Texto escrito por: Martín Rafael López Gonzalez
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La reciente visita de Xi Jinping a Washington y su encuentro con Donald Trump no puede ser vista únicamente como una reunión destinada a reducir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Detrás de los gestos diplomáticos, de la cordialidad entre los mandatarios y de los acuerdos alcanzados existe una disputa mucho más profunda: quién tendrá capacidad para controlar las tecnologías, los minerales, la energía y las cadenas productivas que definirán la economía mundial en un futuro cercano. Y aunque La Guajira parezca estar muy lejos de Washington y Pekín, esa disputa tiene mucho que ver con su futuro.
Durante décadas, el modelo económico de La Guajira ha estado asociado al carbón. Cerrejón convirtió una parte importante del territorio guajiro en una gigantesca zona de extracción destinada fundamentalmente al mercado internacional. La minería ha generado empleo, regalías, infraestructura y divisas, pero también produjo desplazamientos, conflictos territoriales, impactos ambientales y una profunda dependencia de una economía extractiva. Ahora Colombia habla de transición energética. El carbón comienza a perder centralidad y aparecen nuevos conceptos: energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, electromovilidad, almacenamiento energético y minerales críticos.
La reciente cumbre permite comprender mejor el problema. Uno de los elementos centrales de la relación entre Washington y Pekín es el control de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. China posee una posición dominante en la extracción y, especialmente, en el procesamiento de ellos, que son fundamentales para las industrias tecnológicas y de defensa. Es ampliamente conocido que China controla alrededor del 70 % de la minería mundial de tierras raras y más del 85 % de su refinación y producción. Esto explica por qué los minerales ya no pueden considerarse solo simples productos mineros.
Los países que controlen las cadenas de suministro de minerales estratégicos tendrán influencia sobre la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos, sistemas militares y tecnologías avanzadas. La disputa entre Estados Unidos y China es, por tanto, también una disputa por las materias primas y por la tecnología que permitirá transformar esas materias primas en poder económico. Allí América Latina adquiere una importancia renovada. Durante buena parte del siglo XX, fue considerada por Estados Unidos como su “área natural de influencia” (patio trasero). Hoy la situación es diferente.
China se ha convertido en un actor económico fundamental para la región y ha incrementado su presencia mediante comercio, infraestructura, financiación, tecnología y cooperación energética. Estados Unidos, por su parte, busca recuperar y fortalecer su influencia sobre las cadenas de suministro estratégicas del hemisferio. La competencia ya no se limita a Washington y Pekín. También involucra a Europa, Rusia, India y otras potencias. Estamos entrando en un mundo donde los recursos naturales vuelven a adquirir una importancia geopolítica comparable a la que tuvieron el petróleo y el gas durante el siglo XX.
La Guajira ha sido históricamente, a pesar de sus riquezas minerales, uno de los territorios más pobres de Colombia. Además, posee uno de los mayores potenciales de generación eólica y solar de Latinoamérica. El Ministerio de Minas y Energía identifica a La Guajira como uno de los posibles grandes centros de producción de hidrógeno y derivados, y señala la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas nacionales, participación comunitaria y posibilidades de fabricación local dentro de la cadena de valor. Además, Colombia y China habían establecido desde 2023 un marco de cooperación para proyectos de energía limpia, electromovilidad y transferencia de conocimiento, que incluye un proyecto piloto solar en La Guajira.
En septiembre de 2026 Colombia “profundizó” su cooperación con Washington precisamente en minerales estratégicos, tierras raras, procesamiento, conocimiento geológico y seguridad energética. El propio Gobierno colombiano presenta ese acuerdo como una oportunidad para pasar de la extracción de materias primas hacia cadenas de valor, industria, tecnología y empleo formal. La coincidencia no es accidental. La Guajira forma parte también del nuevo mapa energético. El problema aparece cuando la zona productora queda convertida nuevamente en proveedora de recursos, mientras las etapas más rentables de la cadena permanecen fuera de su territorio. La verdadera transición energética tendría que significar algo mucho más profundo: que La Guajira deje de ser simplemente espacio de extracción y se convierta en el de producción, transformación, conocimiento e innovación.
Cerrejón constituye una advertencia histórica. La empresa reporta actualmente una producción anual cercana a los 17 millones de toneladas y miles de empleos directos y contratistas, además de importantes pagos por regalías e impuestos. Pero después de décadas de explotación minera todavía tenemos que formular una pregunta incómoda: ¿Qué queda en La Guajira cuando el recurso deja de ser económicamente estratégico? Este interrogante adquiere mayor importancia cuando pensamos en el cierre progresivo del carbón. Porque capacitar a los trabajadores mineros es necesario, pero insuficiente. Una transición justa no puede reducirse a: “cerremos la mina y enseñemos a los trabajadores otro oficio”. Eso sería una reconversión laboral. Una transición justa necesita una reconversión productiva del territorio. La diferencia es enorme.
El Gobierno colombiano ha comenzado a experimentar con mecanismos que buscan modificar la relación tradicional entre empresas, Estado y comunidades. En mayo de 2026 el Ministerio de Minas y Energía anunció un modelo tripartito de gobernanza para proyectos de transición energética en La Guajira, con participación de comunidades, empresas y Estado. El planteamiento incluye incluso la posibilidad de avanzar hacia modelos en los cuales las comunidades sean socias de los proyectos. Esta idea merece atención. Porque durante mucho tiempo la participación comunitaria fue entendida fundamentalmente como consulta previa. Pero consultar no es necesariamente participar del poder económico. Una comunidad puede ser consultada y continuar siendo pobre; escuchada y continuar sin capacidad de decisión. Puede recibir compensaciones y continuar excluida de la riqueza generada en su territorio.
La puja geopolítica del siglo XXI no necesariamente será una repetición de la confrontación Estados Unidos-Unión Soviética. No se tratará únicamente de bases militares, misiles y bloques ideológicos. La nueva disputa se está desarrollando alrededor de: chips, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, baterías, infraestructura, datos, cadenas de suministro y tecnología. La propia cumbre Trump-Xi produjo mecanismos específicos para comercio, inversión y minerales críticos, y estableció, además, un diálogo bilateral sobre lo que Washington y Pekín denominan “superinteligencia”. La geografía económica del siglo XXI está entrando en los territorios. Y La Guajira no está fuera de ella.
Podemos utilizar nuestra extraordinaria capacidad energética para construir una economía regional diversificada, industrializada y basada en conocimiento, donde las comunidades sean propietarias o copropietarias de los proyectos; se formen profesionales y técnicos, exista investigación científica y una proporción creciente del valor agregado permanezca en La Guajira. Ese debería ser el verdadero significado de una transición energética justa. Porque cambiar el carbón por el viento no basta. Hay que cambiar la relación entre el territorio y el poder. La Guajira ya está en el tablero de la nueva geopolítica. La verdadera cuestión es si continuará siendo una pieza movida por otros o si finalmente tendrá la capacidad de jugar su propia partida.
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