Opinión

Despenalizar el aborto para entrar al siglo XXI

La Corte podría eliminar este delito del código penal atendiendo la demanda de inconstitucionalidad de organizaciones de mujeres contra este artículo criminalizador

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noviembre 17, 2021
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Despenalizar el aborto para entrar al siglo XXI
La exigencia de las mujeres es aborto legal, seguro y gratuito

En 1995 durante mi primera legislatura en el Senado de la República presenté el proyecto de Ley 43/95 “Por medio del cual se dictan normas sobre salud reproductiva”, buscando descriminalizar el aborto en Colombia. Más tarde, en un proyecto de ley de 1997, propuse al legislativo la despenalización del aborto por causas específicas como el acceso carnal violento, la inseminación no consentida o por peligro de la vida de la madre, causales que luego serían validadas por la Corte Constitucional en su sentencia C-335/06. Nuevamente, ante la aprobación del Código Penal impulsado por el gobierno de Pastrana, amparada en las disposiciones especiales del artículo 124 del mismo sobre las circunstancias especiales de excepción de la pena, en 2002 presenté una vez más un proyecto de ley “por la cual se dictan normas sobre salud sexual y reproductiva”. El proyecto contemplaba una extensa exposición de motivos sustentada en el derecho internacional de los derechos humanos adoptados por el Estado colombiano y en datos sobre la legislación mundial en el tema de aborto y hacía uso del salvamento de voto de la sentencia de la Corte Constitucional de 1994 de los Magistrados Carlos Gaviria, Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes. No es un secreto que el Congreso le dio la espalda a estos desarrollos normativos inherentes a garantizar un estado laico.

Más de un cuarto de siglo después de la primera apuesta de legislación garantista sobre la interrupción voluntaria del embarazo,(IVE), esta reivindicación de los derechos de las mujeres no ha podido materializarse en una clara perpetuación del estado confesional de 1886. Se llega a ridículo de censurar opiniones al respecto en las redes sociales como acaba de suceder con  la periodista Ana Bejarano. Quienes desde siempre hemos luchado a favor de esta exigencia esperamos que a diferencia del Congreso, la Corte Constitucional tenga la gallardía de fallar en derecho la demanda que está en sus manos, escuchando el clamor de las mujeres que ondeamos nuestros pañuelos verdes y volveremos a salir a las calle este 25 de noviembre. Soy profundamente respetuosa de las creencias religiosas de todos y todas, justamente por eso no puede maniatarse el Estado y el derecho al cumplimiento de un determinado precepto o fe, si no ofrecer garantías plenas en medio de la diversidad propia de la nación colombiana.

Para grandes autoras feministas como Silvia Federici[1] la expropiación de las mujeres del control de sus cuerpos y de la natalidad en particular, incluyendo el despojo de saberes ancestrales y su criminalización bajo la cacería de brujas, es parte fundamental del proceso de acumulación capitalista y el fortalecimiento de todo el sistema patriarcal contemporáneo, claramente funcional a la desigualdad y la exclusión. Por tanto, avanzar hacia el reconocimiento del derecho a la IVE es la posibilidad en pleno siglo XXI de replantear no solo el estado confesional, sino que implica desmontar uno de los fundamentos del patriarcado y la dominación de género.

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Al igual que hace más de 25 años, sigo apoyando la despenalización del aborto y me siento orgullosa de confluir con las nuevas generaciones de mujeres hasta conquistar todas nuestras reivindicaciones

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La exigencia de las mujeres es aborto legal, seguro y gratuito. La legalización no aumenta el número de aborto sino que garantiza las condiciones mínimas de seguridad, excluidas en la ilegalidad del aborto clandestino. Entre 2005 y 2017, murieron 828 mujeres por “causa básica de embarazo terminado en aborto”, sin identificar un posible enorme subregistro. Según organizaciones especializadas en 2008 se realizaron 400.000 abortos en Colombia y solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Así que la opción real no es entre aborto sí o no, sino si este procedimiento se regula para proteger a las mujeres o se mantiene en la ilegalidad negando sus derechos y arriesgando sus vidas.

Por el contrario, la legalización parcial o excepcional, que es lo que tenemos después de la sentencia del 2006, promueve paradójicamente una mayor judicialización de los procedimientos como queda evidenciado en el alud de procesos abiertos en la Fiscalía contra mujeres y personal médico desde ese año, que han crecido un 320 % desde que se autorizaron los tres casos de IVE legal. La guerra jurídica que tanto le ha gustado a este régimen punitivista colombiano también se ha dirigido contra las mujeres. Santanderismo vulgar es que mientras los grandes corruptos tengan beneficios de excarcelación haya un promedio de 400 mujeres al año judicializadas por abortar, con penas que pueden ir de 16 a 54 meses. El sometimiento de las mujeres a este viacrucis judicial no solo las revictimiza sino que descarga todas las inequidades propias del orden social y jurídico colombiano.  Entre 2010 y 2017, según datos de la Fiscalía, el 97% de las denunciadas por aborto son de zonas rurales. Al menos el 42% de las mujeres que son judicializadas por abortar han sido víctimas de violencia de género. Hay 502 menores de edad, que no pudieron acceder a otros mecanismos de anticoncepción, pero que el Estado si las tiene judicializadas por IVE. Según la Fiscalía 2.290 mujeres habían sido judicializadas entre 2005 y 2017. Tres de ellas son niñas de 11 y 12 años y 499 de entre 14 y 18 años que han tenido que responder ante la justicia. Es decir, más de una cuarta parte, el 25,2 % de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad.

A diferencia de un Congreso machista, la Corte podría eliminar este delito del código penal vigente, gracias al largo batallar jurídico de las organizaciones de mujeres que han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra este artículo crimianlizador y criminal del Código Penal. Como en Argentina, México o Chile, la posible despenalización no es un problema esencialmente jurídico ni parlamentario, sino fundamentalmente político, de un movimiento de mujeres en crecimiento y que ha demostrado en las calles y en el batallar ideológico la justeza de sus reivindicaciones. Lo que se gane –así la sentencia no sea favorable- será un nuevo gran paso, pero debemos continuar en esta lucha. Es un triunfo que hoy las mayorías del país apoyen nuestra solicitud, y no nos hayan sometido a la excomunión pública y al ostracismo como en 1995. Al igual que hace más de 25 años, sigo apoyando la despenalización del aborto y me siento orgullosa de confluir con las nuevas generaciones de mujeres hasta conquistar todas nuestras reivindicaciones. Adelante compañeras.

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[1] Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.  Ver también Brujas, Caza de Brujas y Mujeres.

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