Los propósitos del Centro Democrático quedaron claros tras su Convención celebrada el pasado 6 de mayo en la sede de la Iglesia Carismática Internacional en Bogotá.
El primero de ellos es que trabajarán por una candidatura presidencial única para el 2018. Los cinco precandidatos presentados ese día se esmerarán cada uno por su lado para atraer un sector del electorado, mientras otros personajes afines harán lo mismo por fuera del partido.
La idea es converger en una coalición final, capaz de sumar un número tal de votos que garantice un triunfo sin discusión en la primera vuelta, partiendo de la base de que para entonces no se habrá consolido una candidatura única de sus contradictores.
Ello implica quitarse de encima el baldón de derechistas que tanto mortifica al senador Uribe. Izquierda y derecha son categorías superadas para él, pese a lo cual no vacila en definir a Angelino Garzón como un amigo político de la izquierda democrática. Quedó claro que la presencia de este será el oxígeno del pretendido pluralismo que predican.
Objetivo estratégico de su campaña será el desmonte del Acuerdo de Paz firmado entre las Farc-EP y el gobierno de Santos. Al respecto no queda la menor duda. Al Acuerdo Definitivo le serán atribuidas tantas desgracias y culpas como pueda imaginarse. Calificativos como maldito o terrorista anuncian lo pequeña que fue la campaña por el No en el plebiscito, en comparación con la escalada de agravios, distorsiones, falsedades y manipulaciones que se emplearán ahora.
También quedó de bulto la utilización maniquea que se hará de la situación que vive Venezuela. La posición de la ultraderecha a ese respecto es clara, condena total a la Revolución Bolivariana de Chávez y apoyo a la oposición violenta que exige ya la salida del presidente Nicolás Maduro.
Hacer del llamado castrochavismo materia central del debate presidencial, busca generar una contradicción insalvable entre la izquierda que se solidariza con el pueblo venezolano, y partidos como el de la U o el liberal, que si bien sostienen su apoyo a los Acuerdos de Paz de La Habana, no ocultan su animadversión hacia el presidente de Venezuela y por tanto estarán en su contra.
También fue demasiado evidente el énfasis del Centro Democrático, en el que coinciden los conservadores amigos, de oponerse de manera radical al menor asomo de modificación del orden de cosas existente en materia de tierras en el país. Sus condenas al respecto resultan al máximo reveladoras. Una se relaciona con la restitución de tierras, y otra se refiere a cualquier variación en el régimen del impuesto predial. Muy preciso se mostró Uribe al respecto:
“…que se olviden las Farc, el Centro Democrático se opondrá a que le quiten un milímetro de tierra a un colombiano honorable”, clamó en su intervención en la Convención. A Blu Radio le diría dos días después: “…nosotros decimos que hay que congelar prediales cuatro años porque el pueblo colombiano está agobiado”.
El uribismo le teme a que las víctimas del despojo paramilitar
puedan conseguir la condena de quienes aparecen hoy como actuales propietarios
de las tierras de las que fueron arrojadas por la fuerza
Se comprende entonces por qué el odio visceral del uribismo a la implementación del Acuerdo Final. Le teme a que las víctimas del despojo paramilitar puedan conseguir la condena de quienes aparecen hoy como actuales propietarios de las tierras de las que fueron arrojadas por la fuerza. Eso los obligaría a la reparación que mal o bien han conseguido esquivar tras la entrada en vigencia de la ley de víctimas y restitución aprobada en el 2011.
Además quedó al descubierto la mezquindad de los latifundistas y terratenientes agrupados en esa fuerza política. La Reforma Rural Integral desarrollada en el punto 1 del Acuerdo Final contempla un Censo Agrario que a la vez actualice el catastro municipal en todo el país. Con él se sabrá quiénes son los verdaderos propietarios y la extensión de sus predios, lo cual los obligará a pagar el precio justo del impuesto predial que han evadido durante años.
Su demagógico discurso intenta hacer creer que la congelación de ese impuesto favorecerá al pueblo, cuando los únicos beneficiarios serán los grandes propietarios que por evasores, privan a las arcas municipales de enormes recursos para obras de beneficio colectivo. Así pasa con la seguridad, que definen como un valor democrático, cuando su significado real ha sido siempre la tranquilidad para los más ricos de entre los más ricos del país.
En igual sentido giran el fomento a la inversión y la rebaja de impuestos, son para el gran capital. Su pluralismo democrático resulta patético, quienes no coinciden con sus ideas son terroristas o socios suyos, traidores, seres despreciables que ojalá pudieran ser borrados de la faz de la Tierra.
Colombia ha sido advertida de la gran amenaza que se cierne sobre todos. Nos sobrevuelan hambrientos los fantasmas de la avaricia, el odio, la violencia y el fanatismo, en beneficio exclusivo de una élite descompuesta. Urge en verdad una enorme coalición de fuerzas progresistas.
