Opinión

Derechos Humanos y complicidad institucional en la criminalización del levantamiento popular antineoliberal

La lucha por los derechos humanos y contra la represión criminal nos lleva inexorablemente a otra por formar gobiernos que respondan a los levantamientos populares

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junio 23, 2021
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Derechos Humanos y complicidad institucional en la criminalización del levantamiento popular antineoliberal
Desde ese 2019 Colombia vive un levantamiento social inédito en su historia, que ha ratificado el carácter autoritario del régimen político gobernante en Bogotá.

El neoliberalismo usó como conejillo de Indias a Nuestra América y por definición, su implantación -como todo despojo capitalista- se desarrolló a sangre y fuego. Las perfumadas teorías económicas de la Escuela de Chicago, requirieron para su implementación nada más y nada menos que del régimen dictatorial de Augusto Pinochet y de su hoy agonizante Constitución de 1978. Habría que comprender la resistencia contra la dictadura chilena, y las grandes movilizaciones de los años ochenta en este país como uno de los primeros levantamientos populares contra el neoliberalismo a nivel mundial. Lamentablemente el pacto gatopardista posterior al Plebisicito de 1988 permitió mantener el modelo neoliberal con disfraz de democracia electoral, para que 30 años después estallara un nuevo levantamiento que nos ha regalado este interesante proceso constituyente en curso, que es deber de todos los demócratas de América Latina estamos en deber de apoyar.

Las víctimas de la dictadura pinochetista, no son solo víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, sino las primeras víctimas mortales del neoliberalismo. Criminalizada la oposición política pulularon las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los prisioneros políticos. Lamentablemente hoy Colombia vive una situación similar, tras casi 50 años de neoliberalismo y en medio de un silencio cómplice de la comunidad internacional.

A riesgo de decir verdades de Perogrullo, insistiré en afirmar como la única vía para luchar contra la impunidad y la reparación integral de las víctimas de la represión, es logrando cambios de gobierno en nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas. Es gracias al gobierno bolivariano, que el mundo puede acercarse a conocer lo que fue la criminalización y tratamiento de guerra, con que la IV República enfrentó el llamado “Caracazo” en 1989, rebelión pionera en lo que serán los estallidos antineoliberales en la región en este nuevo siglo. Sin negar las reivindicaciones por cumplimiento de los estándares internacionales ni de los mínimos humanitarios, la lucha por los derechos humanos y contra la criminalización de la protesta, nos lleva inexorablemente a una lucha por conformar gobiernos que respondan a estos levantamientos populares.

La reparación a las víctimas de la violencia neoliberal incluye verdad, justicia, reparación y no repetición. No es un problema jurídico si no político. Su reparación incluye superar el modelo económico que los victimizó y generó el levantamiento, así como el cambio de doctrina militar que posibilitó que tuvieran tratamiento de guerra y catalogados como enemigos internos. La lucha por los derechos humanos y a favor de las víctimas del neoliberalismo nos exige entonces cambio de modelo económico y reestructuración de las fuerzas militares y policiales de nuestros países. De lo contrario el riesgo de la repetición aparece, como lo demostraron los gobiernos autoritarios que retomaron el control de Ecuador y Bolivia, reprimiendo las movilizaciones de 2019 y 2020, y judicializando a la oposición y con el beneplácito de una fuerza pública que nuevamente empuñó sus manos contra el pueblo.

Nuestro deber de memoria histórica y en homenaje a las víctimas del neoliberalismo es recuperar la historia de los levantamientos populares de los últimos 40 años en el continente, con el tratamiento brutal de los regímenes de turno, porque en ellos está el origen de los actuales gobiernos alternativos y esta ola de impugnación regional al modelo neoliberal con sus flujos y reflujos. Del Caracazo a los paros destituyentes en Ecuador, de la Guerra de la Coca, a la Guerra del Agua y a la Guerra del  Gas en Bolivia, del 2001 “Que se vayan todos” en Argentina a la resistencia hondureña, entre tantas otras movilizaciones sociales, implicaron personas muertas, mutiladas y heridas por la represión oficial. Es en estas luchas y no solamente en las urnas donde surgen las posibilidades de victorias populares en los comicios y gobiernos alternativos, y es en estos levantamientos históricos donde el estado capitalista y el régimen neoliberal mostraron a todas luces su carácter antidemocrático. Independientemente del origen de facto o electoral del gobierno de cada país, fue una constante la represión criminal como rasgo distintivo  que buscó apaciguar la rebelión.

Esta desigual lucha de clases en la calle, de piedras contra fúsiles, no es cosa del pasado. Desde el 2019 el neoliberalismo ha profundizado su crisis y ha entrado en disputa lo que fuera su retaguardia estratégica. El otrora seguro para grandes capitales e imperialistas está en disputa en movilizaciones y elecciones, pero también con la injerencia militar norteamericana y la brutal represión de fuerzas militares que continúan ancladas a la doctrina de seguridad nacional y en el cipayazgo a Washington. Triunfo electoral de López Obrador en México, en medio de un importante resurgir de la movilización social y luego de la persecución oficial y paramilitar en Ayotzinapa o Oaxaca. Luego de una crisis política de 20 años que no permite terminar ningún mandato victoria electoral del profesor Pedro Castillo desde el Perú profundo, que hoy está en vilo por las amenazas de la derecha. El gran paro en 2019 contra el gobierno traidor de Lenin Moreno en Ecuador, que nuevamente acudió al llamado lawfare contra los dirigentes del proceso de Revolución Ciudadana de Rafael Correa y a las masacres en las calles. El inicio del proceso constituyente chileno, donde detrás de la chispa del aumento del boleto se prendió la impugnación plena al régimen y al gobierno de Piñera. No son 30 pesos, son 30 años gritaron las y los jóvenes en Santiago, llevando hoy a la posibilidad de cambio constitucional. Así mismo desde ese 2019 Colombia vive un levantamiento social inédito en su historia, con la pausa obligada del manejo represivo de la pandemia, pero que aún lejos de lograr un cambio de rumbo  del país, ha ratificado el carácter autoritario del régimen político y el cariz fascista de la facción hoy gobernante en Bogotá.

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Pido hablar sin eufemismos. Piñera, Moreno y Duque son criminales de lesa humanidad

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Pido hablar sin eufemismos. Piñera, Moreno y Duque son criminales de lesa humanidad. El accionar militar contra civiles desarmados viola el principio de distinción y el DIH reconoce la figura de “disturbios internos” para su aplicación en protección de la población. Por ello planteé en mi columna que Duque debía renunciar y presentarse a la CPI, donde hoy ya cursa un proceso en su contra. Lamentablemente es claro el doble racero y la inacción de los organismos del derecho internacional e instituciones supranacionales frente a los gobiernos de derecha, que contrata con la virulencia con que se persigue y ataca a los gobiernos de izquierda. ¿Por qué nadie le llama a consulta a sus embajadores en Colombia y si lo hacen con Nicaragua? El domingo en Tuluá, Valle del Cauca, un joven de primera línea fue decapitado y su cabeza se la enviaron a sus compañeros en una bolsa plástica. Su cuerpo aun no aparece. En el río Cauca aparecen cadáveres todos los días, pero pese a las condenas formales el gobierno Duque seguramente terminará su periodo en medio de la mayor impunidad, ascendiendo a generales como el director nacional de la Policía que es artífice de la masacre de este paro nacional.

El gobierno Duque acaba de expedir un decreto ilegalizando la protesta, porque penaliza cualquier bloqueo parcial de vías. Mientras tanto el Acuerdo de Paz dictaminaba una ley estatuaria de garantías para la protesta. El Acuerdo hablaba de garantías para la oposición y luego de su firma van 275 firmantes asesinados y más de líderes sociales. ¿Si esto no es incumplimiento entonces que lo es? Planteo esta última reflexión sobre el caso particular de Colombia, porque el acuerdo de paz de 2016 no es solo un pacto político que ha sido burlado, sino también fue firmado como una norma de derecho internacional, reconocido bajo la categoría de Acuerdo Especial según los protocolos de Ginebra y depositado con tal fin en Berna. De igual forma se le dio el nivel de declaración unilateral de Estado ante la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en una obligación de derecho internacional del estado colombiano con todos los países miembros de la ONU. Pero aun así en Macondo no pasa nada. Pido toda la solidaridad de los pueblos del mundo para que cese el genocidio en Colombia y para que se cumpla realmente los compromisos en derechos humanos y paz asumidos por el estado colombiano y sistemáticamente burlado por el presidente Duque.

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