Dilapidar es gobernar
Opinión

Dilapidar es gobernar

Pagar la nómina oficial -con paralela incluida- costará más de treinta billones de pesos en 2018, cuando las finanzas públicas están al borde de cuidados intensivos

Por:
febrero 16, 2018
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Eran notorias la velocidad y la cuantía del gasto público en la Administración Santos. Día tras día los medios de comunicación daban cuenta de cómo crecían la contratación administrativa, el reparto de las regalías, los giros del Sistema General de Participaciones y la dulzura de la “mermelada” al gusto de los congresistas. Pero faltaba una tronera –difícil de precisar– a la cual nadie apuntaba desde los días de la reelección de Santos: la nómina. Tal vez porque las miradas se volcaban hacia la inversión en infraestructura, en calidad educativa y cobertura en salud, hasta el día en que explotó el escándalo Odebrecht y otros que mostraron a la Colombia real y turbia por encima de la Colombia formal y engañosa.

Pues bien, al arrancar el año se supo que pagarles a los empleados públicos costará, según los cálculos presupuestales, más de treinta billones de pesos en 2018. Sin embargo, el ministro de Hacienda se jacta de su celo radical con la regla fiscal y la austeridad que supone cumplirla, con el fin de evitarnos un déficit inmanejable. Jactancia desmentida por las tres reformas tributarias que nos encasquetó para tapar justamente lo contrario: las zanjas fiscales cavadas por la irracionalidad en el gasto y el abuso con la propaganda oficial. El presidente juró no subir los impuestos y su ministro desnudó la falacia del juramento.

 

Tres reformas tributarias nos encasquetó Minhacienda
para tapar las zanjas fiscales cavadas
por la irracionalidad del gasto y el abuso con la propaganda oficial

 

En la información de El Tiempo del lunes pasado, página 11, se lee: “Proliferan los cargos provisionales”, es decir, una copiosa nómina paralela provista a la medida de los congresistas de la Unidad Nacional. No obstante, la legislación tramitada en 2017, sobre posconflicto, no tuvo un interés proporcional de los legisladores respecto de los estímulos que les apropió el centinela de la regla fiscal con el generoso visto bueno de su jefe. Prosperidad Democrática, pero solo en el Capitolio. Lo contrario del pregón fastidioso de la Fundación Buen Gobierno.

El ingenio colombiano para la trampa no tiene, en los indicadores divulgados sobre supernumerarios, nóminas temporales y contratos a través de terceros, retenes ni aduanillas en ninguna de las ramas del poder. Tal vez por eso decía Alberto Lleras que cualquiera exageración tiene su cuna en Colombia. Por consiguiente, habían de ser rotundos los cuestionamientos que la Comisión de Expertos del Gasto Público le formuló a ese desorden consignado en la Ley de Presupuesto por el ministro Cárdenas con todo el vigor de su estulticia. Empero, no faltó quien lo comparara con  Esteban Jaramillo. Versión siglo XXI, obviamente.

¿Será que el ministro calculó el gasto de nómina con ingresos petroleros a cien dólares el barril? ¿O será que quiso dejarle al próximo gobierno una herencia onerosa, una carga explosiva que, hasta el momento, no ha suscitado el interés de candidatos y precandidatos? Buena ocasión para que estos sugieran, en concordancia con la Comisión de Expertos, soluciones a ese disparatorio que tiene a las finanzas públicas al borde de una Unidad de Cuidados Intensivos. Agréguenles al Sí y al No y a la corrupción, una política fiscal que enderece los estragos del binomio Santos-Cárdenas. Ni nombremos la celebérrima Reficar, la del affaire en el cual el señor Cárdenas fue protagonista como ministro de Minas y de Hacienda, sin que se presuma que tendrá una suerte diferente a la que tuvo en el affaire de Dragacol, donde uno de los suscriptores del acta gravosa resultó condenado por peculado doloso, y él, Mauricio Cárdenas Santamaría, espigado retoño de la oligarquía nacional, perdonado por peculado culposo.

Continúa vigente el acuerdo burocrático presupuestal entre los partidos (los tradicionales y los nuevos) y desdeñada una política afincada en el poder real (el que definimos como fuerza al servicio de una idea) y la dinámica de nuestras clases sociales. Es lo que se desprende de las conclusiones de la Comisión de Expertos, que pesarán contra una gestión presidencial que creyó que dilapidar es gobernar.

 

 

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