Una prueba de caligrafía forense sería clave a la hora de definir la suerte jurídica de la representante a la Cámara por Arauca Karen Manrique y otros cinco congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia por el saqueó de más de $92.000 millones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
La base de la prueba, que será comparada con la letra de su posible autora, es una página amarilla de un block de notas en que la joven parlamentaria Manrique habría escrito los nombres de sus colegas sugeridos por ella como beneficiarios de contratos que se harían con cargo a los recursos de la entidad.
El listado que le atribuye Olmedo López, aceptado como testigo luego de su captura, está encabezado por los nombres de Wadith Manzur y (Liliana) Bitar, frente a los cuales hay una acotación en la que se lee “integrantes C. Crédito P.”, posible alusión a la Comisión de Crédito Público, donde en 2023 se hallaban rezagados proyectos de interés para el gobierno en materia de duda externa.
Enseguida aparecen los nombres de Julián Peinado con un “Antioquia” entre paréntesis, seguido por el de la propia Karen Manrique. En el renglón de enseguida está escrito “senador Gallo” y a mitad de página algunas anotaciones ilegibles sobre lo que parece ser el estado de trámite de algunos proyectos en las cámaras.
Karen Manrique niega que esa sea su letra y a través de su abogado, Andrés Garzón, denunció penalmente por injuria y calumnia a Olmedo y también a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, quien lo secundó en la versión sobre el block de notas.
El magistrado investigador Misael Rodríguez sigue encontrando relaciones claves
Mientras se decide la práctica de la prueba caligráfica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a otros testigos que podrían ser fundamentales, entre ellos exfuncionarios del Ministerio de Hacienda que tendrían conocimiento de la manera como fueron asignados los contratos.
El caso de Karen Manrique tiene algunas particularidades, a partir del hecho de que no representa a ninguna de las bancadas tradicionales en el congreso, sino a las víctimas del conflicto armado en Arauca, su departamento.
Por ahora el magistrado investigador Misael Rodríguez ha encontrado coincidencias entre las anotaciones en la página cuadriculada amarilla con contratos efectivamente asignados. El fundamento es que algunos congresistas aceptaron que tenían interés particular en ellos.
La senadora conservadora Liliana Bitar Castilla y los representantes Wadith Manzur (conservador) y Julián Peinado Ramírez (liberal) aceptaron dádivas provenientes del proyecto Cotorra, en Córdoba, destinado a obras de contención y prevención de inundaciones, según la Corte. Su monto tasado en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda es de $44.522 millones.
El proyecto inexistente de Cotorra es el que tiene enredado a Wadith Manzur
Cotorra no ha tenido avances significativos y sus obras lucen abandonadas, pero el dinero derivado de la negociación ha servido para que algunos de los congresistas se den gustos personales. La senadora Bitar, por ejemplo, le regaló una costosa cartera a la asesora del ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, convertida ahora en testigo de la Corte y de la Fiscalía. El envío del regalo y de los escrúpulos que generó inicialmente se reflejan en chats que hacen parte del expediente.
El proyecto de Saravena en Arauca compromete al prófugo director del Departamento del servicio civil Cesar Manrique
El proyecto Saravena, en Arauca, enfocado en obras de prevención de inundaciones y mitigación de la erosión, fue dotado de recursos por $32.599 millones. Su repartija habría beneficiado, además de integrantes del Congreso, al prófugo exdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil César Manrique y al excongresista César Muñoz, quien actuó como intermediario en las operaciones atribuyéndose su condición de expertos en esas lides parlamentarias.
El pereirano Juan Pablo Gallo terminó metido en un proyecto en una población tan ajena para él como El Salado en Carmen de Bolívar
Los $12.356 millones reservados a obras de mitigación de las lluvias en la sufrida población de El Salado, en Carmen de Bolívar, atrajeron el interés del senador Juan Pablo Gallo (liberal). Gallo, según el documento del magistrado Rodríguez, fue el último de los congresistas en participar en reuniones que se suponían reservadas que se dieron el 26 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Esos encuentros fueron documentados no solo con declaraciones de los testigos, sino también con videos y libros de bitácora de visitantes.
En un proyecto de decisión, el magistrado al frente del proceso pidió la detención de los seis congresistas, pero sus compañeros de sala votaron en contra con el argumento de que ninguno de ellos está en condiciones de ocultar pruebas u obstruir su práctica y tampoco representan un peligro para la sociedad.
El exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, sindicado en el componente del proceso que está a cargo de la Fiscalía, ha venido levantando la mano desde su lugar de detención para que la justicia le permita que la audiencia que debe sortear en breve tenga carácter público.
Los cálculos de su defensa consistirían en que la propia justicia y la opinión sepa que merece los beneficios judiciales que busca, a cambio de una colaboración plena. El es una de las pocas personas que podría contar con lujo de detalles como se dieron los procesos de contratación para satisfacer los apetitos de algunos senadores y representantes.
Por ahora los contactos al más alto nivel están siendo probados al representante Wadith Manzur. Según los datos que llevaba en su libreta de apuntes su colega Karen Manrique, Manzur fue atendido personalmente por el ministro de Hacienda de entonces, Ricardo Bonilla, y por su viceministro Diego Guevara. En ausencia de éstos, habló con la asesora María Alejandra Benavides, hoy testigo estrella de la investigación penal.
Su testimonio ante la Corte ha puesto contra la pared a un amplio grupo de funcionarios, incluidos ministros y exministros de Estado. Con fundamento en su versión y en otros elementos de prueba, la Sala de Instrucción de la Corte le pidió a la Fiscalía que investigue el papel que habrían podido desempeñar en esta trama otros once altos agentes de la administración pública, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
La solicitud, hecha mediante el mecanismo de compulsa o envío de copias de un gran expediente, cobija también a Mauricio Lizcano, exministro de las TIC; a Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y al propio Ricardo Bonilla.
En la lista de eventuales procesados aparecen también Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda; Andrea Ramírez, exasesora principal de Ricardo Bonilla; Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Jefatura de Despacho de la Presidencia y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de Inteligencia, refugiado actualmente en Nicaragua.
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