Resulta asombroso que a partir de lo que han dado en llamar “interpretaciones heterodoxas” de la Constitución Política, sea desde el mismo Estado social de derecho que se accione para desarticular la defensa de la nación, permitiendo el mandamiento de la Carta que obliga a todos los ciudadanos a preservar y mantener esa defensa como un deber social de solidaridad.
Es inconcebible hasta ahora que con base en informaciones de fuentes no identificadas la Fiscalía General de la Nación decida allanar un centro de recopilación de información del Ejército Nacional y arme todo un show mediático para indicar que allí posiblemente se hubieren podido cometer excesos en la recolección de información y se hubieren efectuado interceptaciones ilegales a los negociadores de paz del gobierno.
Lo peor es que esa información siendo objeto de reserva sumarial en la etapa investigativa, fluya como un torrente a los medios de comunicación social y sin fundamentos legales serios se atente contra la integridad y la moral de los hombres y mujeres que llevan a cabo delicadas tareas en defensa de la patria, exponiendo no sólo sus coberturas sino su integridad personal, su vida misma.
Pasado el interés inicial por el tema y luego de que el mismo presidente de la república aclarara públicamente que la fachada que operaba en el occidente de la capital, conocida como Operación Andrómeda, era legal, y sin que la Fiscalía, como informaba públicamente, hubiere obtenido prueba alguna de ilicitud cometida en ese centro, de repente aparecen directores de partidos y movimientos políticos señalando que tienen copia de archivos desencriptados por la Fiscalía que probarían escuchas a algunas personalidades colombianas o comienzan a filtrarse escuchas a los narcoterroristas que le sirven a estos para mostrarse indignados y decir que pierden la confianza en el proceso de La Habana.