y extensión de la comunidad académica, así como su activa participación y la rendición de cuentas pública y transparente de resultados, que contribuyan a mejorar la gestión y el gobierno de las IES.

Para que haya educación superior universal y de calidad en todo tiempo y lugar, gracias a las tecnologías de la información, el CESU insiste en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC, y las IES deberán asumir la tecnología en sus procesos y diversas modalidades de oferta académica.

Para que la educación superior colombiana tenga un enfoque internacional, se propone tener un sistema con IES con estándares internacionales que les permitan desarrollar proyectos competitivos en el escenario global. Promoveremos la doble titulación; la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes; la homologación de saberes y el bilingüismo.

Para asegurar la consolidación de la estructura y el gobierno del sistema de educación superior, se propone tener como referente las particularidades de las IES y de las regiones, la descentralización de procesos, la revisión de la tipología de las IES y la creación de una superintendencia de educación superior que optimice los procesos de inspección y vigilancia del sistema, entre otros aspectos.

Para que todas las instituciones de educación superior sean sostenibles financieramente, se propone impulsar un nuevo modelo de financiamiento, caracterizado por la concurrencia y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y el sector productivo, y en las IES públicas se trabajará para que el presupuesto se asigne equitativamente, basado en el desempeño, y no habrá ánimo de lucro, así como la búsqueda de mecanismos que permitan el subsidio progresivo (gratuidad en el ingreso) a quienes deseen acceder al sistema.

11)  ¿Por qué se tardó tanto tiempo este Gobierno (o el CESU) para sacar esta propuesta?

El tiempo que se ha tomado el proceso es el que la dinámica propia del sistema ha demandado; esto es, como se dice popularmente, sin prisa, pero sin pausa. La dinámica propia del Diálogo Nacional, de escuchar todas las posiciones y sectores (más de 30 mil personas, recorrer todo el país, desarrollar mesas temáticas, hacer el análisis de las propuestas…), nos llevó a comprobar que el diálogo social incluyente demanda tiempos concretos que deben ser respetados para dar mayor legitimidad al proceso y sus resultados.

El tiempo que ha tomado su elaboración se justifica en el desarrollo del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, iniciado en 2012, y que representó que, inicialmente el Ministerio de Educación Nacional y posteriormente el CESU, recorrieran todo el país y realizaran más de 150 espacios de debate, foros, talleres y encuentros con académicos, padres de familia, estudiantes, profesores, directivos y empresarios del país, con la participación de más de 33 mil personas y se reunieran y analizaran 450 documentos y propuestas técnicas.

Se debe insistir que ésta no es una propuesta de Gobierno. El Gobierno presentó una propuesta en su momento, que ha servido de referente, y ayuda a motivar el Diálogo Nacional. La propuesta de política pública que se presenta es el resultante del trabajo de un cuerpo colegiado como es el CESU, en donde tiene representación toda la comunidad académica, la sociedad civil, el Gobierno y el sector productivo.

12)  Qué responder a lo que dicen algunos sectores estudiantiles que señalan que no fueron tenidos en cuenta en la elaboración del documento

Absolutamente todas las propuestas allegadas al Gran Diálogo Nacional fueron tenidas en cuenta, incluyendo las de todos los estudiantes, y el documento no es expresión particular de ningún grupo de interés, sino que ha sido el resultado de un trabajo colegiado como es el CESU, y representa el esfuerzo por integrar lo mejor de los aportes en cuanto a su calidad y concreción técnica, de parte de todos los sectores.

Con respecto a los estudiantes, debe considerarse que Colombia cuenta con más de dos millones de estudiantes en su sistema de educación superior, agrupados en muy diversas asociaciones y movimientos estudiantiles. El Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior contó con la presencia de estudiantes que, libremente, participaron y expresaron sus acuerdos y desacuerdos.

Son cerca de 100 las agrupaciones de estudiantes que se congregan en torno de movimientos independientes. Hay otras de mayor representatividad como FENARES, y de  reconocimiento público como la MANE, de quienes también se recibieron aportes. Es importante advertir que la representante de los estudiantes ante el CESU fue elegida popularmente entre todos los representantes estudiantiles en los consejos superiores de las instituciones de educación superior del país, entre candidatos de distintas agrupaciones estudiantiles.

13)  ¿Frente a la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, qué temas son novedosos en la política pública?

Insistimos que la política pública no es una reforma a la Ley 30 de 1992 y que, por el contrario, va mucho más allá de ésta. En general, y no sólo en la Ley 30 sino en toda la normatividad relacionada con el sistema, la política pública considera, entre otros, como aspectos novedosos:

  • Es una educación pensada para Colombia en un escenario de paz, que llegará a todos los rincones del país, que será incluyente en todo el sentido de la palabra y que le apostará, como país, al logro de la cobertura o acceso universal a la educación superior de aquí a 20 años.
  • La consolidación de un sistema de Aseguramiento de Calidad con una Agencia Nacional de Calidad que articule y le dé coherencia a la acción de organismos como el CNA, la CONACES y el ICFES, entre otros
  • La inminente puesta en marcha de una Superintendencia de Educación con funciones relacionadas con la vigilancia, inspección y control del servicio público de la educación
  • La búsqueda de una educación superior que tenga más en cuenta las particularidades de las regiones, sus necesidades de formación, de investigación, de extensión, su idiosincrasia y el compromiso de todos los estamentos locales, e incentive alianzas y centros de investigación que contribuyan a atender la problemática propia y apuestas de desarrollo y competitividad de las regiones de cada IES.
  • Avanzar en la articulación entre los niveles de educación media, superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, hasta lograr un sistema de educación terciario, flexible y que permita la flexibilidad y movilidad, soportado en un marco nacional de cualificaciones y un sistema de créditos.
  • El diseño de un mejor bienestar que garantice mejores condiciones de acceso, permanencia y graduación para estudiantes, profesores y personal administrativo de todas las instituciones de educación superior
  • La consolidación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el internet y e-learning como opciones básicas y fundamentales en el proceso de aprendizaje
  • La incorporación de la dimensión internacional en toda la estructura de la educación superior y en sus proyectos educativos, así como de su gestión administrativa, con la creación de una agencia nacional de internacionalización
  • La construcción de un sistema de gobernanza articulado y flexible
  • La revisión del actual sistema de tipologías o clasificaciones de las instituciones de educación superior
  • El diseño de un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, que demande la concurrencia de los recursos públicos y privados, en el que todos los sectores sociales contribuyan con recursos y que cierre las actuales brechas de inequidad.

14)  ¿Qué aspectos de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, que el Gobierno Nacional retiró, se mantienen en la política pública?

En el proceso de consulta al país en el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior se encontró que había temas coincidentes con algunos de los que estaban en la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, tales como:

-     El permanente interés del Estado por garantizar un sistema de aseguramiento de la calidad con las más altas calidades

-     La necesidad de reformar el modelo de financiamiento, pues hay consenso en que el actual es insuficiente e inequitativo.

-     La importancia que se generen mecanismos de rendición de cuentas públicas por parte de las instituciones de educación superior.

15)  ¿Qué aspectos de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, que el Gobierno Nacional retiró, fueron descartados o no tenidos en cuenta la política pública?

Primero, fue descartado el ánimo de lucro, aun cuando el proyecto de Ley 112 de 2011 no tenía este componente del ánimo de lucro, la opinión pública sí manejó la idea. Fue un fantasma que se creó, y es por ello que en el Acuerdo por lo Superior se ratifica que la educación superior colombiana es y será sin ánimo de lucro.

Segundo, se descarta la posibilidad de que el Estado realice una toma de posesión de algunas IES, como estaba en el proyecto de 2011. Tercero, se descarta que haya órganos externos Evaluadores de Educación Superior, de tercera parte, validados por el CNA, sino que se espera concentrar todas estas funciones a través de una agencia nacional de la calidad de naturaleza pública.

16)  ¿Con esta política pública se mejorará la calidad de las universidades?

Vale la pena reiterar que la calidad es uno de los ejes vertebradores del Acuerdo por lo Superior, y una obsesión del CESU. No obstante, desde la misma Ley 30 de 1992 se comenzaron a desarrollar los componentes de un sistema de aseguramiento de la calidad, el CESU es consciente, y así lo identificó en los problemas nodales de la educación superior estudiados, que hay algunas instituciones de educación superior que aquejan problemas de calidad, pese a los esfuerzos del Ministerio, CNA y Conaces. Por ello la política pública no sólo propone incentivos para estas IES con menor desarrollo, sino que también refuerza los principios de calidad que deben caracterizar a la educación superior y, por si fuera poco, sugiere una Superintendencia que defenderá a la ciudadanía de ofertas y programas carentes de calidad.

17)  ¿En qué temas aún no hay consenso?

Todos los 136 lineamientos de política pública fueron aprobados con el consenso de todos los consejeros. Los temas que no lograron unanimidad en la votación, sí obtuvieron los votos necesarios para ser aprobados y adoptados por el Consejo. En torno de estos seguirá trabajando el CESU con el Gobierno Nacional y las entidades técnicas designadas para convertir la política pública en acciones concretas.

18)  ¿Se va a reformar la Ley 30 de 1992?

El CESU considera que esto será una realidad. Ha sido claro en señalar que es consciente de la necesidad que tiene la política pública de apoyarse en herramientas de carácter vinculante como leyes, decretos, resoluciones, directivas y disposiciones que, en su conjunto y al lado de planes, programas y proyectos, permitan materializar los preceptos y lineamientos formulados desde la visión propuesta.

19)  ¿Cuánto vale implementar el nuevo modelo de educación superior que propone el CESU?

El CESU ha hecho diversas estimaciones de cuánto vale llevar a la práctica la política pública presentada. Es consciente que la realidad fiscal del país no permite implementar todo inmediatamente, pero también sabe que un mayor compromiso de todos los sectores sociales (gobiernos locales, empresarios, padres de familia y el Gobierno Nacional, entre otros), es posible llevar a la práctica el plan estratégico sugerido. Según cálculos preliminares del CESU, que deberán ser validados en la segunda fase del proceso, se estiman entre 40 y 50 billones adicionales para alcanzar las metas aquí previstas para los próximos 20 años, y en el cuatrenio que se inicia unos 5 billones.

20)  ¿Qué sigue en el trabajo del CESU?

El CESU como máximo órgano asesor en materia de política en educación superior continuará cumpliendo su función y no se detendrá en este trabajo. La ruta definida para continuar la tarea del CESU inicia con la amplia divulgación  del Acuerdo por lo Superior, y para ello volveremos a las regiones y seguiremos enriqueciéndolo con los aportes de todo el país para mantener la dinámica permanente de diálogo.

Además, porque nuestra labor como órgano asesor pasa por monitorear los avances y, en paralelo, y como está planteado en la hoja de ruta del plan estratégico, el CESU propenderá porque los ideales consignados en el Acuerdo por lo Superior, sean acogidos por el nuevo gobierno, y acompañará, con criterio independiente y comprometido, las comisiones de trabajo que deben constituirse para adelantar tareas concretas definidas en el corto plazo, tales como: adelantar los diseños de los modelos técnicos del nuevo sistema de educación inclusiva y regionalización, el nuevo modelo de financiación y sostenibilidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, la nueva estructura del sistema, y el nuevo régimen docente, entre otros.

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