Hace unos días, Eduardo Molano, un amigo en Casanare, me contó de las movilizaciones que se estaban haciendo en Yopal para presionar el proceso bajo el cual la universidad Unitrópico debería pasar a ser una universidad pública. Me invitaba a sumarme a las movilizaciones con un vídeo, y así lo hice. No sin algo de pudor: ¿a quién le puede importar un vídeo mío? Desde hace años, soy escéptico de las intervenciones en redes sociales defendiendo alguna causa. No tengo claro, en algunos casos, cuál es la motivación real y, en otros, cuál es el efecto logrado. Sin embargo, suelo seguir participando y observando las olas de indignaciones, guardando la esperanza de que sirvan para mover algo, ocupándome de mantener mi propia autenticidad.
Lo hice, además, conmovido por la convicción de Eduardo y de sus compañeros casanareños en defender el sueño de tener una universidad pública en su departamento y para toda la Orinoquía. Me di cuenta entonces que sí sirvió el vídeo. Primero, lo más importante, me transformó a mi: alguna vez, hace 10 años, fui a Yopal pero no he regresado, y leyendo lo que pude sobre la universidad, volví a tener en mi mente lo que pasa con la educación superior en capital de Casanare. A lo mejor ahí está la respuesta definitiva a mi escepticismo, el poder real de la movilización digital pasa por la transformación propia. Después, encontré a varios amigos de la región que me escribieron alegres por haber escuchado un interés en un tema que les importa y otros del resto del país relatando causas parecidas. Valió la pena.
El camino está difícil: aunque hubo un debate el martes en el Congreso, no es claro el camino para concretar el paso de Unitrópico a universidad pública. Legalmente, la ruta parece despejada con la ley 1937 de 2018. Es un proceso que lleva más de diez años. Cada año, los casanareños cantan victoria -usualmente después de que una delegación de algún tipo viaja a Bogotá a hacer alguna “gestión”- y cada año, no se avanza mucho más. En medio de tirarse el balón entre el nivel nacional y el departamental, parecería que este año tampoco nada más va a pasar. Ya vienen las elecciones regionales y la parálisis que eso implica.
Es asunto de otra discusión, una pregunta muy interesante: ¿y por qué quieren los casanareños que la universidad sea pública? Hay unos argumentos financieros evidentes, otros con respecto a la calidad, y varios más, pero hay uno que me interesa particularmente: el valor de la educación pública de calidad no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo importante. En Casanare, con la movilización de varias organizaciones y de miles de personas, empieza a tomar fuerza la idea que la educación es el camino para una transformación social profunda y que hay un valor en que sea accesible a todas las personas, independientemente de su condición social. Además, que es fundamental que los gobiernos se involucren porque no es un asunto que deban resolver -exclusivamente- los privados (en Yopal hay universidades privadas importantes que vienen de Santander -Unisangil- y Antioquia -Remington-).
Hace un año, los estudiantes universitarios hicieron inmensas movilizaciones por todo el país. Alegres, pacíficas, inteligentes. La escasa violencia, increíblemente, fue principalmente de algunos encapuchados en contra de líderes estudiantiles que andaban sin capucha. Contaron con gran solidaridad de las familias, de estudiantes de universidades privadas, de los trabajadores. Evidentemente, algo ha cambiado en Colombia desde el 2010, la época en que Santos -entonces el candidato de Uribe y asesorado por J.J. Rendón (¿quién le pagó?)- “insultaba” a Mockus diciéndole profesor. Observo ese cambio con mucha emoción: revela el crecimiento de una clase media que, en medio de dificultades y en una búsqueda por consolidarse económicamente, entiende que la transformación final de sus familias y, por ahí del resto del país, pasa por la educación. Parece una trivialidad pero no lo es: es esa clase media la que va a terminar de modernizar a Colombia, profundizando su democracia y rompiendo su enfermiza desigualdad.
Teniendo entonces en mente a mi amigo Eduardo, a Yopal y a la Orinoquía, observé el patético contraste de la semana. Mientras tantas personas luchan por la universidad, por poder estudiar en instituciones de calidad que permitan salir a encontrarse con el resto del mundo, un sector de la élite política queda, de nuevo, en evidencia. Hacen trampa con la historia de su educación. En algunos casos, no solo es un problema ético sino legal, pero aquí no pasa nada con eso. No es un fenómeno nuevo: Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, desde hace años enredaba con un supuesto doctorado que no tenía y ha mantenido esa costumbre en cada una de esas campañas. Su amigo, el corrupto contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, le siguió los pasos a su mentor. La cantinflesca explicación fue que tenía letra fea y entonces no se entendió. Se inventó que tenía, también, nada más y nada menos, un doctorado. Vimos, con dolor, que hay una correlación evidente: el que se inventa títulos sin problema, naturalmente no tiene problemas además en ser jefe de una inmensa banda de corrupción expuesta por la fiscalía. Hacer trampa con la hoja de vida no suele terminar solo en eso.
Duque, Peñalosa y Petro son políticos destacados,
hábiles, y todos con diplomas de verdad, inclusive de posgrados.
¿Por qué no son transparentes con su hoja de vida?
Los casos no solo en Antioquia. Ampliamente conocidas son las trampitas de Peñalosa, Petro e Iván Duque que, en la campaña presidencial, intentó hacer pasar unos cursos de unos días -a los que asiste el que los pueda pagar- por una especialización en Harvard. El enredo de los títulos pues no reconoce diferencias entre izquierdas y derechas, en todos lados un sector de la élite política parece propenso a mentir, a confundir, a empantanar la verdad. Estos tres casos siempre me han sorprendido: amados y odiados, nadie puede dudar que Duque, Peñalosa y Petro son políticos destacados, hábiles y todos con diplomas de verdad, inclusive de posgrados. ¿Por qué no son transparentes con su hoja de vida?
Los líderes son modelos de comportamiento y, entonces, es apenas natural que no sean los únicos tramposos. Juan Pablo Barrientos, de Caracol Radio, documentó esta semana decenas de casos más de estas picardías. El más exótico fue el representante Santos del Centro Democrático que se demoró minutos para explicar algo muy sencillo: no tiene ningún título de nada (de bachiller entiendo que sí). Decía que era abogado pero, para clarificar, explicaba que no era abogado sino que había estudiado derecho. Por favor, qué sinvergüencería. Son inseguridades, quizás, de esa élite que podría decir de frente la verdad, que no han estudiado nada, porque no les importó, porque algo salió mal, porque la vida da vueltas, por alguna cosa. A lo mejor, una explicación sincera resulta interesante y estimulante para los votantes. O por lo menos, no es una falsedad en un documento público.
La cacareada tecnocracia parece que, también,
está en el pantano de la deshonestidad intelectual
No es entonces un fenómeno nuevo que los políticos colombianos confunden, a propósito, sobre sus estudios. La novedad esta semana, al menos para mí, es que la cacareada tecnocracia parece que, también, está en el pantano de la deshonestidad intelectual. En un informe de Juliana Ramírez, de Noticias Uno, queda en evidencia que el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que dice tener más de cinco diplomas, o bien plagió una parte importante de su tesis, o bien en medio de sus cinco programas de estudios nunca aprendió a citar, gravísimo. En el mejor de los casos, dirán, una trampita, una omisión. Al fin y al cabo, la muestra, otra, que la supuesta tecnocracia “apolítica” no lo es. El problema es amplio, trasciende a la élite política. No es, por supuesto, un problema colombiano, inclusive en Alemania “otro joven y tecnócrata” ministro, este de defensa, debió renunciar por un plagio en sus tesis doctoral y en España llevan años con varios escándalos del mismo tipo.
Ojalá resolvamos socialmente estas trampas como lo que son, fallas importantes. En algunos casos deberían tener consecuencias legales pero eso parece pedir mucho en nuestro país. Sancionemos socialmente, por lo menos, a estos políticos y “burotecnócratas” que engañan con total claridad de que lo están haciendo. Solo así, la lucha del Casanare, de los miles de estudiantes que han marchado, y la gran mayoría de colombianos que se esfuerza honestamente por tener diplomas de verdad habrá valido la pena.
@afajardoa
