El traslado del excongresista Wadith Manzur a la cárcel La Picota en Bogotá, efectuado el pasado miércoles 16 de septiembre de 2026, marcó un punto de quiebre en su situación judicial. El político quien es el delfín del clan liderado por su papá el conservador Julio Manzur, condenado por Parapolítica, al tener vínculos con las Autodefensas de Colombia.
Cuatro días después de haber sido elegido senador se entregó al bunker de la Fiscalía en Bogotá con una importante votación, la segunda más grande del Partido Conservador con 134.914 votos. Desde un comienzo contrató para su defensa al penalista sucreño Luis Carlos Torregroza quien ha defendido distintos políticos del Caribe como Bernardo “El Ñoño” Elías, Carlos Caicedo y al empresario Carlos Mattos del caso Hyundai.
La gestión de la defensa permitió que su cliente fuera enviado a la Escuela Carabineros en Bogotá, localizada cerca al Parque Nacional, uno de los más favorables centros de reclusión por sus instalaciones amables, semicampestres.
Allí permaneció varios años en exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y fue allí donde murió de un repentino infarto como puede leer en esta nota.
La decisión del presidente De la Espriella de trasladar a acusados y condenados de cuello blanco a cárceles ordinarias le cambio los planes a Wadith Manzur, quien aspira enfrentar su juicio en este lugar. Fue trasladado, de manera traumática para él, a La Picota el pasado 16 de septiembre de 2026. Enfrentado ahora a severas restricciones de visitas y limitaciones en sus comunicaciones, el drástico cambio ha deteriorado sus condiciones.
En estas nuevas y difíciles circunstancias el exsenador estaría preparando un preacuerdo con la Fiscalía para que, incluso, antes del juicio que aún no ha comenzado, buscar una rebaja de penas por aporte a la verdad.
En que está el caso de Wadith Manzur
Manzur en la Picota espera de un juicio oral ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, tras ser llamado a y acusado por el presunto delito de cohecho impropio dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Donde se acusa a Manzur de haber operado como coordinador de un grupo de congresistas, orientando presuntamente sus votos a favor de proyectos e iniciativas del Gobierno a cambio de direccionar contratos e influencia dentro de la Ungrd hacia regiones de su interés. Por el mismo caso están siendo investigados Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, consolidando su testimonio como una pieza determinante dentro del expediente criminal. En total cerca de 26 personas están siendo investigados.
Si las partes alcanzan una negociación, Manzur podría aspirar a dos tipos de beneficios jurídicos: inmunidad total o parcial. En el primer escenario, el exparlamentario lograría evitar la pena privativa de la libertad mediante el archivo definitivo de la actuación en su contra. Por el contrario, de pactarse una inmunidad parcial, la estrategia se orientaría a la degradación de las conductas imputadas, retirando los cargos más gravosos para reemplazarlos por delitos menores o negociando una rebaja sustancial en el monto de la condena. Por la información que tiene Manzur, la investigación que encabeza la fiscal María Cristina Patiño contempla ofrecer un preacuerdo, donde se podría cambiar de forma sustancial el futuro legal de Wadith Manzur.
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