Andrés Felipe Arias no pertenece a una familia acaudalada. Hijo de un médico del Seguro Social, pudo estudiar en uno de los colegios de la elite antioqueña, el Columbus School de Medellín, por su excelencia académica. Y siguió el mismo camino para acceder a la Universidad de Los Andes de donde se graduó de economía en 1999 y tres años después, nuevamente obtuvo la Beca académica del Banco de la República para lograr estudiar en la Universidad de California donde obtuvo su doctorado. Luego vendría la apuesta del Presidente Uribe, su disparada con todo su apoyo en el Ministerio de Agricultura y su posterior aspiración a la Presidencia de la Republica como candidato del Partido Conservador, propósito en el que se lo derrotó Noemí Sanín.
El escándalo alrededor de Agro Ingreso Seguro que se convirtió en una complicada causa penal se le atravesó en su fulgurante carrera pública, en su futuro profesional y en su vida personal. La solidaridad que ha despertado su condena de 17 años –para muchos desproporcionada y excesiva frente al delito por el cual fue acusado- trasciende el tema político y el empresarial relacionado con quienes pudieron beneficiarse de los subsidios del programa y toca lo estrictamente humano. Andres Felipe ha sobrevivido con muchas dificultades económicas desde que se exiló en Miami, donde los mismos amigos lo acogieron y donde apenas empezaba a levantar cabeza con un permiso de trabajo que le permitió desempeñarse en una empresa de tecnología solar.
En el 2011 a los veinte días de haber nacido Juan Pedro, el segundo hijo que tuvo con su esposa Catalina Serrano, Andrés Felipe Arias fue detenido acusado de haber entregado irregular algunos de los subsidios de un ambicioso programa de modernización del campo cuya inversión alcanzaba los 2 billones de pesos. Este fue formulado en cooperación con el organismo internacional IICA que fue escogido como la agencia ejecutora de los recursos cuyos beneficiarios eran direccionados por comités controlados por el Ministerio de Agricultura en el que Andrés Felipe Arias tenía mando y decisión. Por eso terminó enredado.
Desde entonces, hace cinco años empezó un calvario que cada día se complicaba más. Catalina en esa época no trabajaba. Ella, acostumbrada a operar en el sector financiero, vio como las puertas se iban cerrando una a una frente a su cara. Además su hijo estaba recién nacido. Quiso arrendar el apartamento que habían comprado pero nadie quería tener que ver con el nombre de Andrés Felipe Arias. En los restaurantes la gente se levantaba de la mesa porque no querían tener nada que ver con la esposa de un cuestionado personaje. Encontró trabajo en la facultad de economía de la Universidad Católica pero también de allí debió retirarse.
Fue detenido preventivamente en la Escuela de Caballería acusado de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Allá lo visitaba los domingos con estoicismo Catalina Serrano y con sus dos pequeños Eloísa y a Juan Pedro. En el 2013 obtuvo libertad bajo fianza y viajaron a Estados Unidos cuando su caso era estudiado por la Corte Supema de Justicia. Allí se encontraban cuando se hizo pública la condena de 17 años y Andrés Felipe decidió no regresar a cumplir la condena por considerar que no existían garantías y que se trataba de un caso de persecución política asociado a su jefe Álvaro Uribe Vélez.
Empezaba una nueva vida en Miami y desde el primer momento empezó a trabajar legalmente la posibilidad de ser cobijado por la figura de asilo, la misma que con argumentos similares consiguió el ex asesor de paz Luis Carlos Restrepo. Aunque su caso aun no lo han resuelto las autoridades norteamericanas, se le concedió permiso de trabajo con los cual pudo empezar a normalizar su mundo laboral y los ingresos para asumir las obligaciones familiares. La vida parecía haber encontrado un cauce normalidad.
La madrugada del 24 de agosto lo sorprendió con algo inesperado: la orden de detención emitida por la Interpol con fines de extradición. Urgía actuar judicialmente. Sin excedentes provenientes de sus ingresos profesionales no contaba con los recursos para asumir una compleja defensa legal.
Desesperada Catalina llamó a Juan Diego Mejía, un amigo de la familia que vive en Miami y tres días después de su detención abrieron una página para recaudar los 150 mil dólares que cuestan los honorarios del abogado. En la página “Go Found me” han llovido sobre todo los aportes anónimos pero también las donaciones que van desde los US$ 5 a los US$ 4.000. En dos meses ya se han recaudado 113.810 dólares. La mayoría de ellos no son empresarios beneficiados con Agro Ingreso Seguro, muchos de cuyos comportamientos irregulares terminaron comprometiendo al ex ministro, sino de los viejos compañeros de Andrés Felipe Arias del Columbus School. El empujón que le ha dado Uribe, recomendándole a sus 5 millones de seguidores en twitter que aportaran lo que pudieran para asegurar la defensa legal y ayudar a pagar la fianza de 100 mil dólares.
De ésta colecta saldrá el dinero que le dará a Arias la libertad provisional que estaba esperando.
