Se veía venir. Se sabía, y así lo venía publicando en solitario @elexpediente desde el año pasado. Lo habían advertido. El acto de retirarle las visas a algunos de los magistrados de la Corte Constitucional no tiene nada de nuevo, y responde más bien a la ruptura de unos acuerdos de buena fe que se habían establecido entre el gobierno Santos y el gobierno Obama con el fin de facilitar la negociación de paz en Colombia, y que el gobierno norteamericano considera rotos. Las visas son lo de menos, pero el mensaje es claro: o se cumple con lo acordado, o se tomarán medidas mucho más drásticas.
La política de suspender visas no es nueva, y es una práctica respaldada plenamente por el derecho internacional, que otorga a los Estados nacionales la completa libertad de conceder o denegar la entrada de extranjeros a su territorio, con muy contadas excepciones, como es el caso de los refugiados, bajo los términos de la Convención de Ginebra.
En el pasado, la cancelación de visas ha sido usada por una variedad de razones, y en Colombia con mucha frecuencia, especialmente contra aquellos bajo la sospecha de haber estado asociados con narcotraficantes, como ocurrió en el caso del expresidente Ernesto Samper, por estar comprometidos en actividades subversivas, o por la presunta pertenencia a grupos terroristas. Tampoco es el único país que ejerce esta práctica. Colombia ha cancelado el derecho de ingreso, por ejemplo, a familiares de miembros del gobierno de Venezuela.
En esta ocasión, sin embargo, se aplicó contra algunos magistrados de la Corte Constitucional, pero como lo señalaba al principio, se sabía que iba a pasar. Para entenderlo, tal vez haya que remitirse a los fundamentos del proceso de paz con las Farc: Santos sabía que ninguna negociación avanzaría con éxito sin el respaldo pleno del gobierno de los Estados Unidos, por lo que la primera negociación fue, en realidad, con ellos.
El gobierno Obama apoyó el proceso con algunas reservas, por lo que se comprometieron a no atravesarse bajo el entendimiento de que el acuerdo en materia de justicia no sería una burla, sino que contendría medidas compatibles con el derecho internacional que fueran benevolentes pero efectivas a la hora de castigar los crímenes más graves y evitar su repetición, y que todo el acuerdo sería validado en el marco de un referendo democrático.
Uno de los argumentos más convincentes que presentó el gobierno Santos es que las Farc tenían la voluntad e incluso habían ofrecido una aproximación integral al problema de los cultivos ilícitos que facilitaría su erradicación de la mano de las familias campesinas a la vuelta de una década.
Sin embargo, los resultados distan mucho de parecerse a lo acordado. Las interpretaciones de las cláusulas derivarán apenas en castigos simbólicos para los perpetradores de los crímenes más graves y ni siquiera son definitivas en el caso de los reincidentes. En materia de lucha contra el narcotráfico, no se avanzó en nada. Las Farc no se desmovilizaron completamente, los frentes rebeldes están plenamente dedicados al narcotráfico, se asociaron con las bandas criminales que han vuelto a someter a regiones enteras al régimen del terror, y no queda rastro de la propuesta aquella de la erradicación manual. El negocio no solamente sigue intacto, sino que floreció, la desmovilización ha servido para colar narcotraficantes que buscan lavar su nombre y sus fortunas, y no existe un plan de choque para enfrentar el desastre.
De la discusión se las objeciones lo que no se sabía,
es que el gobierno norteamericano estaba detrás, presionando una modificación
que, por lo menos, les permitiera continuar con las extradiciones de los reincidentes
La gota que rebosó la copa fue la discusión de las objeciones presidenciales al acuerdo de paz. El país entero, y los medios en general, interpretaron el episodio como un nuevo enfrentamiento entre Uribe y Santos, pero lo que no se sabía, es que el gobierno norteamericano estaba detrás, presionando por una modificación efectiva que, por lo menos, les permitiera continuar con las extradiciones de los reincidentes. El archivo de las objeciones desató la ira de las contrapartes norteamericanas, que decidieron dar el golpe y notificar sobre las consecuencias de retirar su respaldo.
No es la primera vez que los Estados Unidos ponen en marcha una estrategia similar. El 14 de marzo de 2019, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció la cancelación de las visas para entrar a los EE. UU. de todos los funcionarios de la Corte Penal Internacional luego de que la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, solicitara a la Sala III de cuestiones preliminares la autorización para abrir una investigación formal contra el ejército nacional afgano, los talibán, la red de Haqqani y los agentes de inteligencia de los EE. UU. que hubieran cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán con posterioridad al año 2003. La Fiscal de la CPI, confirmó que efectivamente su visa había sido cancelada. Los jueces entendieron el mensaje: la CPI se había quedado sola.
Pocas semanas después, la Sala II de cuestiones preliminares decidió, por unanimidad, rechazar la solicitud de la Fiscal Bensouda de abrir una investigación por considerar que, “a pesar del hecho de que se cumplen todos los requisitos relevantes tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad, las circunstancias actuales de la situación en Afganistán son tales que hacen que las perspectivas de una investigación exitosa y un proceso judicial sean extremadamente limitadas”. La investigación fue archivada.
El gobierno norteamericano tiene la convicción de que un grupo de individuos y algunas facciones políticas interesadas hackearon la negociación en Colombia y torcieron por completo sus objetivos originales, convirtiendo lo acordado en justicia en una amnistía de facto que protege, incluso, a los reincidentes por los crímenes cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo. Por lo menos unos 100 individuos, muchos de ellos consultores tanto del gobierno como de las Farc, congresistas, líderes de partidos políticos y funcionarios de la justicia se encuentran en la mira. No hay duda de que la jugada cumplió su objetivo y afectará sensiblemente el curso de las discusiones. El gobierno Duque, que no se siente obligado a defender el acuerdo de Santos, ya se lavó las manos, pero muy pronto pagará el precio de no haber sido capaz, a 9 meses de su posesión, de poner en marcha una política de choque que contenga el avance del paramilitarismo y el narcotráfico en las regiones. Amanecerá y veremos.
