Es un imperativo ético y jurídico el respeto a la condición humana, la vida y la dignidad de los hombres y mujeres del planeta, en todos sus matices, modos de existencia e identidad de género. Lo saben los funcionarios, se pregona y está escrito en declaraciones, pactos, constituciones, leyes y actas. Sin embrago, cumplirlo requiere llevarlo a la cultura y cotidianidad, junto a la necesidad de ponerle del lado la resistencia ante cualquier tipo de daño, trato cruel, inhumano o degradante que amenace o se ejecute contra alguien, como lo anuncia la declaración de derechos de 1948, que hizo consenso en rechazar e impedir hacia adelante comportamientos o acciones fascistas, nazis, o colonialistas y proclamó la igualdad, que en su implementación resulta lenta y fragmentada.
La lucha por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos es una de las batallas más trascendentales y complejas de la historia moderna que todavía no se resuelve. Hay quienes creen que las mujeres tienen derechos, pero todavía no completos. Hay conquistas significativas como el derecho al voto, al aborto, a ser (LGTBIQ+)- y hay faltantes en la inclusión en espacios políticos que siguen siendo precaria y la criminalización de la violencia de género apenas un conjunto de normas, que no tratan a fondo las desigualdades estructurales que revelan la brecha entre la teoría jurídica que a veces es extensa y la realidad cotidiana, donde hay sectores que se niegan a aceptar lo ganado y atacan con ferocidad con narrativas violentas que perpetúan la vulnerabilidad y obstaculizan el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos.
Los retrocesos de 2025 muestran a un Trump que dice aceptar en EE. UU (el de él) solo a hombres y mujeres y promete agredir otras identidades y a Milei que cierra el ministerio de igualdad y declara abuso infantil lo que las ultraderechas llaman “ideología de género”, señala lo trans como un cáncer a extirpar y propone eliminar el delito de feminicidio.
En general, esta “oposición” está en todas partes, tiene expresiones en instituciones, entidades, oficinas y pone en retroceso conquistas humanas alcanzadas. Se vale de análisis moralistas, desinformaciones y engaños a través de grupos organizados que recorren el mundo con padrinos transnacionales. En américa la organización ultracatólica hazte oír, el lobby ultraderechista Citizen Go, las campañas del “bus tránsfobo” que circuló en España, México, Colombia y Chile, “con mis hijos no se meta”, los grupos de evangelistas y “defensores de la vida”, algunos voceros de Vaticano, partidos como el centro democrático, adulteran lo que es el género en la manera que hablan para vender odio y reforzar los sistemas patriarcales que tienden a priorizar tradiciones e intereses económicos sobre la justicia de género.
Fundamentalismos, ultraderechas, movimientos religiosos y políticos ultraconservadores son la principal fuente de agresión y amenaza a la autonomía de las mujeres y al reconocimiento de derechos, y son un obstáculo para eliminar la zozobra y el acoso a la interseccionalidad de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o LGBTQ+, que enfrentan discriminaciones múltiples.
Otros sectores “más moderados” (liberales tradicionales) están dispuestos a permitir solamente avances formales (a la medida de sus intereses) siempre que no modifiquen las realidades persistentes y para ello impulsan “mecanismos adecuados” para separar y fragmentar las luchas contra la explotación, el colonialismo y la dominación y de esa manera presentar las luchas por diversidad, diferencias y contra la discriminación, como una agenda aislada de la realidad material, o como simple mecanismo caza de hombres infractores para llevarlos al cadalso.
Frente a estas adversidades, los movimientos feministas han ocupado lugares importantes de denuncia y visibilización de demandas históricas y condena a violencias soterradas, mediante el uso de redes sociales, plantones, protestas, movilizaciones sociales y activismo interseccional como #MeToo (2017), #NiUnaMenos (2015), "Mujer, Vida, Libertad" (2022), y voces anónimas de mujeres de barrio, indígenas, campesinas en áreas de conflicto, estudiantes universitarias, que exigen justicia y validación de sus denuncias al tiempo que replantean conceptos de seguridad, libertad y democracia y cuestionan los sistemas que naturalizan la opresión y favorecen la impunidad y el silencio, que encuentra apoyo en las instituciones y oficinas que atienden a través de funcionarios desinformados, prejuiciados y moralistas, que aparte de impedir cambios de mentalidad aumentan tramites, incumpliendo la obligación del Estado de garantizar derechos mediante actuaciones no meramente retoricas, declarativas o de actas firmadas que no se ejecutan.
Hay urgencias para cerrar la brecha entre el discurso y la práctica con acciones concretas de prevención, con educación en perspectiva de género para combatir estereotipos, presupuestos efectivos para asuntos de genero, justicia que priorice la reparación y no la revictimización y con acceso a la participación política real con más mujeres en cargos de decisión. No solo como figuras simbólicas reproductoras de tareas oficiales diseñadas con enfoque patriarcal y técnicas del capital, la guerra y el machismo, para avanzar más rápido en un sentido de dignidad como horizonte de respeto a los derechos humanos de las mujeres, lo cual no es una concesión, sino un imperativo ético y jurídico, individual y colectivo.
Posdata: 8 de marzo, día de admiración, respeto y felicitación por las luchas dadas y las venideras.
También le puede interesar: El polémico juicio a Uribe que amenaza con quedar en la impunidad
