El título de esta columna de opinión retrata la metamorfosis que podría sufrir el lago Calima si se llegase a cumplir lo que se tiene planeado para este gigantesco depósito de agua orgullo de los vallecaucanos, más no "vallunos". Por estos días hemos escuchado la impresionante y aleve noticia del incierto futuro que le espera al lago si se desarrolla un proyecto minero en su zona que involucraría tres municipios aledaños: el Darién, Río Frío y Trujillo. En este momento se tramitan tres licencias.
Sin pretender ser experto en temas ambientales y solo dotado del sentido común, observo que adjudicar licencia ambiental para explotación de minerales como el oro y el platino, en este caso y en este sitio, conllevaría a un desastre ambiental de dimensiones inconmensurables.
Con el eventual desarrollo de estos tres proyectos, se desencadenaría un desastre similar al Cerrejón, pero contrario al Cerrejón, aquí existe un entorno rico en bosques, fauna, flora y fuentes superficiales de agua que eventualmente desaparecerían, conllevando al secamiento inducido del turístico lago Calima, sitio emblemático de nuestro Valle del Cauca.
Dejar este importante tema al albur y al afán del lucro particular o a la despreocupada clase política sería como dejar un pederasta cuidando un jardín infantil, un pirómano al cuidado de un bosque o dejar "el ratón cuidando el queso"; es aceptar de manera obsecuente un irremediable y catastrófico final. La desidia y la inercia colectivas no pueden llevar a un pueblo a aceptar malhadadas decisiones que lo conduciría a su propia destrucción, a la ruina de sus recursos naturales y de contera condenado a la sed. Ese sería el futuro que nos espera si se afectan los recursos hídricos con estas licencias en trámite.
Los páramos y los bosques son verdaderas fábricas de agua que deben ser intocables; hoy están amenazados por licencias mineras que se expiden sin medir las consecuencias ambientales que estas decisiones provocan. Solo una comunidad organizada evitará el desastre. Las comunidades tienen que empoderarse, hacerse sentir, convertirse en una piedra en el zapato para evitar el fatídico desarrollo de este tipo de proyectos mineros, que las perjudican en todo sentido, y su retribución son unas regalías que, aunque abultadas o exiguas, desaparecen en un océano infestado de tiburones o en un turbio río habitado por pirañas.
Las herramientas constitucionales están dadas: las consultas previas, las acciones populares, las acciones de grupo, los cabildos abiertos. Se tienen tres ejemplos representativos que son paradigmas a seguir: la mina Quebradona en Jericó, Antioquia, la mina La Colosa en Cajamarca y el caso del páramo de Santurbán en Santander. En los tres casos anteriores las comunidades impidieron el atropello, se organizaron e hicieron valer sus derechos.
Aunque es innegable que un proyecto de esta dimensión crea un gran número de empleos directos a la comunidad, se pagan impuestos a la municipalidad, unos derechos económicos y unas regalías para los municipios aledaños a los proyectos, también es cierto que se crea una dicotomía que los lleva a escoger entre el oro y el agua, líquido precioso fuente de toda vida. El agua es el oro trasparente que amenaza a futuro con escasear, y será la causa de todos los conflictos. Con el desarrollo de estos proyectos en los que impera la laxitud en el otorgamiento de licencias, el precioso líquido verá comprometido su fluidez y su existencia.
En el caso del lago Calima no es una sola licencia: son tres licencias que se tramitan ante la Agencia Ambiental de Minería y que afectarían no solo al municipio del Darién, sino a Trujillo y Río Frío. No basta con que el alcalde del Darién, el médico Martín Alonso Mejía, deje sentada su voz de protesta, o el escritor y exgobernador Gustavo Álvarez Gardeazábal se pronuncie, no, esto tiene que ser el Valle del Cauca unido. Por ello, solicitamos se les explique a las comunidades el alcance del proyecto precitado.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C. V. C.) —que ya no es la misma que conocimos en épocas pretéritas, ajena a la politiquera; la C. V. C. de directores eméritos y funcionarios como Bernardo Garcés Córdoba, Óscar Mazuera González, Henry Eder Caicedo, Óscar Libardo Campo, Rubén Darío Materon, Holger Peña Córdoba; esta otrora magnífica corporación— nos manifiesta que hasta el momento no existe licencia ambiental para dicho proyecto. ¡Hay que creerles!
DICTUM: ley de Seguridad Ciudadana, un ataque frontal al derecho a la protesta, sobre todo el artículo que trata lo referido a la legítima defensa. Se revive el estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala.
