Salir de la categoría de país subdesarrollado no es solo una tarea educativa, económica, industrial o cultural, es una responsabilidad política. Esta tesis ideológica y paradigmática nada tiene de revolucionaria, pero sí es prioritaria a la hora de sintonizarnos con las agendas mundiales de orden global.
Ahora bien, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2016 establece como prioridad para los países trabajar en disminuir las desigualdades y privaciones sociales. Así mismo, erradicar el flagelo de la violencia extrema. En este último punto, al país entero se le ha hecho creer que la violencia es tipificada como extrema cuando representa inmolaciones o terrorismo a gran escala como los hechos sucedidos hace pocos días en Kabul y en el sur de Afganistán donde murieron 40 personas entre ellas 9 periodistas. Sin embargo, se oculta públicamente a la ciudadanía que la suma de sucesos tales como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, los hurtos, feminicidios, riñas callejeras, violencia sexual y de pareja, las agresiones en las redes sociales o de representaciones simbólicas en medios de comunicación, los secuestros y los homicidios representan en términos políticos para la toda la población sufrimiento y desesperanza extrema, en especial para los más vulnerables en índices de desarrollo humano.
Según Medicina Legal por cada 10 colombianos 5 han padecido alguna situación personal o familiar de violencia. Por sí mismo, esto ya configura una crisis particular para el país y un desafío político que requiere en la extensión de todo el territorio ser enfrentado por los próximos gobiernos. Las acciones políticas a priorizar no solo son de nuevos modelos de lo ético-moral, son de reformas estructurales al funcionamiento del sistema gubernativo y de comprender las prioridades en medio de la austeridad socioeconómica. Reformar instituciones para la administración y cumplimiento de la justicia, como el Inpec por el hacinamiento carcelario o la misma Fiscalía por los problemas de corrupción judicial en altos magistrados, son hechos políticos necesarios para las decisiones en la llegada de gobernantes de orden reformista.
Reformar algunas instituciones educativas para la atención integral como el Icbf e incluso algunas líneas misionales del Ministerio de Educación Nacional para atender en condiciones dignas para el aprendizaje y el desarrollo a más de 1,5 millones de niños y niñas que están desatendidos en todo el territorio nacional o universalizar la educación superior es otro desafío político importante.
Paralelamente, crear organismos de control y seguimiento efectivo a las grandes instituciones estatales a modo de “superintendencias” para el control fiscal, de gestión y funcionamiento hace posible un primer salto al desarrollo y la competitividad mundial. Es claro que se necesita reajustar presupuestos, programas e inversiones y hacer ajustes fiscales para redefinir las prioridades del país en una visión de mínimo 10 años. Entonces cabe la pregunta: ¿qué transformaciones política son necesarias para este cambio?
Se sabe que hay un trípode básico a reformar: educación, salud y justicia. Pues bien, las reformas en algunos países de Latinoamérica en similares condiciones muestran que sí son fundamentales, como ha sucedido en Chile, en Ecuador e incluso en Perú con el tema educativo. Las transformaciones en políticas públicas focalizadas y de formación ciudadana a partir de articular acciones en los territorios ayudan a mitigar las pobrezas, las desigualdades y las pocas oportunidades de muchos compatriotas.
Así mismo, como prioridad en materia política se requiere resolver las contradicciones entre lo planeado y lo ejecutado, entre los discursos y las actuaciones de quienes administran las regiones y localidades, porque el desgobierno de alcaldes y gobernadores que bajo la sombrilla de la democracia participativa esconden las más disímiles arbitrariedades y desarticulación con las políticas nacionales plasmadas de forma general en el plan de desarrollo del país muestran que cada gobernante va por su lado, moviéndose de acuerdo a sus intereses.
Si a modo de ejemplo, la apuesta es la paz en todo el territorio nacional no se comprende cómo los planes de acción en los departamentos y municipios carezcan de este enfoque. En este sentido, para un país en transición del conflicto armado con las Farc y posiblemente con el Eln, las metas en mayor equidad, justicia y educación deben reflejar mejores indicadores de desarrollo humano y social en todas sus instituciones. Por ello, a la hora de la rendición de cuentas nacionales, las acciones en hechos de mejoramiento social y democracia efectiva requerirán en el próximo cuatrienio presidencial superar las ambivalencias y mezquindades de quienes ejercen espacios públicos protagónicos, principalmente de orden político; porque superficialmente se mitigan las violencias sociales en un país conminado internacionalmente a establecer reformas institucionales para dar un salto socioeconómico cuantitativo en las condiciones de desarrollo humano posible de su población.
