Es conocido el dicho “socializar pérdidas y privatizar utilidades” como una perversa práctica inveterada por los gobiernos que han sido en nuestro transcurrir histórico. No es sino recordar cómo a fines del siglo XX ocurrió una crisis bancaria y el gobierno de Andrés Pastrana se inventó el oprobioso impuesto del dos por mil, transitorio, en noviembre de 1998, pero que ya va en el cuatro por mil permanente con el nombre de gravamen de movimientos financieros, para sufragar esas pérdidas, por cuanto “el sector bancario es clave para el funcionamiento del establecimiento”.
En el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional hizo aprobar un capítulo destinado a “resolver” la crisis de Electricaribe ocasionada por la privatización de las electrificadoras de la Costa y el saqueo de la española Gas Natural Fenosa (hoy llamada Naturgy). En este caso, la deuda del pasivo pensional por parte de esta empresa a miles de pensionados, que superaba los 1.2 billones de pesos, fue incluida en el PND y los paganini de siempre resultamos ser los colombianos, a quienes nos tocará asumir con los impuestos este regalo infame que les hace el gobierno a los españoles. Debería ser al revés: exigirles a los ibéricos que paguen, además de las pensiones, más de doscientos mil millones de pesos que se embolsillaron de los subsidios que les entregó el gobierno para los usuarios más desprotegidos y que ellos no traspasaron, como lo acaba de ratificar en Barranquilla el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, el viernes 26 de julio pasado.
La última perla la está denunciando en la revista Semana del domingo 28 de julio la periodista María Jimena Duzán en su columna Jugando a la ruleta y está relacionada con el caso Odebrecht. Resulta que la ministra de Transporte, en vez de esperar el fallo de un tribunal de arbitramento que está para dar a conocer el respectivo laudo sobre las deudas del consorcio de la Ruta del Sol II con las entidades bancarias, tasadas probablemente en 1.2 billones de pesos, ha dicho que esos dineros los tendríamos que pagar los colombianos vía impuestos. Otro desaguisado, por cuanto los colombianos no tenemos ninguna responsabilidad en este negociado que se ha convertido en uno de los escándalos de corrupción más sonados y cuantiosos del país, denunciados valerosamente por el senador Jorge Robledo y por otros parlamentarios alternativos.
Con estas actuaciones del régimen crece aún más el descontento en un contexto de estancamiento de la economía nacional reconocido incluso por el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, y aumento del desempleo sobre el cual el ministro de Hacienda Carrasquilla ha declarado desconocer su origen y la forma de resolverlo. Es un síntoma de la bancarrota oficial que preludia la llegada inexorable de una época de grandes transformaciones económicas y sociales. Las elecciones que culminarán el 27 de octubre son un buen escenario para educar a la ciudadanía sobre las causas de la crisis actual y las soluciones que se deben abrir paso más temprano que tarde.
