Duque, el paro no es para conversar sino para negociar reformas

Lo que plantean los marchantes no es para convertirnos en un país socialista, sino para modernizar el Estado y la economía

Por: José E. Mosquera
diciembre 06, 2019
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Duque, el paro no es para conversar sino para negociar reformas
Foto: Twitter @infopresidencia

Más allá del péndulo del polvorín de protestas que sacuden al mundo desde Francia hasta Irán y desde el Líbano hasta América Latina con protestas en Chile, Ecuador y ahora en Colombia, cabe decir que estos son movimientos ciudadanos que piden cambios y reformas a los modelos económicos que profundizan los niveles de desigualdades y pobreza en estos países.

En Colombia el conflicto armado no había permitido que la clase emergente fuera alternativa de poder. De allí que el proceso de paz generó una polarización política que origina una lucha de clases entre la clase dominante y una clase emergente que busca llegar al poder para hacer las transformaciones y las reformas económicas, políticas y sociales que la clase dominante no ha realizado desde hace más de un siglo.

Una clase emergente que no buscar cambiar el modelo económico, sino hacer las reformas al modelo, que permita impulsar una nueva dinámica en el crecimiento de nuevas fuerzas productivas, reformas estructurales a la distribución de la tierra y a los sistemas educativos, de salud y pensional. Plantea una diversificación de la economía, una mejor distribución de la riqueza, de las inversiones públicas, más control al gasto público y al desmadre de la corrupción.

Esa clase emergente no es sinónimo de izquierda como se ha pretendido satanizar para deslegitimar sus demandas. Es una clase heterogénea de ciudadanos de izquierda, centroderecha, indignados liberales, conservadores, de sin partidos y de agremiaciones de trabajadores y de estudiantes de las capas sociales media de la sociedad. Es esa clase media que está protestando y haciendo sonar cacerolas en las calles, quiere sentarse con el gobierno a negociar las reformas que permitan tener una sociedad con más justicia social, más incluyente, más participativa y menos discriminatoria.

Lo que están planteando los marchantes de esa clase emergente son las reformas que necesita el país para reorientar su desarrollo económico y pasar de una economía extractivista de minerales a una economía basada en una revolución industrial y agrícola. Somos un país donde en las últimas cuatro décadas la actividad industrial retrocedió del 25 al 12% del PIB, el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% de la población más pobre, el 55% de los trabajadores gana menos del salario mínimo y menos del 40% de la población de adultos mayores recibe una pensión.

La reforma agraria que se plantea es para haya una mejor distribución de la tierra, dado el 1% de la población más rica es propietaria del 71% de tierra. Sin embargo, el gobierno y sus defensores, en lugar de abrirse un debate de fondo sobre estos asuntos tan crucial para disminuir los niveles de desigualdades, contrario a ello lo que afirman es que los marchantes quieren acabar con el país.

Cuando en varios estudios del Banco Mundial se recomienda que el acceso a la tierra, la capacidad de intercambiarla y de usarla son de gran importancia para la reducción de la pobreza, impulsar el crecimiento económico, la inversión del sector privado y disminuir los niveles de las desigualdades.

Las reformas que plantean los marchantes no son para convertir a Colombia en socialista como dice el gobierno y los del CD, tampoco son para acabar con el país, sino para modernizar el Estado y la economía. En otras palabras, son reformas dentro del modelo económico capitalista. De allí que estas movilizaciones tiene un enfoque muy diferente a las movilizaciones anteriores. Aspecto que por las desinformaciones del gobierno y de sus seguidores no reconocen que son reformas urgentes y necesarias, dado que somos uno de los países más desiguales, el 10% de los más ricos se quedan con la mitad del PIB, mientras que el 10% más pobre sólo tiene el 0,6%. Somos un país, donde el 1 % de la población controla más del 50 % de la riqueza nacional.

 

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