La problemática de la protesta al interior de la Universidad del Valle es muy compleja. Los actos de violencia e intolerancia han escalado a niveles inaceptables. La estigmatización que sufre el estudiantado y el movimiento social también son inaceptables. Un ejemplo de este hecho es la discusión sobre los actos contra los periodistas de El País, en la cual los estudiantes —que deben ser cuestionados— son tratados como terroristas, al igual que los encapuchados violentos. Más allá de la discusión de la definición de terrorismo y la aplicación el código penal colombiano, la discusión debe centrarse en el tratamiento y en la necesidad de entender las verdaderas dinámicas al interior de la universidad, necesario para tener una respuesta diferenciada, asertiva e inteligente.
La comunidad de la Universidad del Valle se encuentra en zozobra, luego de los hechos que terminaron con la muerte de una persona y otras gravemente heridas debido a las manifestaciones violentas presentadas el pasado 3 de abril. Este hecho deja hasta el momento dos personas judicializadas, quienes aceptaron los cargos de terrorismo y fabricación o porte ilegal de armas o municiones. Los pasados actos de violencia han derivado en llamados a una respuesta fuerte, que saque a los agentes violentos de la universidad. Sin embargo, esta visión de “mano dura” deja en medio a la gran mayoría de estudiantes que rechazan y condenan la violencia. Y la peor parte la llevan estudiantes que apoyan el movimiento y la protesta social, quienes terminan siendo injustamente acusados de actos de terrorismo y vandalismo.
La discusión parte de actos violentos como el sucedido el día de ayer, donde un grupo de estudiantes abordaron a reporteros de El País, quienes ingresaron con autorización para hacer un reportaje de la situación en la universidad. La reacción del grupo —autodenominado de derechos humanos— fue impedir el trabajo de reportería de los periodistas y exigir borrar el material periodístico. El hecho fue rechazado por Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quién hace un llamado a las autoridades de la universidad para que inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes y garantice el ejercicio de prensa dentro del campus.
Ante los actos de intimidación, se dieron pronunciamientos de funcionarios de la alcaldía en el que se refiere a estos estudiantes como terroristas. El uso de ciertos calificativos tiene un impacto y más cuando estos provienen de un funcionario público, con responsabilidad en la política de seguridad. No puede haber algo peor que esto. Más allá de la evidencia de un completo desconocimiento de la problemática al interior de la universidad, esta visión generalizadora solo atiza la visión estigmatizada de la protesta al interior del claustro. Llamar terroristas tanto a los encapuchados como a los estudiantes que atacaron a los periodistas los mete a todos en una gran caja sobre la cual la autoridad debe actuar con mano dura, actos sobre los cuales la ciudadanía tiende a tener un gran respaldo. Esta bola de nieve se profundiza con la línea editorial fuerte de la mayoría de los medios de comunicación de la región y el país.
El desconocimiento de la situación de la universidad se une con la necesidad de dar resultados contundentes y rápidos. Ante esto, las autoridades y la opinión pública llaman a salidas como la intervención policial y/o militar, acciones que demuestran urgencia por producir resultados judiciales. Estas respuestas han llevado incluso a la judicialización de personas inocentes o con falta de pruebas, faltando al debido proceso. Un reciente ejemplo, lo protagonizan los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, quienes han sido acusados de participar en el atentado ocurrido en el Centro Comercial Andino en 2017, y luego de pasados unos meses fueron liberados por vencimiento de términos.
No se puede tratar con el mismo rasero y terminología —terroristas— a los encapuchados que usan la violencia, que al grupo de estudiantes que increpó a los periodistas de El País. Más allá del debate de la definición de terrorismo, la aplicación y la interpretación en el código penal colombiano, la discusión es sobre la necesidad de entender las verdaderas dinámicas al interior de la universidad, y de esta manera, tener una respuesta diferenciada, asertiva e inteligente.
Una cosa es la investigación de corte judicial que aborde los vínculos de los encapuchados con los grupos ilegales infiltrados, las fuentes de financiamiento y de armamento. Otra cosa, es entender la conformación y estructura de los grupos de estudiantes que impidieron el acceso y labor de los periodistas. Debe haber una mejor manera de aproximarse a estos estudiantes, haciendo uso de los canales propios de la universidad y de agencias como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la iglesia o cualquier institución de cohorte civil. En una discusión en la mesa de trabajo de RCN, el investigador Jorge Restrepo se refirió a las implicaciones de usar determinados términos —como terrorismo—, pues estos son claves a la hora de construir programas de políticas pública: no es adecuado utilizar estrategias contra el terrorismo para una situación de protesta estudiantil.
Como con cualquier grupo ciudadano se debe generar confianza y cercanía con los grupos de estudiantes. Tildarlos de terroristas solo va a generar una mayor radicalización y un aumento de la masa estudiantil con temor que rechaza a presencia de cualquier agente externo, incluyendo prensa y fuerza pública. Esto generaría el cierre de cualquier canal de debate y conversación, así como la posibilidad de generar dinámicas para el acceso a la información y la investigación judicial. Si no se aprovecha un abordaje diferenciado de los diversos hechos, se pierde cualquier posibilidad de prevención y de solución al problema de la protesta violenta en el largo plazo.
Los estudiantes tienen un alto grado de desconfianza en las instituciones, en especial a la fuerza pública y otras personas ajenas a la universidad. La comunidad universitaria se encuentra actualmente inmersa en un estado de zozobra y temor que es ocasionado en parte por los últimos hechos ocurridos dentro del campus universitario, así como por una imagen distorsionada y negativa de los estudiantes y de la misma universidad hacia la ciudadanía. Este hecho puede explicar en gran medida el rechazo y la agresiva respuesta del grupo de estudiantes al ingreso de los periodistas de El País, hecho condenable y sobre el cual el grupo de estudiantes tiene responsabilidad.
No se puede negar que los actos de violencia en la Universidad del Valle han escalado a niveles inaceptables. No se puede negar que hay infiltración de grupos ilegales armados. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad del Valle están afectados de manera general por la irregularidad en su calendario académico y el daño a la infraestructura, pero sobre todo por la permanente estigmatización de la cual son objeto. El nombre que la Universidad del Valle ha forjado a varias generaciones de profesores y profesionales, no puede ser afectado por hechos particulares de minorías radicales y por visiones reducidas que señalan al movimiento estudiantil. Es importante hacer un llamado a los medios de comunicación que si bien tienen el derecho y deber de informar a la ciudadanía sobre los hechos presentados dentro del campus universitario, deben tener una aproximación más prudente al estudiantado, permitiendo también abrir espacios para el debate objetivo, que reduzca la estigmatización existente.
Lograr tener un enemigo común como “terroristas” es una salida fácil y rápida. Se logra juntar fácilmente a la opinión pública en contra de los otros. No se le puede decir terrorista a cualquiera que use la violencia: usar este término tiene implicaciones muy graves. Esto en Colombia es pan de cada día y lo vemos en la polarización permanente en todos los temas relacionados con paz, seguridad y justicia. Pasó recientemente con la minga indígena y pasa ahora con los estudiantes de la Universidad del Valle.
